Ginebra y Nueva York serán, el lunes 13NOV17, los escenarios para dos actividades internacionales orientadas a aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea sostendrá una reunión en cuya agenda aparece el punto “la situación en Venezuela, sobre la cual se espera que el Consejo adopte unas Conclusiones”. Se da como un hecho que los cancilleres europeos aprueben una serie de normas contentivas de sanciones al gobierno y a altos jerarcas del régimen venezolano implicados en casos de violaciones de Derechos Humanos. Europa impondría al gobierno chavista un bloqueo en ventas de armas, equipos antimotines y sistemas electrónicos de espionaje. Igualmente se espera que el Consejo apruebe las normas generales que identificaran causales y sanciones contra funcionarios del régimen chavista. Los gobiernos europeos quedarían facultados para prohibir el ingreso a territorio comunitario y congelar bienes de funcionarios venezolanos sancionados.

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El mismo día en Nueva York, en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, se producirá una reunión convocada por el actual presidente del organismo, el italiano Sebastiano Cardi, a solicitud de la representante de EEUU Nikki Haley, para debatir sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela. La reunión será de carácter “informal” y apelará a la llamada “fórmula Arria” que permite la participación de invitados no gubernamentales. Será la segunda ocasión en la cual EEUU lleva el “tema Venezuela” a consideración del Consejo de Seguridad. La reunión del Consejo de Seguridad forma parte de la línea de trabajo aprobada por el llamado “Grupo de Lima” que reúne a 15 gobiernos americanos y que cuenta con respaldo de EEUU y la Unión Europea, cuyo propósito es presionar al gobierno Maduro para lograr la redemocratización de Venezuela.

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El Grupo de Lima está promoviendo que la ONU decida crear un programa de apoyo humanitario a la población venezolana, plan al cual se opone el régimen chavista. Los cancilleres de Canadá y Perú, Chrystia Freeland y Ricardo Luna, plantearon esta propuesta el 30OCT17 al Secretario General de la ONU, António Guterres. El 07NOV17, el presidente argentino Mauricio Macri, quien ha retomado intensamente el tema de la crisis venezolana como parte de su agenda internacional, sostuvo un encuentro con Guterres en la ONU, el cual según la agencia oficial argentina Telam, estuvo casi exclusivamente centrado en la situación venezolana, en especial a la “crisis sanitaria” que está provocando la salida masiva de venezolanos de su país y a la cual los interlocutores dedicaron “dos tercios” de la media hora del encuentro, en la cual el argentino se refirió al colapso que podrían sufrir centros de salud de los países vecinos de Venezuela ante la creciente llegada de venezolanos buscando atención médica. Macri mencionó igualmente la violación de los Derechos Humanos y la persecución contra los dirigentes opositores venezolanos. Tanto en su encuentro en la ONU como en varias reuniones con empresarios en Nueva York, Macri repitió que “Venezuela comenzó siendo una preocupación. Ahora es un dolor para todos nosotros”. En una entrevista concedida por Macri al diario londinense Financial Times, el argentino clamó para que EEUU imponga un “embargo petrolero” al gobierno venezolano.

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El 09NOV17 el gobierno ruso publicó en su diario oficial un proyecto de acuerdo a ser firmado con el gobierno de Maduro para “la simplificación del procedimiento de visitas de buques de guerra”. El documento de contenido militar suscrito por el primer ministro Dmitri Medvédev, fue hecho público pocas horas después que el ministro de finanzas ruso, Antón Siluánov, anunciara la aprobación de un nuevo cronograma para el pago de deuda morosa por US$ 3.000 millones que el régimen chavista mantiene con Rusia. Las condiciones aceptadas por Maduro para la reestructuración de la deuda rusa permanecen en secreto y no han sido sometidas al poder legislativo venezolano.

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Según el documento oficial ruso, el texto del preacuerdo con Venezuela sobre “visitas de barcos militares a los puertos de la Federación Rusa y de la República Bolivariana de Venezuela” habría sido “preelaborado” tras conversaciones con la parte venezolana. Su aplicación correrá por cuenta de los respectivos ministerios de la Defensa. El acuerdo obligará a las partes a “no transferir a un tercero, sin el previo consentimiento por escrito de la otra Parte, información de naturaleza confidencial recibida en el marco de la implementación de este Acuerdo”.

Según el proyecto “en el mar territorial y las aguas interiores del Estado receptor” podrán permanecer simultáneamente “no más de tres buques de guerra del Estado que envía, excepto en el caso de la participación de buques de guerra de las Partes en ejercicios conjuntos o en operaciones navales multinacionales”.

El acuerdo incluye detalles específicos sobre los servicios y condiciones para la permanencia de buques de guerra en puertos del otro país y encaja en la estrategia rusa de proyectar su presencia militar en América.

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EEUU estaría dispuesto a abrir una ventana que permita al gobierno de Venezuela emitir nueva deuda pública negociable en mercados estadounidenses a cambio de un pleno reconocimiento a la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana. Donald Trump emitió el 25AGO17 una orden ejecutiva que prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses adquirir nuevas emisiones de bonos de deuda emitidos por el gobierno venezolano o por las empresas de su propiedad, como uno de los mecanismos para afectar las finanzas y presionar al régimen chavista. Esta medida dificulta las posibilidades del gobierno chavista para refinanciar y reestructurar la parte de su deuda que corresponde a bonos emitidos tanto por el gobierno como por Pdvsa y otras empresas estatales.

En un intento por burlar la sanción de EEUU, el 02NOV17 Maduro “ordenó” refinanciar y reestructurar la deuda externa para lo cual designó una comisión encabezada por su vicepresidente Ejecutivo Tareck El Aissami que estará encargada de negociar la deuda con los tenedores de bonos. EL 13NOV17 estaría prevista en Caracas una reunión de los representantes de Maduro con tenedores de bonos de deuda. Dado que el estado venezolano ya se encuentra en situación de “default selectivo” con cuentas comerciales impagas, el anuncio de Maduro desató una caída de la valoración de los bonos de deuda que, para algunos analistas, fue el verdadero propósito del gobierno chavista.

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El gobierno de EEUU advirtió el 09NOV17 que sus ciudadanos y empresas tenedores de bonos de deuda venezolana serán penalizados en caso de negociar con El Aissami, quien figura desde el 13FEB17 en la lista de sancionados SDNTK (jefes de narcotráfico) del Departamento de Tesoro. Igualmente advirtió que serían penalizados quienes participen en negociaciones con el gobierno de Venezuela que impliquen la emisión de nuevos bonos como parte de una reestructuración de la deuda por parte del gobierno Maduro. Pero el Departamento del Tesoro develó una excepción con claras connotaciones políticas: el gobierno de EEUU autorizaría que sus ciudadanos y empresas negocien nuevos bonos de deuda pública venezolana siempre y cuando su emisión sea aprobada por la “Asamblea Nacional venezolana electa democráticamente”.

El régimen chavista no reconoce a la Asamblea Nacional y procedió a instaurar un poder legislativo paralelo denominado “Asamblea Nacional Constituyente” (ANC) que emite leyes, convoca elecciones, aprueba presupuestos y enjuiciamientos y actúa como un poder “supraconstitucional” por encima de la legislación vigente. Las decisiones de la ANC son expresamente no reconocidas por decenas de gobiernos extranjeros, por lo cual aquellos eventuales acuerdos de deuda externa que fueran aprobados por los constituyentistas de Maduro no serían dados como válidos por esos gobiernos. Sectores de la oposición venezolana, como el presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, proponen reestructurar la deuda externa para reducir los pagos y derivar ingresos petroleros a la atención de la crisis económica interna. Pero para la oposición, la renegociación de la deuda sólo será legal si cuenta con aprobación de la virtualmente disuelta Asamblea Nacional a la cual el gobierno de Maduro no pretende pedirle autorización.

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Tal como reportara el Informe Otálvora del 04NOV17, se han producido movimientos diplomáticos en América y Europa estimulando la realización de un encuentro entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Los principales partidos de la alianza opositora venezolana anunciaron, el 09NOV17, su decisión de retomar el “diálogo” con el gobierno bajo un nuevo esquema, con la participación de los cancilleres de México, Paraguay y Chile como garantes de las negociaciones y del cumplimiento de eventuales acuerdos. El propósito de la Oposición sería negociar condiciones para las elecciones presidenciales del año 2018, incluyendo la designación de nuevas autoridades electorales y la supervisión internacional. El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, ha estado actuando como mediador entre los representantes de la Oposición y del gobierno, Vicente Diaz y Jorge Rodríguez, para acordar el esquema de las negociaciones. El vocero chavista anunció estar dispuesto a reunirse con la oposición el 15NOV17 en Santo Domingo, aunque según fuentes dominicanas consultadas para este Informe aún no existe certeza de que se retomen los encuentros. El gobierno Maduro se mostraría reacio a la participación de los cancilleres extranjeros en las reuniones, asunto que la Oposición mantiene como condición no negociable. El anuncio de conversaciones Gobierno-Oposición ha significado un nuevo elemento de discordia entre las distintas fuerzas políticas opositoras en Venezuela, algunas de ellas abiertamente contrarias a negociar con Maduro.

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