Según EEUU, el fiscal general de Bolivia "abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales”
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia designó a Roger Mariaca como fiscal general del Estado, en 2024, con un mandato de seis años. Mariaca fue señalado, el 28 de septiembre de 2026, por EEUU de "aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico"
AFPLA PAZ.- El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, calificó la noche del lunes como "muy graves" las acusaciones de Estados Unidos sobre presunta corrupción contra el fiscal general, Roger Mariaca, y que motivaron la revocatoria del visado junto a otros funcionarios y exfuncionarios. Dijo que solicitarán la información necesaria sobre este caso.
“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad”, afirmó. El ministro Justiniano indicó que solicitarán “información complementaria” y “elementos probatorios” que puedan ser conocidos por Bolivia para que el caso sea investigado.
Según la administración estadounidense, el fiscal “Mariaca (…) abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que cualquier actuación debe producirse dentro del marco institucional.
“Todas las actuaciones de la Fiscalía, como de cualquier otro órgano público del Estado, naturalmente tienen que llevarse de acuerdo a lo que dicta la normativa”, apuntó. Aramayo añadió que las investigaciones deben continuar de manera “independiente y transparente”.
El Legislativo de Bolivia, por su parte, solicitó a la Cancillería que pida información al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las acusaciones de presunta corrupción contra el fiscal general, Roger Mariaca.
"Necesitamos conocer su alcance y contar con los documentos y antecedentes que puedan ser proporcionados al Estado boliviano", dijo el oficialista Diego Ávila, presidente del Senado, en una declaración conjunta con el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro.
Ávila y Castro pidieron al Ministerio de Exteriores que, "por los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el secretario de Estado de Estados Unidos toda la información oficial disponible sobre estos señalamientos" contra Mariaca.
El senador Diego Ávila indicó que "la gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad".
"Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas", indicó Ávila . Informó que pidió al vicepresidente del país y titular del Legislativo, Edmand Lara, que convoque "con carácter de urgencia" a una sesión parlamentaria para abordar este asunto.
El parlamentario consideró "necesario" que Mariaca "se aparte del ejercicio de sus funciones" mientras se aclaren las acusaciones en su contra.
La Administración republicana de Donald Trump revocó el lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".
El presidente de la Cámara de Diputados dijo que, que cuando la Cancillería obtenga la información de EEUU, "corresponde que sea puesta en conocimiento de las instancias competentes y que se determine con transparencia las actuaciones legales y parlamentarias que procedan".
"Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde aclararlo igualmente ante el país", sostuvo Roberto Castro.
La Asamblea Legislativa Plurinacional anterior designó a Roger Mariaca como fiscal general del Estado, en 2024, con un mandato de seis años. Antes de eso, se desempeñó como fiscal departamental de Santa Cruz.
Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en la lista publicada por el Departamento de Estado en las que se mencionan 13 cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos al fiscal Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".
En el caso del fiscal Roger Mariaca, aplica la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional "por su participación en casos de corrupción graves".
Las acciones de Mariaca, de acuerdo con el Departamento de Estado, "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer".
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, informó que su despacho profundizará las investigaciones sobre las personas afectadas por la decisión de EEUU.
FUENTE: Con información de EFE/Correo del Sur/El Deber
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