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CARACAS.- Los bancos venezolanos han demostrado capacidad para adaptarse a un entorno turbulento, pero la hiperinflación y una economía que acumula cuatro años consecutivos de caída, comienzan a afectar al sistema y paradójicamente, propician que el organismo encargado de la regulación tome medidas poco ortodoxas para impulsar el crédito.

El patrimonio es una de las áreas bajo fuego. La hiperinflación tiene como consecuencia que las empresas y las personas solicitan préstamos de mayor monto para financiar la poca producción que permanece en pie o cubrir el aumento de los gastos con la tarjeta de crédito. Pero los banqueros no pueden elevar el monto de los préstamos sin aumentar continuamente el patrimonio porque están obligados a mantener una relación mínima entre los fondos propios y los riesgos que asumen al prestar el dinero de los clientes.

Si el patrimonio no crece al mismo ritmo de los créditos, las entidades financieras no pueden seguir prestando porque incumplen con las regulaciones y al cierre de diciembre la banca prácticamente no tenía como continuar otorgando créditos, pero la Superintendencia de Bancos, en una medida que marcha en dirección contraria a la tendencia actual en Latinoamérica, rebajó hasta enero de 2019 el índice mínimo de patrimonio sobre activos desde 9% hasta 7%.

Los bancos también están obligados a mantener un índice que relaciona el patrimonio con el riesgo que se le asigna a cada uno de los activos que tienen en el balance. En este caso, la Superintendencia optó por disminuir esta ratio desde 12% hasta 11% por el mismo lapso del anterior. Además, facilitó su cumplimiento reduciendo el riesgo contemplado para una larga lista de créditos como los concedidos a la agricultura, turismo, construcción y microempresas.

Al mismo tiempo la Superintendencia permitió a los bancos ajustar su posición en dólares al tipo de cambio oficial donde la moneda se ha venido devaluando continuamente, algo que también permite inflar el patrimonio.

En la mayoría de los países latinoamericanos la discusión actual está en cómo adecuarse a los requerimientos que en 2010 adoptó el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos.

El efecto

Las estadísticas oficiales registran que gracias las medidas de la Superintendencia entre diciembre y enero el patrimonio de la banca venezolana aumentó 460% y la capacidad crediticia se multiplicó por cinco. Alejandro Cáribas, exsuperintendente de bancos, resume en un análisis sobre el tema que el patrimonio creció gracias a las resoluciones de la Superintendencia y no “por aportes reales de los accionistas”.

El Banco de Venezuela, la principal entidad financiera del Estado, experimentó el mayor salto en su índice de patrimonio que aumentó desde 11,2% hasta 145,1%, en momentos en que la administración de Nicolás Maduro incrementa el gasto en medio de la campaña electoral previa a las elecciones presidenciales del 20 de mayo.

El riesgo

Fitch Ratings, una de las principales calificadoras de la economía global, indicó en enero de este año en su informe de perspectivas 2018 que “los bancos venezolanos están calificados en el techo país de CC, una categoría que denota un nivel excepcionalmente alto de riesgo crediticio”.

Agregó que “la perspectiva del sector de Fitch sigue siendo negativa y refleja preocupaciones sobre la solvencia y la liquidez en el mediano plazo en el contexto de la hiperinflación, un empeoramiento de la crisis económica, un incumplimiento soberano en noviembre de 2017 (default) y la posibilidad de un ajuste económico agudo”.

“En opinión de Fitch, los indicadores de desempeño financiero de los bancos son vulnerables al deterioro en 2018 en caso de un ajuste económico forzado, mientras que las implicaciones materiales negativas del incumplimiento soberano no pueden descartarse”, concluye.

La Superintendencia de Bancos no parece estar preocupada por este entorno. Tras alentar el salto del patrimonio el organismo elevó el monto que los bancos pueden prestar a través de las tarjetas de crédito. En el oficio donde explica la medida el organismo admite el empobrecimiento de la clase media al señalar que los venezolanos “utilizan el crédito al consumo como un medio de pago complementario al sueldo y salario percibido mensualmente para la cancelación de bienes y mercancía de primera necesidad (comida, medicinas, educación, entre otros)”.

La morosidad aun no refleja el empobrecimiento de los venezolanos, la caída en las ventas de los comercios y el desplome en la producción de las empresas, porque el constante aumento del total de créditos la diluye.

Al cierre de enero los préstamos con problemas de pago apenas representan 0,12% del total, pero banqueros consultados admiten que en algún momento será necesario un ajuste en la economía que frenará el aumento del volumen de los créditos y elevará las tasas de interés. Será en este momento cuando la morosidad salte a la superficie.

La presión

La rebaja de los índices de patrimonio culmina en enero de 2019 y a partir de ese momento los bancos tendrán tres meses para cumplir nuevamente con las exigencias de 9% y 12%. La Superintendencia de Bancos precisa que durante el último trimestre de 2018 los banqueros deberán enviarle mensualmente un informe detallando las acciones que tomarán para fortalecer el capital.

En un entorno donde todo apunta a que la hiperinflación va a mantenerse, los banqueros estarán forzados a inyectar dinero propio en cantidades importantes para cumplir con los requerimientos o estarían en riesgo de que sus bancos sean intervenidos.

El huracán

La devaluación de la moneda ha convertido al sistema financiero venezolano en un enano en el contexto latinoamericano, reflejando el hundimiento de la que hasta hace tres años fue una de las principales economías de la región.

Al tipo de cambio oficial el total de los activos al cierre de 2017 tan solo representaba 5.700 millones de dólares, una magnitud ínfima en Latinoamérica que equivale a 15% del tamaño de la banca ecuatoriana.

El Banco de Venezuela, la principal entidad financiera, contaba en diciembre con activos por el orden de 1.360 millones de dólares, mientras que el Banco Pichincha de Ecuador disponía de activos por 10.615 millones de dólares y el BCP de Perú por 39.000 millones de dólares.

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