El Mercosur estaría al borde de la virtual disolución o paralización operativa. El organismo vivió en la última década una alta politización a manos de los gobiernos de la familia Kirchner en Argentina, del partido PT en Brasil y de la presencia de Hugo Chávez. Los intentos de regresar a sus orígenes de instancia de promoción e integración económica regional está presentando serias dificultades. Los gobiernos del argentino Alberto Fernández y del brasileño Jair Bolsonaro están abiertamente enfrentados sobre diversos temas, uno de ellos justamente el referido al futuro del Mercosur.

El debate entre más o menos protección arancelaria mantiene dividido al bloque entre Brasil-Uruguay versus Argentina que encuentra en Paraguay a un acompañante de posiciones. De hecho, en la reunión presidencial del 26MAR21, el argentino prácticamente incitó a su colega uruguayo Luis Lacalle Pou a que retirara a Uruguay del mecanismo. La prevista reunión de cancilleres del Mercosur prevista para el 08JUN21 debió ser pospuesta en espera de alcanzar algún acuerdo previo que oriente las conversaciones ministeriales sobre el tema en el cual Brasil quiere avanzar: reducir aranceles masivamente y flexibilizar normas de asociación comercial con terceros países.

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El Perú va a la segunda vuelta electoral presidencial el 06JUN21 con un altísimo grado de incertidumbre sobre los resultados. Las encuestas difundidas públicamente hasta una semana antes del evento, mostraban un empate estadístico entre Keiko Fujimori y el candidato castrochavista Pedro Castillo.

Castillo, un desconocido a nivel internacional, el 11ABR21 cuando alcanzó la primera minoría en la primera vuelta, apenas contaba con dos mil seguidores en su cuenta Twitter. Ahora se ha convertido en la ficha con la cual el castrochavismo aspira hacerse con el poder en Perú mientras el candidato no oculta su intención de iniciar una secuencia de cambios políticos al calco de lo ocurrido en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

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La alianza opositora venezolana centrada alrededor del “gobierno” de Juan Guaidó ha dejado saber su disposición de sentarse a la mesa de negociación con el gobierno de facto de Nicolás Maduro. La diplomacia de Noruega ha realizado en Venezuela, ya por varios años, lo que los noruegos gustan denominan como un “proceso pendular”. Su tarea ha sido servir como estafeta para el intercambio de posiciones entre bandos de la política venezolana. El ritmo de viajes a Caracas de los funcionarios diplomáticos noruegos se incrementó en el último semestre, en tanto se producían cambios en el gobierno de EEUU y se enfriaba el “tema Venezuela” en la agenda política internacional, en tanto Maduro y el entorno de Guaidó se mostraban hipotéticamente ganados para una ronda de negociaciones cuyo objetivo aún aparece difuso.

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El gobierno Maduro buscaría ampliar el estado de normalización del régimen mediante la celebración de votaciones regionales que sean autenticadas por la Unión Europea y por la oposición democrática pero, esencialmente intenta ablandar las sanciones externas que le han sido impuestas. Como ya ocurrió en las fracasadas negociaciones realizadas en República Dominicana entre 2017-18, el régimen exige el retiro de las sanciones internacionales como condición para avanzar en cualquier tipo de compromiso político. Ahora, además, Maduro exige que su gobierno y su Asamblea Nacional sean reconocidas como instancias legítimas y, le sean liberados los activos que se mantienen congelados por gobiernos extranjeros en razón de las sanciones.

La propuesta de negociación del “gobierno” Guaidó no difiere de las propuestas hechas durante el último año del gobierno Trump: condicionar el levantamiento de las sanciones al establecimiento de un cronograma para celebrar nuevas elecciones generales con observación internacional y garantías de participación de todos los sectores, ingreso masivo de ayuda humanitaria al país y liberación de todos los presos políticos.

Para las hipotéticas negociaciones Guaidó coloca sobre el tablero las fichas del apoyo que aún recibe desde Washington y en menor medida desde Europa, que se materializan esencialmente en las sanciones impuestas a altos jerarcas del régimen y al entramado empresarial del Estado venezolano. Si bien en Venezuela se reportan diarias protestas ciudadanas, usualmente relacionadas con la falta de servicios públicos, en general existe no existe una movilización política de calle que represente un reto al régimen.

Los planes del gobierno de facto venezolano no incluyen aceptar nuevas elecciones presidenciales o debilitar su actual situación de control del aparato estatal. El régimen chavista, abiertamente militarizado, está sistemáticamente reforzando el aparato de control social fundiendo a sus militantes partidistas con los civiles militarizados en la Milicia Bolivariana. En los últimos meses se han multiplicado los eventos de creación, juramentación de nuevos integrantes, designación de jefes y actos de reforzamiento ideológico de las denominadas Unidades Populares de Defensa Integral. Las UPDI son grupos de militantes civiles organizados bajo la jefatura del comandante militar local, se reúnen en instalaciones militares y se definen como una de las bases de la defensa en términos castrense según los conceptos de la guerra de resistencia popular promovidos por Hugo Chávez. Pero además, las UPDI se disponen a reemplazar las instancias de poder regional y local, justamente las que estaría en disputa en las votaciones convocadas por el régimen para el 21NOV21. El poder comunal, administrado desde los cuarteles, pareciera ser el modelo que se dispone a instaurar el régimen venezolano. El mantenimiento de un régimen hegemónico militar con título de socialismo sigue siendo el plan chavista y es el propósito de las “reuniones patrióticas” de civiles dirigidos por militares.

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El 01JUN21, el Departamento de Tesoro de EEUU extendió hasta el 01DIC21 la situación mediante la cual, pese a las sanciones existentes contra la estatal venezolana Pdvsa, la petrolera Chevron y las empresas de servicios de ingeniería petrolera Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International podrá seguir operando en Venezuela. Licencias similares habían sido emitidas periódicamente por el gobierno de Donald Trump. La nueva licencia (8H) recuerda que la actividad de estas empresas en sus relaciones con Pdvsa y el gobierno chavista deberán seguir limitadas y no podrán verse involucradas en nuevas operaciones de exploración, explotación o mercadeo internacional. Si bien la licencia emitida por el gobierno Biden sólo autoriza funcionamiento mínimo administrativo de las empresas, es en realidad la prolongación de la política promovida por Mike Pompeo, el secretario de Estado Trump, quien alegó la necesidad de mantener la presencia de empresas petrolera de EEUU en territorio de Venezuela en espera del “día después”. El intenso lobby de Chevron se impuso sobre posiciones que dentro del gobierno Trump argumentaban a favor de sanciones más severas contra el régimen chavista.

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Atento a los retos globales y a las áreas de recurrente conflicto internacional, el gobierno Biden no muestra especial premura por el “tema Venezuela”. Como es usual, Rusia, China, el Medio Oriente, el calentamiento global son los temas que conmueven a Washington. La inclusión voluntaria del “tema Venezuela” en las declaraciones del Secretario de Estado, como ocurrió en varias ocasiones durante la gestión de Mike Pompeo, parecen ya eventos raros y poco probables de repetirse. Por ahora, la Casa Blanca de Biden pareciera haber optado por mantener el esquema definido durante el gobierno Obama y aplicado extensamente por Trump con las sanciones y el aislamiento del régimen como principales herramientas en procura de la redemocratización venezolana. Los emisarios de Biden han dejado saber que respaldan una “solución venezolana” a la crisis en Venezuela y han dado una suerte de paréntesis temporal en espera de la eventual nueva ronda de negociaciones. Oficialmente las políticas de EEUU hacia Cuba y Venezuela están en evaluación.

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El tema regional que pareciera inquietar de forma especial a la actual Casa Blanca es el de las migraciones centroamericanas el cual es visto como un asunto de política interna y para el cual procura una respuesta concertada con los gobiernos del área. Así lo pareciera demostrar el hecho de que el único viaje realizado por el secretario de Estado Antony Blinken a Latinoamérica, el 02JUN21 a Costa Rica, tenía en la agenda como tema central el asunto centroamericano. Igualmente, la designación de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada del tema migratorio de la frontera sur y su previsto primer viaje al exterior, con México y Honduras como destinos, refleja la importancia que el tema tiene en los primeros movimientos de Biden hacia Latinoamérica.

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El primer listado de países latinoamericanos que recibirán vacunas anti COVID19 por parte del gobierno Biden durante el mes de junio incluyen a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y algunos países de Caricom. La entrega será mayoritariamente mediante el mecanismo internacional COVAX y en los casos de México y Haití directamente de gobierno a gobierno.

Washington comienza a dar respuesta a la “diplomacia de las vacunas”, carrera en la cual China y Rusia se le habían adelantado.

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¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 41.61%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 30.79%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.59%
35519 votos

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