CARACAS.- Finalmente se dio el primer paso para intentar designar una autoridad electoral que organice elecciones en Venezuela. No obstante, el proceso para designar a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) está marcado por dudas legales y políticas.

En la sesión del martes 5 de noviembre los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron la conformación de una comisión preliminar que debe comenzar el trabajo para dar inicio formal al proceso de postulación de rectores de la autoridad electoral.

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Según los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral, una vez instalado formalmente el Comité de Postulaciones Electorales, comenzará a correr un lapso de hasta 64 días para que los diputados de la Asamblea Nacional puedan votar por los nuevos rectores del CNE.

Formalmente no existe fecha para que el Comité de Postulaciones comience a trabajar. La comisión preliminar conformada el 5 de noviembre previamente debe abrir un proceso de convocatoria a representantes de la sociedad civil (ONG, organizaciones de vecinos, organizaciones sociales, etc.) para que postulen a los integrantes del Comité de Postulaciones. Esta instancia debe estar integrada por 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil.

El primer escollo que se debe superar en este proceso es definir el rol que jugará el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Antes de ser designado el comité preliminar, Francisco Torrealba jefe de la fracción parlamentaria del partido oficial aseguró: “Los diputados del [llamado] bloque de la Patria hemos decido incorporarnos activamente en la comisión de trabajo que se constituya para la renovación del Poder Electoral y el establecimiento de garantías electorales amplias”.

Torrealba, a pesar de fungir como jefe de fracción del PSUV, no es reconocido como parlamentario por la directiva que encabeza Juan Guaidó, presidente encargado, que también preside la Asamblea Nacional.

Según los lapsos impuestos por la Ley Orgánica del Poder Electoral una vez instalada la Comisión Preliminar de Postulación pueden transcurrir hasta 100 días para que sean seleccionados los rectores del CNE. No obstante, estos son los plazos máximos y desde la Asamblea Nacional se confía en reducir este proceso a un máximo de 62 días.

Las dudas del PSUV

A pesar de aportar cuatro integrantes a la comisión preliminar de 11 diputados que trabajarán en la renovación del CNE, los parlamentarios del PSUV se abstuvieron de votar en la plenaria en la cual se escogió al comité.

El rol del PSVU y la posibilidad que se avance en un acuerdo entre el gobierno de Guaidó y el régimen de Maduro se hizo aún más complejo cuando Torrealba precisó que solicitarán a la Asamblea Constituyente (instancia supraconstitucional desconocida por el gobierno de Guaidó) designe una comisión de enlace con el Parlamento para trabajar en conjunto con la Comisión de Postulación del Poder Electoral.

Esta posibilidad fue descartada por Guaidó. “La Constitución es muy clara”, indicó el presidente encargado. En la normativa legal venezolana no está prevista la opción sugerida por el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV.

La otra duda básica que aún no tiene respuesta es el tipo de elección que deberá organizar un eventual CNE. Desde la perspectiva del PSUV, un nuevo árbitro electoral debe enfocarse exclusivamente en la organización de las elecciones parlamentarias, mientras la oposición se centrar en mantener la exigencia de la realización de elecciones presidenciales.

En estos dos puntos, aparentemente irreconciliables, puede existir acuerdo de mantener uno de los elementos básicos en las conversaciones promovidas por Noruega: La realización de elecciones tanto presidenciales como parlamentarias.

Discrepan de la decisión

El avance en la selección de un nuevo CNE es rechazado por los diputados que integran la fracción 16 de Julio (que representan la línea política de María Corina Machado).

Según el diputado Omar González los parlamentarios de la fracción 16 de Julio fueron excluidos del proceso de conformación de la comisión preliminar.

Esta declaración inicial dio paso a una rectificación en la cual González aseguró que no pensaban participar en este proceso. A su juicio, la directiva encabezada por Guaidó nunca le solicitó que presentaran candidatos para el comité.

Esta postura no se mantuvo. Minutos después indicó: “Para la fracción 16 de julio, la negociación es la trampa. Por eso vamos a salvar nuestro voto (…) Cómo es posible que se elijan a unos diputados que perdieron su investidura (PSUV)”. En esta segunda declaración

Luego, el parlamentario insistió en que no formarán parte del proceso para renovar el CNE, porque no se les solicitó la consignación de nombres para la comisión preliminar.

Posteriormente indicó que su fracción rechazaba “la forma en la que se está escogiendo el nuevo CNE (...) por incluir una espuria representación del partido Socialista Unido de Venezuela”.

Desde la perspectiva de los diputados del 16J hay “una absoluta discriminación de ciertos sectores de la vida parlamentaria y nacional (...) la negociación previa se hizo de espaldas al país, y la fracción 16 de julio desconocía las conversaciones de la oposición con el oficialismo”.

Dispuestos a protestar

Según el más reciente estudio de Datanálisis, 32% de los ciudadanos dicen estar dispuestos a protestar para apoyar a Juan Guaidó. Si la protesta se convoca para apoyar una agenda de elecciones presidenciales para el primer trimestre del año 2020 con nuevo CNE y observación internacional, la disposición a protestar sube hasta 41,6%.

En relación con la reanudación del proceso de negociación entre el régimen de Maduro y el gobierno de Guaidó, 45% de los venezolanos aprueba esta posibilidad, mientras 42% la rechaza. Si esta interrogante se analiza por autodefinición política, 61% de quienes se dicen chavistas avalan la reanudación de las negociaciones al igual que 41% de los independientes y 44,6% de los opositores.

Según el estudio de Datanálisis, la mayoría de los ciudadanos avalan que el proceso de negociación sea para la designación de un nuevo CNE y lograr la convocatoria de elecciones presidenciales.

Por otra parte, si se analiza la opinión de los ciudadanos sobre la presión internacional, destaca que solo 36% considera que con ella se lograr la salida de Maduro del poder. Cuando se analiza esta posibilidad por autodefinición política la opción de la presión internacional solo es avalada por 8% de los chavistas y 26% de los independientes. No obstante, en el caso de quienes se dicen opositores hasta 63% considera que la presión de presidentes y de organizaciones internacionales logrará que Nicolás Maduro abandone la presidencia.

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