PROVEA y el CDH-UCAB denuncia que Colombia no ha implementado protocolos de protección diferenciada para venezolanos perseguidos por el régimen de Maduro
Residentes venezolanos gritan consignas durante una protesta convocada por la oposición en Bogotá el 10 de enero de 2025.
RAÚL ARBOLEDA / AFPCARACAS.- Colombia continúa siendo el principal país receptor de la migración venezolana —más de 2,8 millones de personas desde 2015—, pero las políticas recientes han dejado a miles en un limbo jurídico y sin acceso real a derechos básicos, advierte un nuevo informe conjunto de PROVEA y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).
El documento detalla cómo las decisiones del gobierno de Gustavo Petro, junto con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la caída de la cooperación internacional, han desmantelado instrumentos claves de protección y regularización. Entre ellos, la eliminación de la Gerencia de Fronteras y del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) —esencial para acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT)—, lo que ha truncado la ruta administrativa para millones de desplazados.
El informe alerta que, desde junio de 2023, no existen mecanismos generales de regularización. Las opciones vigentes, como el Permiso Especial de Permanencia (PEP Tutor) o la visa Visitante Especial, son de difícil acceso y sin campañas informativas, lo que ha generado confusión, retrasos y exclusión.
Además, Colombia no ha implementado protocolos de protección diferenciada para venezolanos que huyen por motivos políticos, incluyendo activistas, periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Muchos de ellos —advierte el informe— son erróneamente clasificados como "migrantes económicos", negándoseles el acceso al refugio o a mecanismos de protección internacional.
El contexto de vulnerabilidad señalado por PROVEA y el CDH-UCAB se refleja en hechos recientes.
La Policía de Colombia informó sobre un "ataque sicarial" ocurrido el lunes 13 de octubre, en el que resultaron heridos los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, ambos exiliados en Bogotá tras huir del régimen de Maduro.
Los jóvenes caminaban por el norte de la capital cuando fueron interceptados por sicarios que dispararon varias veces sin mediar palabra. Velásquez y Peche fueron trasladados al Hospital Reina Sofía, donde fueron estabilizados. Velásquez fue sometido a cirugía por heridas de bala, informó la Policía colombiana.
De acuerdo con los reportes oficiales, no existían amenazas previas en Colombia contra los activistas. Sin embargo, Velásquez forma parte de Amnistía Internacional Capítulo Venezuela, mientras que Peche es politólogo y analista sobre la situación política venezolana.
La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el ataque y recordó que Yendri Velásquez es solicitante de refugio en el país:
"Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia", publicó la institución en X.
La Defensoría añadió que ambos habían pedido acompañamiento institucional para tramitar su solicitud de protección internacional.
“Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría en busca de acompañamiento tras huir de su país por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, afirmó el organismo.
Este hecho —subrayan defensores de derechos humanos— evidencia el riesgo que enfrentan los venezolanos exiliados en Colombia y la insuficiencia de mecanismos de protección inmediata, especialmente para quienes son perseguidos políticos o defensores de derechos humanos.
El informe también identifica un fenómeno de migración inversa, con venezolanos deportados desde Estados Unidos que regresan a Colombia en condiciones precarias, sin documentos ni asistencia. La situación se agrava por la suspensión de fondos de cooperación internacional, especialmente tras el cierre de USAID en 2025, que provocó la paralización de programas de ayuda alimentaria, médica y social.
El informe de PROVEA y el CDH-UCAB estima que más de 1,000 empleos humanitarios se perdieron, y que tres de cada cinco organizaciones que operaban en territorio colombiano se quedaron sin recursos para continuar sus proyectos.
Ante la falta de respuesta institucional, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido sentencias que obligan al Estado a garantizar derechos básicos a los solicitantes de refugio.
La SU-543 de 2023, por ejemplo, ordenó crear una política pública para reducir los tiempos excesivos en los procesos de asilo, permitir el acceso al trabajo y garantizar servicios esenciales durante la espera. No obstante, el informe señala que estos fallos aún no se han implementado plenamente.
PROVEA y el CDH-UCAB concluyen con una serie de recomendaciones. Entre ellas, reactivar el PPT, crear un plan de regularización permanente, eliminar barreras administrativas mediante campañas informativas, diversificar el financiamiento exterior y reforzar la protección inmediata a activistas y refugiados venezolanos en riesgo, como los recientemente atacados en Bogotá.
"Sin una política integral, sostenible y con enfoque de derechos humanos, Colombia corre el riesgo de replicar la crisis que sus propios migrantes intentaron dejar atrás", advierte el documento.
FUENTE: Con información de Informe PROVEA CDH-UCAB / Revista Semana
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