Greenpeace ha denunciado la importación de algunas empresas españolas de carne congelada procedente de la deforestación producida por la expansión ganadera en el interior de espacios protegidos de Brasil como la Amazonia.

En concreto, la organización ha asegurado que algunas empresas importadoras de esta carne congelada, principalmente ubicadas en el archipiélago Canario, "presumen de tener entre sus clientes a las grandes cadenas hoteleras como Barceló, Iberostar o N10 Hotels".

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Así lo pone de manifiesto una investigación conjunta de Greenpeace Brasil y Repórter Brasil, que, según ha asegurado la organización en un comunicado, "ha puesto en evidencia los vínculos entre la deforestación producida por la expansión ganadera en el interior de espacios protegidos de Brasil, las exportaciones brasileñas de carne congelada y el consumo de esta carne en los mercados internacionales, incluidos los países de la UE".

La investigación de Greenpeace se centra en el Parque Estatal Ricardo Franco, un espacio protegido de 158.000 hectáreas creado en 1997 en la frontera entre Mato Grosso, en Brasil, y Bolivia, que fue creado bajo la categoría de 'protección integral'.

Según el análisis, desde la creación del parque, más de 12.000 hectáreas han sido deforestadas y, en la práctica, el 71 por ciento de su área es reclamada por el sector ganadero como propiedad privada.

De las 137 granjas destacan dos de ellas: Paredão I y II, que suman más de 4.000 hectáreas, de las cuales, al menos, 2.000 hectáreas "han sido deforestadas ilegalmente". En 2016, Greenpeace apunta que los daños ambientales en estas granjas fueron objeto de investigaciones y acciones judiciales por parte de la Oficina del Fiscal del Estado de Mato Grosso.

En este contexto, el responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, ha señalado que el caso del Parque Estatal Ricardo Franco "se repite en muchos otros lugares de la Amazonia". Así, ha afirmado que el actual repunte de la deforestación en el interior de áreas protegidas y tierras indígenas "está directamente relacionado con las declaraciones, políticas y estímulos promovidos por el actual presidente Bolsonaro".

La investigación revela que, entre abril de 2018 y junio de 2019, el ganado de estas dos granjas ( Paredão I y II) fue vendido a otra instalación ganadera del mismo propietario pero ubicada fuera del espacio protegido. Greenpeace ha explicado que esta granja es un "proveedor importante" de carne de los principales mataderos de Brasil, JBS, Marfrig y Minerva.

"Pero estos mataderos solo realizan una evaluación de la última granja por la que pasó el animal antes de su sacrificio, no un monitoreo de todos los proveedores a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo, de esta forma, la entrada de animales que pastaban ilegalmente en el citado espacio protegido dentro de la cadena", ha manifestado la organización.

Para Greenpeace, este esquema es un "verdadero lavado de ganado ilegal" que permite que el ganado "pueda ser suministrado a mataderos que se han comprometido públicamente a limpiar sus cadenas de suministro de ganado procedente de áreas afectadas por la deforestación e invasión de áreas protegidas".

"La Unión Europea no puede permanecer al margen del enorme impacto ambiental y social de sus cadenas de suministro. El consumo de los europeos provoca cambio climático, pérdida de biodiversidad y violaciones de los derechos humanos", ha declarado Soto.

Por ello, ha advertido de que es "urgente" que la Comisión Europea ponga en marcha la anunciada legislación que "impida la entrada en la Unión Europea de materias primas procedentes de la deforestación".

FUENTE: EUROPA PRESS

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