Qué derechos se están violentando en cortes de inmigración, según experta

De acuerdo con la abogada especialista en derecho migratorio, María Herrera Mellado, el uso recurrente de cierres administrativos, terminaciones de expedientes y pretermisiones prioritarias está sustituyendo la evaluación individualizada por una gestión orientada únicamente al volumen estadístico.

Según la experta, el recurso sistemático a estas herramientas procesales atenta de forma directa contra una serie de derechos fundamentales protegidos por el marco legal legal estadounidense:

• Derecho al debido proceso (Quinta Enmienda): la Quinta Enmienda exige que cada persona tenga la oportunidad real de ser escuchada, presentar pruebas y obtener una decisión individual sobre el fondo de su causa (withholding of removal, asilo o protección CAT). El cierre masivo de expedientes elimina esta audiencia previa indispensables para valorar el temor fundado de persecución.
• Derecho a presentar pruebas y armar expediente: la pretermisión permite negar un caso y emitir una orden de deportación sin celebrar una audiencia de méritos. Esto ocurre a menudo mediante mociones orales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en audiencias iniciales (Master Calendar) con plazos mínimos que impiden corregir fallos formales en la solicitud (I-589) o presentar evidencia pericial.
• Erosión de la tutela judicial y el derecho a apelar: sin la oportunidad de desarrollar un récord probatorio sólido durante la primera instancia, la posibilidad de interponer un recurso de apelación efectivo ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) queda anulada en la práctica.
• Indefensión y limbo jurídico: las terminaciones y cierres dejan a los solicitantes expuestos a la reactivación arbitraria de sus casos, detenciones o la emisión de una nueva Notificación de Comparecencia (Notice to Appear). En los casos de pretermisión, el migrante puede recibir una orden de deportación ejecutable sin haber presentado su testimonio.
• Pérdida de la autorización de empleo (EAD): dado que la renovación del permiso de trabajo bajo la categoría (c)(8) depende de mantener una solicitud de asilo activa, la cancelación o el cierre del expediente elimina la base legal para conservar el documento, despojando a las familias de su sustento económico.

Especialistas advierten que estas tácticas no resuelven la saturación del sistema, sino que trasladan la carga operativa al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a través de solicitudes de reapertura y reajustes.

"La eficiencia administrativa es un objetivo legítimo, pero no puede sustituir las garantías fundamentales del debido proceso", señala Herrera Mellado, al remarcar que un sistema enfocado en ajustar estadísticas termina socavando la confianza en el Estado de Derecho.

ICE planea adquirir guantes que emitan descargas eléctricas a personas que ofrecen resistencia

El Gobierno de Estados Unidos prepara una partida presupuestaria de millones de dólares para equipar a los agentes de inmigración con unos guantes capaces de dar descargas eléctricas, en medio del rechazo de organizaciones civiles que alertan sobre el recrudecimiento de los métodos en las operaciones migratorias.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el lunes, en un comunicado, que el contrato para adquirir los guantes CTG-5 alcanzaría los 20 millones de dólares y la compra podría completarse a finales de marzo de 2027.

Los guantes tienen electrodos conductores en la palma que, al activarse y tocar directamente la piel de una persona, no funcionan a través de la ropa y emiten pulsos eléctricos para causar dolor. Según el fabricante, fueron diseñados como un recurso de distracción y desescalamiento para las fuerzas del orden y serían destinados a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y a oficiales de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO).

La intención del Departamento de Seguridad Nacional es distribuirlos entre los agentes ICE que ya han recibido numerosas críticas en los últimos meses por sus operaciones consideradas "agresivas" durante los operativos de detención cuando algunos migrantes ponen resistencia al arresto.