CARACAS.- 22 sentencias ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulando leyes y otras decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional controlada por la oposición, todo un récord si se compara con las apenas tres que anuló parcialmente a los tres parlamentos que desde el 2000 ha tenido el país.
¿Por qué este cambio? Para el presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, la respuesta es sencilla: “El TSJ (…) es un apéndice, es el bufete del Gobierno”, declaró en junio pasado.
Esta opinión es compartida por la magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León; y por el miembro de la organización Un Estado de Derecho, Luis Herrera Orellana, para quienes el comportamiento del máximo juzgado, en particular de las salas Constitucional y Electoral, solo puede explicarse por cómo están compuestas.
“En el TSJ no hay magistrados, hay militantes del partido de Gobierno o esclavos. Ellos reciben llamadas y visitas donde les dicen cómo deben sentenciar”, afirmó la exintegrante de la Sala de Casación Penal.
En similares términos se pronunció Herrera, quien agregó: “La causa de todo es que el TSJ no es una instancia diferente al Gobierno. Es el Gobierno actuando desde otra instancia. El TSJ debería ser un poder autónomo, pero mientras no esté conformado por juristas no será así y el Gobierno, el PSUV, podrán usar todos los medios que ese organismo ofrece para impedir que la AN actúe y exponga sus arbitrariedades”.
Para Mármol de León que el máximo juzgado, en especial la Sala Constitucional, se haya convertido en un muro para frenar al Parlamento no debería sorprender a nadie, pues “el Gobierno al saber que iba a perder la mayoría en la AN en las elecciones de diciembre pasado buscó refugio en el TSJ y por ello esa decisión alocada de forzar las jubilaciones de 13 magistrados cuyos períodos vencían este año y designar a sus sucesores en diciembre”.
Pasado rojo rojito
¿Pero se puede afirmar que los magistrados son militantes del chavismo? Con solo hojear los currículos de algunos de ellos se puede llegar a esta conclusión. En la Sala Constitucional, por ejemplo, de sus siete miembros cuatro fueron exfuncionarios del Gobierno del fallecido Hugo Chávez o de Nicolás Maduro o militaron abiertamente en el partido de Gobierno; y algunos como la propia presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez, hicieron ambas cosas.
Gutiérrez fue candidata a la Gobernación del insular estado Nueva Esparta en 1998 y fue diputada suplente por esa entidad a la Asamblea Nacional. Posteriormente fue designada por Chávez como directora de la Oficina de la Secretaría del Consejo de Ministros, luego la envió a Madrid como cónsul y después la designó embajadora en España y en 2007 se la trajo al país para que se desempeñara como procuradora, o sea fue la abogada del Gobierno; hasta que en 2010 fue elegida magistrada.
Pero no es la única. Los magistrados Juan José Mendoza y Calixto Ortega antes de ser compañeros en la Sala Constitucional lo fueron en el hemiciclo de sesiones, pues ambos fueron diputados por el chavismo; y Luis Damiani Bustillos fue viceministro de Educación Universitaria.
Por su parte, en la Sala Electoral, esa que suspendió a tres diputados opositores en vísperas de Nochevieja, dos de sus miembros también fueron diputados (Malaquías Gil y Christian Zerpa) y otra fue embajadora en Canadá (Jhannett Madriz).
Recientemente la organización Acceso a la Justicia publicó un estudio, el cual arrojó que la mitad de los magistrados del TSJ jamás han debido a ocupar esos puestos, por no cumplir con los requisitos que establece la Constitución. Los siete mencionados anteriormente están en ese grupo.
Otros protagonistas
Aunque los magistrados de la Sala Constitucional son la cara visible o al menos la más conocida de la embestida del TSJ contra el Parlamento no son los únicos, pues debajo de ellos hay una serie de abogados que el país desconoce pero que también participan en esa operación. El Diario Las Américas pudo identificar al menos a tres de ellos: Federico Fuenmayor, Romer Pacheco y Asdrúbal Blanco.
Los tres abogados son de la confianza absoluta de la magistrada Gutiérrez, aseguraron fuentes del TSJ, las cuales precisaron que “el primero ha sido el responsable de hacerle seguimiento al caso de Leopoldo López y en diciembre pasado logró ser designado magistrado suplente por la anterior AN. Por su parte, el segundo y tercero llegaron al máximo juzgado de la mano de la presidenta del organismo, pues trabajaron con ella en la Procuraduría”.
Pacheco es en la actualidad el consultor jurídico del TSJ y Blanco es uno de quienes integran su equipo de abogados relatores, los cuales se encargan de hacer las sentencias; y ocasionalmente funge como secretario de la Sala Constitucional.
Descarga LA APP