SAN SALVADOR.- Juan José Dalton (dpa)
El fallo de la Justicia de El Salvador de anular la amnistía de 1993 y dar lugar así a posibles juicios por crímenes de guerra en el país fue recibido con júbilo por las víctimas y defensores de los derechos humanos, con dudas por los políticos y un silencio sepulcral por parte de los posibles afectados.
"Si se respeta la sentencia habrá, por primera vez desde los acuerdos de paz, las primeras luces de reconciliación", aseguró el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, en un acto conmemorativo en el Parque Cuscatlán, donde hay un monumento a las víctimas de la guerra.
Las amnistías "han sido disposiciones infames que tuvieron el despropósito de derogar derechos por naturaleza inderogables de las víctimas". "Debemos ver esta sentencia como una conquista de las víctimas que, aunque de manera retrasada, ha llegado", consideró.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como los Comités de Madres de Desaparecidos y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (CDHES) celebraron el fin de la amnistía y auguraron el fin de la impunidad.
No es para menos: la confrontación bélica más larga y cruel que sufrió El Salvador, entre 1980 y 1992, terminó con la vida de 75.000 personas, 8.000 desaparecieron sin dejar el más mínimo rastro y casi un millón huyeron de sus tierras, incluso del país, la mayoría hacia Estados Unidos.
"Este paso nos dará la posibilidad, al fin, de poner fin a la impunidad, de hacer un país reconciliado... Hoy difícilmente quienes hayan cometido crímenes podrán no ser sancionados", manifestó Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y uno de los que abanderó la lucha contra la Amnistía, que no permitía juicios contra aquellos que habían perpetrado crímenes de guerra y de lesa humanidad
Casos como el del asesinato por escuadrones de la muerte del entonces arzobispo Oscar Arnulfo Romero; la masacre de El Mozote, en la que fueron asesinados cerca de 1.000 campesinos y la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, podrían ser juzgados de una vez en El Salvador, sin que los jueces aleguen que los delitos están prescritos y protegidos por la Ley de Amnistía.
La ex guerrilla también tiene cuentas pendientes: asesinatos de alcaldes, secuestros, desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad, como el caso de las Masacres de Mayo Sibrián, en las que supuestamente murieron más de 1.000 ex combatientes, en el departamento central de San Vicente, en un caso que nunca ha sido investigado.
Morales dijo que si se respeta la sentencia habrá casos ejemplarizantes. "Las heridas siempre estuvieron abiertas, la sangre derramada jamás ha sido reivindicada, las víctimas siempre fueron discriminadas en todo momento", reiteró.
El procurador advirtió además que existen jueces que han conocido casos en concreto con los que han colaborado con la impunidad, amparados en la misma Amnistía, por lo que ahora se debe enfrentar la impunidad que ha estado institucionalizada durante muchos años.
No obstante, llamó a la calma y tranquilidad, enfatizando en que no se trata de una cacería de brujas por la sentencia, tal como lo sugirió el ministro de la Defensa, general David Munguía Payés.
Otro político de centroizquierda, Jorge Villacorta, dijo que habrá que estudiar más la resolución para ver qué alcance tiene. "Será un proceso complejo", acotó.
El diputado de la fracción opositora de derecha Donato Vaquerano aseguró que su partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), acatará la sentencia y que aplauden la decisión porque fortalece el Estado de derecho y combate la impunidad.
El fundador de ARENA, el ya fallecido ex mayor de inteligencia Roberto D'Aaubuisson, es el principal implicado en el Informe de la Comisión de la Verdad por los planes para asesinar al obispo Romero, en la actualidad beato de la iglesia católica.
Militares o ex guerrilleros implicados en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos no se han pronunciado respecto al fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que se espera abra un intenso debate en una sociedad dividida y polarizada.
"El fallo abrió una puerta. Ahora le toca al fiscal general actuar. Probablemente está bajo mucha presión política, hay que ver que hace", apuntó a dpa el analista Geoff Thale, del Washington Office on Latin America (WOLA).
"Creo que la sociedad salvadoreña está lista para que sean procesados unos casos representativos. Seguramente va a causar unos tensiones, pero es necesario", añadió.
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