Las elecciones presidenciales que deberán tener lugar en Colombia y Brasil en el año 2022 comienzan a generar dudas sobre el futuro político continental. En ambos países, las opciones democráticas convertidas en archipiélagos se encuentran debilitadas y enfrentan la posibilidad del regreso del petismo a la presidencia brasileña y la llegada a la Casa de Nariño de una ficha de la izquierda continental.

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Las encuestadora de Brasil Datafolha y XP/Ipespe otorgan a Lula da Silva más de cuarenta puntos porcentuales de intención de votos duplicando al presidente Jair Bolsonaro. En el tenso ambiente que se vive en la política brasileña, los números de las encuestadoras son puestos en duda dado que no parecen corresponderse con las masivas movilizaciones a favor de Bolsonaro y las escuálidas actividades presididas por el petista. Pero las tendencias de las encuestas parecieran, en todo caso, ratificar que los nombres sobre la mesa para las elecciones del 02OCT22 serían los de Da Silva y Bolsonaro.

El actual presidente ya borró de sus propuestas políticas cualquier agregado “liberalista”, ha retomado a posiciones corporativistas y como parte de su acción de gobierno con vistas a las elecciones se encuentra la continuidad de programas de distribución de subsidios masivos iniciados durante los gobiernos del PT. El rechazo a la clase política que Bolsonaro esgrimía en su campaña presidencial de 2018 ya no existe y en su gobierno tienen cuotas de poder las variadas siglas partidistas del llamado “centrão”. Lula anda reestructurando a su alrededor una alianza de la izquierda brasileña y busca acercar o neutralizar a sectores democráticos enfrentados a Bolsonaro. Lula, cuya participación en las elecciones podría aún verse frenada por procesos judiciales por corrupción, hace campaña usando el tema de la pandemia de COVID-19, aprovechando para acusar a Bolsonaro de “antidemocrático” por sus usuales proclamas intemperantes contra sus rivales políticos las que le han costado apoyo de la clase media que lo llevó al poder.

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La lista de aspirantes a convertirse en un tercer candidato en Brasil es larga pero hasta la fecha ninguna ha cobrado cuerpo. La socialdemocracia, el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, se debate entre los nombres del gobernador paulista João Doria, el gobernador sureño Eduardo Leite y el exgobernador nordestino Tasso Jereissati. El nombre del exjuez Sergio Moro, responsable de los procesos judiciales contra Lula da Silva, así como el del actual vicepresidente el general (retirado) Hamilton Mourão, se asoman como eventuales candidatos que pudieran retomar la agenda anticorrupción y nacionalista original del proyecto político de Bolsonaro. Ninguno de ellos cuenta con un volumen importante de apoyo en las mediciones.

En Brasil ciertamente existe la posibilidad de un retorno de Lula da Silva al Palacio de Planalto y, por ahora, la única opción para impedirlo electoralmente pareciera ser la reelección de Jair Bolsonaro.

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Las elecciones presidenciales en Colombia están marcadas para el 29MAY22. Con las comunidades partidistas históricas (liberales y conservadores) convertidas en parte de un archipiélago de tendencias políticas, sin un liderazgo claro entre las fuerzas democráticas, está ganando espacio la opción del castrochavista Gustavo Petro. Alrededor de Petro se está conformando una alianza de las diversas líneas de la izquierda colombiana mientras en la acera de enfrente priva una gran pugnacidad. La lista de precandidatos incluye al exgobernador paisa Sergio Fajardo, a hijos de Álvaro Uribe y de Luis Carlos Galán, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, al excandidato uribista Oscar Iván Zuluaga, entre otros. Las encuestas con resultados públicamente difundidos otorgan sólo a Petro y a Fajardo números significativos de intención de voto.

El nombre Alejandro Gaviria Uribe, exministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos, comienza a sonar fuertemente como la opción para enfrentar a Petro. Gaviria ejerció hasta el 27AGO21 como rector de la prestigiosa Universidad de los Andes de Bogotá y ya ha ganado el respaldo de varios importantes jefes políticos colombianos. Hasta ahora las encuestas realizadas a lo largo del año 2021 le han asignado a Gaviria sólo 2 puntos porcentuales, pero entonces su nombre sólo era una hipotética candidatura.

Las elecciones colombianas de 2022 son las primeras en las cuales un candidato del eje castrochavista continental pudiera alcanzar el “solio de Bolívar”, la propuesta con la cual Hugo Chávez y Fidel Castro convencieron a la dirigencia de las guerrillas de las Farc para sentarse a negociar el “tratado de paz” que les permitiera participar en un proceso electoral.

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El representante permanente del gobierno izquierdista peruano ante la OEA, Harold Winston Forsyth Mejía, se niega a reconocer la condición del representante permanente por Venezuela de Gustavo Tarre Briceño. La alianza castrochavista continental está proyectando un conflicto hacia el interior de la OEA que ya comienza a reflejarse en los eventos de la organización.

Forsyth fue uno de los primeros cargos designados por el gobierno izquierdista de Pedro Castillo quien tomó posesión de la presidencia el 28JUL21. El 11AGO21 ya Forsyth se encontraba en Washington asumiendo la representación de su país ante la OEA e inmediatamente tomó posesión de la Presidencia del Consejo Permanente la cual corresponde a Perú en el trimestre julio-septiembre.

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En su condición de Presidente del Consejo Permanente, Forsyth convocó a una sesión extraordinaria celebrada el 25AGO21 a solicitud del gobierno de Bolivia. La sesión extraordinaria tenía por objeto escuchar las intervenciones vía Internet, de Rogelio Mayta Mayta e Iván Lima Magne, ministros de Exteriores y de Justicia del gobierno boliviano.

La sesión del 25AGO21 del Consejo Permanente de la OEA, pareció un prólogo de lo que ocurrirá en la 51 Asamblea General, la reunión anual de ministros de exteriores del Continente, prevista para el 10NOV21 en Guatemala. Las intervenciones de los ministros bolivianos estuvieron centradas en atacar la gestión del Secretario General Luis Almagro. El gobierno izquierdista de Bolivia mantiene una pugna contra Almagro a propósito de los informes elaborados por la OEA que evidenciaron las señales de fraude electoral en las votaciones del 20OCT19 que generaron una grave crisis política, la renuncia y huida de Evo Morales y otros altos jerarcas de su régimen al extranjero y, la instalación del gobierno provisional encabezado por Jeanine Añez.

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La Fiscalía General boliviana, abiertamente controlada por el partido MAS de Evo Morales, anuló el 27JUL21 los procesos de investigación judicial por fraude electoral que comprometían a Morales. La decisión de la Fiscalía boliviana, declarando que la manipulación de los sistemas computacionales en las elecciones “no constituyeron delito” se basó en un informe contratado a un "Grupo de Investigación Deep Tech” de la Fundación General de la española Universidad de Salamanca. El 09AGO21, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, dependiente de Almagro, emitió un comunicado “señalando los errores y las omisiones” del informe presentado, aunque no avalado, por la Universidad de Salamanca. Los técnicos de la OEA ratificaron sus conclusiones de 2019 sobre los indicios de fraude electoral realizados por el entonces gobierno de Evo Morales, lo que provocó que la cancillería boliviana solicitara con urgencia la reunión del 25AGO21.

En sucesión tras las intervenciones bolivianas, con largos discursos en apoyo al gobierno de Bolivia, atacando a Luis Almagro y la presencia de la representación de Venezuela en el organismo, los enviados de México, Nicaragua y Argentina tomaron la palabra. El eje México-Bueno Aires está operando en conjunto dentro de la OEA y adelanta un plan diseñado y auspiciado desde el llamado Grupo de Puebla.

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El embajador boliviano Harold Forsyth, quien dirigía la sesión, hacía gala de sus conocimientos de ceremonial y cordialidad, citando nombres, cargos y condiciones de cada uno de los ponentes que tomaban la palabra. Cuando el venezolano Gustavo Tarre Briceño solicitó su derecho de palabra, el peruano se limitó a concedérsela al “señor Tarre”. Forsyth es un diplomático de carrera que ingresó al servicio exterior en 1975 y su manejo del lenguaje con respecto al enviado del “gobierno Guaidó” en la OEA fue la señal de la guerra de baja intensidad que se está escenificando en el organismo continental. México, Argentina, Nicaragua, Bolivia y Perú, con la gestión interesada de los regímenes de Cuba y Venezuela desde afuera de la OEA, se proponen neutralizar o forzar la renuncia de Luis Almagro y anular la representación de Tarre Briceño. La concreción de este plan depende de la posición que asuman los numerosos países caribeños, algunos de ellos activos aliados del régimen cubano, los cuales curiosamente guardaron silencio en la sesión del 25AGO21. La izquierda continental se mueve para recuperar los espacios de poder e influencia con los cuales contó en la década pasada y la “batalla por la OEA” pudiera tener lugar en noviembre próximo en Guatemala.

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No existe ninguna evidencia acerca de negociaciones entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de facto de Nicolás Maduro.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado están dando tiempo a las pláticas entre los enviados de Maduro y Juan Guaidó que deberán ser retomadas el 03SEP21 bajo los auspicios del gobierno de Noruega.

Por cierto, Elliott Abrams, quien actuó como Enviado Especial del Departamento de Estado para Venezuela durante el gobierno Trump, confirmó que EEUU se había negado a participar en la mesa de negociación Guaidó-Maduro en condición de “país acompañante” por parte de Guaidó rol que finalmente aceptó el Reino de los Países Bajos.

El “país acompañante” designado por Maduro es Rusia. En un artículo publicado en el portal The Hill el 19AGO21, Abrams escribió “de manera lógica y apropiada, la oposición [Guaidó] eligió a EEUU, en teoría su más firme partidario y la nación cuyas sanciones son un objetivo clave del régimen. Pero Rusia dijo que sí al régimen y EEUU dijo que no a la oposición democrática”.

 

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¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 42.02%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 30.38%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.6%
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