LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) expresó este viernes su preocupación por la decisión de Venezuela y Chad de abandonar la institución y advirtió que estas medidas pueden debilitar los esfuerzos internacionales para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves.
La salida de Venezuela ocurre mientras el tribunal mantiene abierta una investigación sobre posibles crímenes cometidos durante la represión de las protestas de 2017, cuando el ahora depuesto dictador, Nicolás Maduro aún estaba al frente del régimen.
Chad, por su parte, anunció su retirada pocos días después, alegando también cuestionamientos al funcionamiento de la Corte.
La decisión se produce además en un contexto de creciente presión sobre la CPI por parte de Estados Unidos, que a mediados de julio inició una ofensiva diplomática contra el tribunal, al que acusó de amenazar a ciudadanos estadounidenses y pidió a sus aliados reconsiderar su permanencia en la institución.
Venezuela abandona la Corte
Venezuela formalizó su salida a finales de julio y justificó la decisión al considerar que la CPI está sesgada y concentra de manera desproporcionada sus actuaciones en países africanos y latinoamericanos.
La cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, defendió la medida al afirmar que la institución ha sido "instrumentalizada" políticamente contra Venezuela.
La CPI inició en 2018 un examen preliminar sobre la actuación de las autoridades venezolanas durante las manifestaciones de 2017, que dejaron alrededor de 200 muertos. Tres años después, en 2021, anunció formalmente la apertura de una investigación.
La CPI defiende sus competencias
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, órgano legislativo de la Corte, dijo haber recibido "con preocupación" las decisiones de ambos países y lamentó sus respectivas salidas.
El organismo recordó además que abandonar la CPI no exime a los Estados de cumplir las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma durante el período en que formaron parte de la institución.
Fundada en 2002 y con sede en La Haya, la CPI tiene como objetivo juzgar a responsables de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos de extrema gravedad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
La retirada de Venezuela se produce, por tanto, mientras la investigación sobre presuntos crímenes cometidos durante la represión de las protestas continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre el tribunal y Caracas.
FUENTE: Con información de AFP