MIAMI.- "La situación que se vive en Venezuela no es solo de los venezolanos, sino un asunto de geopolítica internacional. Detrás del Gobierno de Nicolás Maduro no está solamente el G2 cubano, sino que ya están grupos de terroristas y narcotraficantes, así como China y Rusia que poseen intereses dentro del país, al igual que Irán y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La crisis en Venezuela ya es un problema del hemisferio".
Así lo señaló la periodista y politólogo María Teresa Romero, en entrevista realizada en vivo por DIARIO LAS AMÉRICAS, a través de Facebook, donde añadió que muchas personas hablan de la posibilidad de una guerra civil, "pero podría ir más allá, o sea una guerra entre potencias". Por lo que no descarta que la verdadera negociación para una salida a la crisis venezolana podría venir desde allí.
Añadió que Mercosur emitió un comunicado en el que insta al diálogo, que fue suscrito por Bolivia, Guyana e islas del Caribe, entre otros, que es un paso interesante aunque muchos estiman que es poco contundente.
Ante una posible salida de Maduro del Gobierno, Romero estima que podría pasar igual que en 1958, cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez abandonó el país. "En ese momento se creó una presidencia y una junta cívico militar provisional, con participación de los partidos políticos. Así se organizarían unas elecciones con toda tranquilidad".
La especialista y exdocente de la Universidad Central de Venezuela (UCV) hizo referencia a la postura de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, a quien calificó como una aliada importante en este proceso porque ratificó ser chavista y se deslindó del Gobierno de Maduro.
Añadió que los venezolanos han vivido los últimos 18 años con valentía y espíritu democrático. “Tengan más fe y aguante porque vienen horas muy duras; creo que ante la presión tan fuerte y la internacionalización de la situación de Venezuela, que interesa a Estados Unidos y Rusia, el gobierno va a tener que salir”, aseveró Romero.
La sociedad civil presionará la salida de Maduro
La sociedad civil venezolana no puede abandonar la calle, sino mantener la voluntad férrea para combatir la dictadura de Nicolás Maduro y sólo hacer caso a los planteamientos y estrategias de la dirección política de la Mesa de la Unidad Democrática, recomendó Pedro Mena, exsecretario ejecutivo de esa organización política en el sur de la Florida, quien participó en la misma entrevista.
El dirigente opositor aseveró que en Venezuela se avecinan tiempos muy duros e históricos “porque lo que viene es el quiebre definitivo de la dictadura”.
Instó a la población “a mantener la esperanza en que antes del 30 de julio pueda haber una salida distinta”.
Para ese día, el Gobierno mantiene las votaciones en las que se escogerán a 545 miembros que conformarán una Asamblea Nacional Constituyente. Su misión: reformar la Constitución Bolivariana de 1999, promovida por el presidente fallecido Hugo Chávez. Para Mena, “la Constituyente es calcar una estructura del gobierno de Cuba, para implantarla en Venezuela”.
En contraste, buena parte de los venezolanos rechazan esta acción gubernamental por considerarla ilegal y reclaman un cambio en las riendas del país, ante los desaciertos del gabinete madurista que no resuelve el descenso de la calidad de vida de la población, agobiada por la escasez de alimentos y medicinas, fallas en los servicios públicos, una inflación galopante, reaparición de enfermedades erradicadas como la malaria, el desempleo, la inseguridad y el cierre de industrias, entre otros problemas. Además, de fomentar una polarización ideológica que enfrenta a pueblo contra pueblo.
Ante la renuencia del régimen en anular la constituyente, la MUD anunciará una "Hora Cero", que será un paro en toda la nación.
“Creo que ese día podrían ocurrir hechos muy lamentables. Ojalá que a última hora se logre un entendimiento por la presión internacional”, planteó Mena que basa su apreciación en la parte final del Plan Zamora III, cuya aplicación llevaría al Gobierno a retirar de la calle a los organismos represivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía, para sustituirlas por grupos paramilitares. Agregó que la postura del Gobierno no es de conciliación ni de buscar soluciones, sino de represión.
"A los venezolanos que están en el exterior les toca el papel de organizar, orientar y dar apoyo a mujeres, jóvenes, trabajadores, la Iglesia Católica y militares decentes que están en la calle para derrotar a Maduro y el castrocomunismo", añadió.
El opositor indicó también que de darse la salida de Maduro habrá un Gobierno de transición que garantizará el funcionamiento democrático de los poderes, que sería asumido por el presidente de la Asamblea Nacional, con la participación de representantes del chavismo ortodoxo opuestos al Gobierno actual.
Aclaró que la Constitución Bolivariana no establece la figura de las elecciones generales. Para ello, haría falta una enmienda y acortar el período presidencial, lo que daría una base jurídica y legal, pero le llevaría varios meses a la AN.
Mena explicó que el paro convocado por la oposición el jueves pasado fue un ensayo para probar la capacidad de organización de la MUD y la sociedad civil. En su opinión, fue tan exitoso como la consulta popular del domingo 16, que calificó como una jornada cívica inédita e histórica en contra del proceso constituyente.
Según los resultados, participaron más de siete millones 600 mil residentes en 14 mil meses instaladas Venezuela y otros países, sin el Consejo Nacional Electoral. En Florida, el proceso se organizó en una semana, motivado “por un pueblo que quiere vivir en libertad y democracia”, destacó.
La consulta popular tuvo un efecto internacional porque la Comunidad Económica Europea, el presidente Donald Trump, el Congreso estadounidense y siete países latinoamericanos, entre ellos Colombia y Brasil, solicitaron medidas concretas al Gobierno venezolano para que retire la Constituyente.
En el plano interno, el martes pasado la AN convalidó jurídica, legal y políticamente el resultado del domingo 16 y este viernes juramentó a los 33 nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Refirió que en 2015 el TSJ actual fue designado ilegalmente por el Gobierno debido a que la AN había cumplido su plazo y se convirtió en un obstáculo para el desarrollo democrático de la nación.
Puntos de encuentros
Pedro Mena y María Teresa Romero coinciden en que:
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