El presidente peruano izquierdista Pedro Castillo vive su enésima tormenta política luego de que el fiscal general, Pablo Sánchez, decidiera incluirlo en la investigación penal por una posible trama de corrupción en la asignación de contratos desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Y mientras se abre este frente judicial, en la opinión pública el mandatario peruano sigue perdiendo terreno, no solo en su nivel de aprobación sino también en la percepción de que su gobierno podría resultar siendo más corrupto que los anteriores.

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El pasado fin de semana el Ministerio Público anunció que “el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo” basados en la sospecha de “delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada”.

Y se añade que “la investigación, inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y 6 congresistas, fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”.

Los seis congresistas forman parte del partido Acción Popular, de orientación de centro derecha, pero también con facciones de centro izquierda, y que se ha convertido en aliado de Castillo en el Parlamento, ayudándolo a superar los intentos de destitución por parte de la oposición.

Para el presidente Castillo el anuncio de inicio de investigación forma parte de una “persecución política”, según manifestó en un acto público luego de conocerse la decisión del fiscal general. Sus abogados han asegurado que es una “violación” de la Constitución, y que intentarán acciones judiciales si el Ministerio Público insiste en su proceder.

Proceso por fases

El artículo 117 de la Constitución Política del Perú expresa sobre la “inmunidad presidencial” que “el Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Sin embargo, hay voces que opinan que la actuación del Fiscal de la Nación es la correcta en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El abogado constitucionalista Erick Urbina, profesor de la Facultad de Derecho y Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que “la Constitución establece en el artículo 117 que no se le puede acusar (al presidente), pero dentro del proceso penal peruano hay varias etapas. La tercera es la acusación, pero la primera y segunda etapa son la preliminar y la preparatoria”, respectivamente.

Reconoce que “es cierto que en la tradición peruana hasta el momento ningún Fiscal de la Nación lo ha hecho durante el mandato”, en alusión a investigar a un presidente en funciones.

Urbina asegura que, en la doctrina jurídica del siglo XX, recogida en la vigente Constitución peruana de 1993, “la idea era resguardar la figura presidencial para que no hubiera seguimiento judicial en paralelo. Pero la doctrina constitucional vigente del siglo XXI ya no tiene esa contemplación respecto a los gobernantes, al contrario, en aras de luchar contra la corrupción se le somete a la investigación, al escrutinio”.

“Sin embargo, en atención a la cantidad de evidencias, testimonios que tiene el Fiscal, él considera no solo oportuno sino necesario investigar al presidente ahora mismo. Y por ello ha cambiado de criterio, es a mi juicio constitucional. y el propio Fiscal ha declarado que él no va a acusar”, clarifica Urbina.

Las investigaciones de los fiscales anticorrupción han acumulado indicios y declaraciones de colaboradores y delatores judiciales, que afirman que se conformó una red que pretendía favorecer a empresas que apoyaron al jefe de Estado durante la campaña presidencial de 2021.

De acuerdo con reportes de la prensa peruana en el expediente judicial se menciona que el presidente Castillo habría recibido decenas de miles de dólares, gestionados a través de su sobrino Fray Vásquez y del exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, de parte de un empresario de nombre Zamir Villarverde, quien cumple prisión preventiva de 36 meses por las averiguaciones judiciales.

Por este caso también se encuentran involucrados el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y otro sobrino de Castillo, Gian Marco Castillo Gómez. Estos dos familiares del presidente y Pacheco se encuentran prófugos de la justicia desde hace dos meses.

Consultado sobre la idoneidad de que se investiguen posibles delitos de Castillo durante su mandato o sobre su capacidad de obstruir una averiguación, el constitucionalista Urbina apunta que “hay riesgo muy alto y lo vemos en el caso peruano, donde un sobrino del presidente y el secretario están prófugos y la Policía no los encuentra. Y la Policía responde al ministro del Interior, designado por Castillo”.

Percepción de corrupción

A la par de los problemas legales, en la opinión pública también se deteriora la imagen de Pedro Castillo y su gestión, enlodada en las sospechas de corrupción.

Un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos elaborado entre el 23 y el 26 de mayo —previo a la investigación fiscal contra el presidente— indica que entre la población peruana 40% considera que el gobierno de Castillo) será igual de corrupto que gobiernos anteriores. Pero también se eleva de 21% a 32% el grupo de quienes piensan que será más corrupto, respecto a las mediciones de marzo de 2022 y diciembre de 2021.

Para el abogado José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional capítulo Perú, y exprocurador anticorrupción ad-hoc para el caso Fujimori-Montesinos, la actual administración del presidente Pedro Castillo “no es más corrupta que la de Fujimori, pero claramente en menos tiempo ha tenido muchas escándalos y denuncias, porque han querido copar el Estado con gente incapaz vinculada al partido Perú Libre y al entorno del presidente, como familiares, amigos, paisanos, sindicalistas, etc.”.

Resalta que este grupo de colaboradores “nunca ha estado cerca del poder y han ingresado al sector público con dos objetivos, obtener recursos en el más breve plazo y controlar las instituciones con su gente”.

En mayo de 2021, en la campaña electoral por la segunda vuelta presidencial, Castillo afirmó durante un debate con la candidata opositora Keiko Fujimori que “recuperaremos los 6.000 millones que se llevó la corrupción. Empezaremos una lucha frontal contra la corrupción que es constitucional”.

Perú acumula antecedentes de presidentes que luego de dejar el poder han debido enfrentar procesos judiciales por corrupción, o en el caso de Alberto Fujimori (1990-2000), por violaciones de Derechos Humanos.

Los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) están siendo investigados penalmente, mientras que un cuarto exmandatario, Alan García (2006-2011), se suicidó cuando iba a ser detenido por una averiguación de lavado de activos. Todas estas investigaciones responden a la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y el caso Lava Jato.

Sin embargo, Ugaz considera que “el tema de la lucha contra la corrupción no está en la agenda de este gobierno, todo lo contrario, buscan paralizarla para poder hacer de las suyas”.

Un informe del diario El Comercio calcula que hay al menos 12 investigaciones en la Fiscalía que incluyen a Castillo y sus colaboradores. Ante tal cantidad de procesos, Ugaz expresa que “es evidente que el presidente ha participado en una serie de actividades irregulares que hoy están siendo investigadas, algunas relacionadas con su entorno familiar que llevó al gobierno, otras a personas de su confianza que puso en puestos claves alrededor suyo o en instituciones relevantes y también personas que fueron colocadas como parte de la cuota del partido Perú Libre. Siendo personas tan cercanas al presidente, se presume que en la mayoría de los casos él sabía de las irregularidades”.

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