Licencias plantean un dilema a EEUU y a Venezuela para el rescate del servicio eléctrico

“Los requerimientos energéticos de la sociedad venezolana y de la industria petrolera resultan inseparables y es lo que las autoridades de los dos países no deben olvidar”, advierte el experto internacional en ESP (Empresa de Servicio Público), quien ha estado dedicado casi dos décadas a analizar el sector eléctrico en el país, en medio de la opacidad oficial.

Interpretar la incidencia de las medidas estadounidenses en el SEN, tras los dos apagones masivos de marzo de 2019 con réplicas recurrentes en todo el territorio venezolano no es tan sencillo, dice el ingeniero que también integra VESRP, un plan para recuperar la infraestructura del SEV del programa de gobierno de los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado.

No es un “hágase la luz”.

“El sector eléctrico venezolano no está en capacidad de cubrir las demandas básicas de la sociedad ni de apoyar la recuperación económica. Y esto impide abastecer a las empresas petroleras, salvo que generen su propia electricidad, lo cual es costoso y resta combustible a plantas térmicas necesarias para las necesidades de la población”.

En febrero pasado, la OFAC emitió las licencias 48A y 49A que autorizan a compañías estadounidenses a vender tecnología, servicios y operaciones en los sistemas de generación, distribución, transmisión y almacenamiento para el servicio eléctrico, con una larga historia de averías y anuncios oficiales de no menos de 20 planes para su recuperación.

Servicio eléctrico en Venezuela

Venezuela, que contó hasta finales del siglo XX con un robusto servicio eléctrico considerado uno de los mejores de Latinoamérica, padece casi a diario interrupciones eléctricas en cualquier parte del país, una debacle atribuida a los períodos del chavismo desde 1999.

Según Aguilar, “han sumido al país en un atraso energético de más de 20 años y hoy la confiabilidad operativa es inferior a la de ese año”.

“Todas las etapas de la cadena de valor, como la generación, transmisión, distribución y comercialización, presentan un deterioro notable”, señala. Y asegura que desde que su equipo VESRP realiza análisis detallados por años, no se había observado un deterioro tan marcado del SEV”.

“Aun a siete años de los apagones nacionales de 2019, el Sistema Eléctrico no ha logrado recuperarse completamente de los daños ocasionados”, añade.

Asegura categórico que argumentos como la desinversión oficial y el del fenómeno de “El Niño” como causantes de la crisis “demuestra desconocimiento del SEV y “le hacen el juego al régimen”.

El experto deja claro que si la tendencia de deterioro del SEN persiste el sistema podría tener una crisis más severa.

“Esto afectaría negativamente tanto a la sociedad venezolana como a quienes actualmente toman decisiones sobre el sector eléctrico -por ejercicio y tutelaje-, como resultado de una gestión poco transparente por parte de la empresa estatal y sus autoridades”.

Crisis del servicio eléctrico Venezuela AFP R

Opacidad oscurece regreso de la diáspora

Aguilar, dedicado al análisis de riesgos industriales en varios países y a inspeccionar miles de megavatios (potencia) de capacidad eléctrica en grandes empresas, prefiere abstenerse de precisar cuántos MW instalados hay en el país y cuál es la demanda. Aunque lo sepa.

“Responder esa pregunta corresponde a la autoridad eléctrica nacional. Su responsabilidad es actuar con transparencia y proporcionar ‘información veraz’ a la sociedad venezolana que tiene pleno derecho a conocerla”, afirma.

Las autoridades encargadas del sector eléctrico han restringido el acceso a los datos públicos desde el 17 de noviembre de 2010, lo cual dificulta la rendición de cuentas. “Y lo hacen para evadir responsabilidades”, refiere.

Aguilar se limita a señalar que si se quiere una producción estable que satisfaga las exigencias y metas en el servicio eléctrico paras las instalaciones petroleras y la población, el consumo de las empresas podría cubrirse mayormente con hidroelectricidad a corto-mediano plazo mediante la iniciativa VESRP.

“Esto significa la hidro-electrificación de la Industria Petrolera Nacional (IPN)”, con criterio de confiabilidad N-2 para toda la industria, es decir, la estatal que se privatizará y las nuevas empresas privadas que relanzarán la industria”, agrega el experto. Considera que de esa forma las empresas aumentarían su rentabilidad y disminuirían la huella de carbono.

“Esto sería un ganar-ganar para las industrias energéticas de Venezuela”, acota.

Por los momentos, el sistema eléctrico no se encuentra en condiciones para el regreso masivo de la diáspora si ese fuese el caso, ni para el desarrollo que el país espera.

“Lograrlo requiere tiempo, talento, recursos y una gestión ética y disciplinada. La clave está en fortalecer un sector eléctrico saludable, rentable y con costos que den una ventaja competitiva para que lo hecho en Venezuela pueda volver a brillar para nuestro país y el mundo”.

Subraya que es necesario que “los que ahora tutelan a estos destructores” tomen en cuenta que un fracaso eventual en los planes sobre la reactivación de servicio “será, inevitablemente, de ellos también”

¿Y el gas para las termoeléctricas?

En esa oscurana que supone la falta de información oficial y “la crisis de valores de pseudo expertos” y que envuelve el sistema eléctrico, se encuentran las plantas termoeléctricas.

Son la otra fuente de generación necesaria para el país, el cual no puede depender solamente de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar o Guri, una de las más grandes de América Latina, ubicada en el río Caroní en el sur del país, y de otras plantas de la cadena.

Las operaciones de las petroleras restan combustible a las plantas termoeléctricas, asegura Aguilar, en una suerte de advertencia para el gobierno estadounidense y “para quienes tutela”.

El régimen de Venezuela firmó en fecha reciente contratos con la multinacionales energéticas, la española Repsol y la italiana ENI, para ampliar un proyecto para el gas en el que ambas compañías participan desde 2009.

Si los contratos pueden mejorar el parque termoeléctrico en medio de la crisis de suministro de gas, habrá que verlo con el tiempo, sostiene el experto.

“Cualquier aumento en la producción gasífera venezolana tomará tiempo debido a inspecciones, reparaciones e infraestructura pendiente por concluir, lo cual debe hacerse con la seguridad como prioridad ante los riesgos, como la explosión de la planta compresora de gas Muscar (Monagas), ocurrido en 2024, y sería inadmisible la recurrencia”.

Crisis y pérdidas

“Urge mejorar la eficiencia de las plantas eléctricas, grandes consumidoras de gas, que pueden consumir hasta más del 20% de todo el que se produce en el país, ya que no hay ciclos combinados en funcionamiento y muchos proyectos quedaron inconclusos y con sobreprecio”, destaca.

Por otra parte, menciona las tarifas poco rentables de la oferta y “una ineficiencia económica” que genera pérdidas superiores a los 3 mil millones de dólares anuales y daños ambientales a lo interno del país.

“La nación debe exigir respuestas claras a los responsables sobre este desastre injustificado y los que ahora los tutelan deben tener cero tolerancia con los manejos turbios del tesoro de los venezolanos”, insiste.

Cuánto gas y las inversiones que se requerirían para poner en funcionamiento la termoelectricidad en su capacidad ideal para servir a la producción petrolera y al país en general es un asunto sujeto a conversaciones en la actualidad, dice Aguilar.

“Se mantienen conversaciones con destacadas empresas eléctricas internacionales con el objetivo de determinar una estimación rigurosa, sujeta a la validación de procesos técnicos y financieros adicionales. De esta manera, se asegura la integridad del procedimiento”, señala.

Responsabilidad de la destrucción

Para Aguilar, la falta de licencias para el sector no es la causa del deterioro de en electricidad. “La crisis eléctrica se debe al régimen que ha gobernado durante 27 años. Ellos son la causa raíz”. Y agrega:

“Sus excusas mediáticas no tienen credibilidad y han dejado deudas por más de 4.5 mil millones de dólares y más de 5 mil MW de obras inconclusas de alto costo, sin incluir los dineros adicionales que serían necesarios para completar aquellas que se determinen convenientes”.

Según recalca, las autoridades del sector “han sido incapaces de corregir errores y culpan a otros de sus desaciertos para evadir su responsabilidad, a pesar de haber contado con inmensos recursos estimados en más de 100 billones de dólares al cálculo de 1998 y de haber tiempo suficiente”.

El experto insiste en dar un mensaje al gobierno de EEUU.

“Si no hay electricidad, no habrá petróleo, ni regreso de la diáspora a su tierra natal, ni prosperidad, ni seguridad, ni creación de riqueza real, ni realización del potencial sin precedentes de Venezuela, tanto para el pueblo venezolano como para el estadounidense. Eso sería una tragedia para Venezuela y una mancha vergonzosa difícil de borrar para las buenas intenciones del gobierno estadounidense; el fracaso no es una opción”.

FUENTE: Entrevista ingeniero José Aguilar, consultor y experto en sistemas eléctricos