Durante el juicio, que se extendió hasta el martes, Silviana se encontró con varios de sus vecinos. Otros esperaban en los alrededores del tribunal porque solo permiten un familiar por acusado.
Aunque algunos ni siquiera encuentran fuerzas para enfrentarse al enjuiciamiento de sus seres queridos, ella se sobrepuso y acompañó a su hijo, quien debido a un padecimiento pulmonar estuvo, por intervalos a lo largo de estos meses, ingresado en hospitales.
El ‘último’ juicio
“Salí disgustadísima”, dijo el lunes la madre a DIARIO LAS AMÉRICAS, una vez llegó a su casa. “Solo pueden hablar ellos [las autoridades] y tenemos que aguantarles sus mentiras”. Silviana detalló que su hijo y Mackyani Román Rodríguez (alias Mamoti y hermana de los previamente juzgados Yosney y Emioyoslán) fueron los más mencionados durante la sesión del lunes, que le provocó, según cuenta, “dolor de cabeza”. “Dijeron que ellos instaban a las personas y muchas otras cosas en su contra”.
Los dos han permanecido en prisión provisional como medida cautelar impuesta por el régimen. Y para cada uno, además, la Fiscalía solicitó una condena de 25 años de privación de libertad. No son los únicos. El órgano al que corresponde el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, pidió iguales sanciones para Eris Diógenes Mejías (21), Juan Walberto Verdecia (48), Yurema Ramos Abad (25), Dayan Jesús Ramírez Rondón (23), José Luis Castillo De La Torre (56), Arielvis Rill Baró (42) y Germán Barrenechea Echevarría (24). Para el resto, entre ellos la adolescente Liliana Oropesa Ferrer (20), las penas propuestas van de 19 a 26 años de privación de libertad.
Con este juicio, que el martes 25 de enero quedó concluso para sentencia, se completa la cifra de cinco realizados por la vía ordinaria desde diciembre del pasado año contra 96 manifestantes de La Güinera, acusados de “sedición”.
Fiscalía se pronuncia
Pocas horas después de esa última sesión, la Fiscalía emitió un comunicado en el que finalmente reconoce haber recibido, una vez concluida la investigación, 117 expedientes de fase preparatoria con 790 personas procesadas por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio.
La institución refiere que estos manifestantes fueron instruidos de cargos “por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Mientras, los uniformados que dispararon y los simpatizantes del gobierno que se armaron con palos, en lugar de ser juzgados, actúan como testigos y víctimas en los juicios.
Al menos en los expedientes de La Güinera, donde la policía provocó la muerte a un manifestante e hirió a otros que debieron someterse a cirugía, de los 14 oficiales presentados como heridos, 13 no requirieron atención médica.
Si bien presenta el comunicado como parte del “deber de continuar informando sobre la respuesta legal dada a los hechos del 11 de julio de 2021”, la Fiscalía llevaba meses en silencio, cultivando la opacidad sobre este tema. Al proveer cifras oficiales que no había divulgado en estos meses, muestra cuánta razón han tenido las organizaciones que de manera independiente han logrado levantar datos y testimonios de presos del 11J en Cuba.
Más de 700 presos
Justicia 11J y Cubalex, en conjunto, iniciaron desde julio un registro que incluye más de 1.300 personas detenidas a raíz de las protestas. No significa que en estos momentos todas ellas permanezcan recluidas, sino que el listado deja claro quiénes continúan en prisión y quiénes han sido excarceladas. Es el resultado de un trabajo de verificación de casos de manera individualizada en cada etapa del proceso derivado del 11J. Como respaldo, estos grupos de la sociedad civil cuentan con cientos de mensajes de familiares de manifestantes, comprobantes de multas y otros documentos oficiales como expedientes emitidos por fiscales.
“Nuestros registros alcanzan entre el 50%-75% de los datos comunicados por la Fiscalía General de la República”, declaró Justicia 11J. “Esto, por una parte, confirma las sospechas de la sociedad civil de que las cifras de detenciones y procesos penales fuese mucho mayor que la que hasta ahora se ha podido documentar y, a la vez, dispara aún más las alarmas sobre la desprotección ante las constantes violaciones de derechos a que dichas personas no contabilizadas e identificadas se pudiesen enfrentar”.
La organización independiente hace notar que la Fiscalía solo menciona personas que enfrentan o han enfrentado procesos penales, y únicamente informa de aquellos expedientes que le han sido presentados, y que han sido considerados completos. “Omite los acusados que aún permanecen en fase de investigación o a cargo del MININT, o sea, en una fase intermedia del proceso penal”.
“Hasta el día de hoy, a pesar de la negativa de las instancias estatales para brindar información, y a partir de reportes ciudadanos en las redes y contactos directos con familiares y con los propios detenidos, el subregistro de Justicia 11J —que informa de las distintas etapas de los procesos legales desde el momento de la detención y no sólo en relación con la celebración de juicios— da cuenta de un total de 520 personas con petición fiscal o que ya han sido sometidas a juicios ordinarios o sumarios, incluidas en más de 40 expedientes de fase preparatoria”, declaró el grupo en la red social Facebook. Puntualizó que de estas personas, 431 fueron aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional (un 82%).
Los menores
La situación de los menores procesados en relación con el estallido social acaparó parte de la declaración emitida por la Fiscalía cubana. Esta admitió que 115 personas incluidas en sus expedientes como parte del procesamiento penal, tienen entre 16 y 20 años. Contra ellos —dice— se determinó ejercer la acción penal ante los tribunales, “por la gravedad de los hechos cometidos y su demostrada participación”.
En Cuba, a partir de los 16 años las personas comienzan a estar sujetas al derecho penal, aunque no es hasta los 18 que se alcanza la mayoría de edad. Para las instancias e instrumentos internacionales encargados de proteger la infancia, hasta los 18 años se es un niño o niña.
Justicia 11J documentó hasta el martes 25 de enero, un total de 67 personas entre 16 y 20 años procesadas, de las cuales 52 han permanecido bajo prisión provisional (77%).
En cuanto a los menores de 16 años, el grupo ha revelado el internamiento de siete niños en centros custodiados por el MININT. “De ellos, dos fueron puestos en libertad después de presiones en las redes y medios de prensa internacionales”, precisa. La Fiscalía afirma haber recibido información sobre 27, y detalla que 10 fueron internados en escuelas de formación integral y de conducta, por intervenir junto a adultos en la comisión de estos hechos; a 17 se les aplicó la medida de atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios”.
Familias fracturadas
Dicho de esta manera, pareciera que se pierden los rostros e historias de cada uno de estos niños y adolescentes, así como los de los adultos que han experimentado una transformación sin precedentes de la dinámica de sus vidas. No solo quienes están en prisión desde hace seis meses, sino también los que desde fuera de estas los extrañan y de forma no presencial los acompañan. En particular, han cambiado las vidas de quienes se hacen cargo de estas personas presas y, en un contexto de encarecimiento de lo más básico, remueven cielo y tierra para llevarles sacos con provisiones.
Silviana Fragoso se pregunta, cada vez que debe visitar a su hijo, qué va a llevarle. Antes del juicio, mientras estuvo internado en un hospital, pudo verlo regularmente, pero no siempre tuvo recursos para proveerle. De vuelta a la prisión, su día a día es cada vez más difícil. Para proteger sus pulmones, necesitaba una enguatada que debía ser blanca por exigencia del centro penal. La madre, que no se conforma con esta situación de su hijo y tantas otras personas, ha aprendido a convivir con pequeñas victorias: conseguirle una enguatada a su hijo y llevarle lo que ha podido, ha sido una de ellas.
"Yo no vivo bien, mi casa esta en mal estado y el padre de mi hijo falleció. No tengo quien me arregle y por el techo se me moja. El Estado me aprobó arreglármela pero como yo estoy defendiendo a mi hijo a como dé lugar, ellos no han venido más", explica Silviana. "A mí no me importa: me seguiré mojando pero voy a seguir defendiendo a mi hijo".
