CARACAS.- En momentos que se registra un alarmante repunte del nuevo coronavirus COVID-19 en Venezuela, Nicolás Maduro y sus aliados siguen adelante con sus planes de realizar en diciembre unos comicios legislativos convocados en medio de la emergencia sanitaria y signados por la desconfianza opositora en la autoridad electoral.

Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron seleccionados al margen del Legislativo -de mayoría opositora-. El nuevo consejo es aliado del régimen venezolano.

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“Ya arrancó el proceso convocado para el 6 de diciembre de este año para que el pueblo elija con su voto una nueva Asamblea Nacional”, dijo Maduro.

El dictador venezolano dijo que será una elección a “puertas abiertas” para velar por su "pulcritud" y estrictas medidas sanitarias para permitir la participación de todos los electores en condiciones seguras, esto pese a las estimaciones de experto en salud que indican que el virus seguirá activo por mucho tiempo.

En Venezuela-que ha estado en cuarentena desde el 16 de marzo, tres días después que se confirmaron los dos primeros casos- se contabilizan 18.410 casos positivos. De ese total, 16.965 fueron detectados entre el 1 de mayo y el 31 de julio, mientras la cifra de fallecidos saltó de 14 a 164 en ese período.

“Nosotros estamos... con la mente puesta en la movilización, en la organización a pesar de la pandemia”, dijo Maduro, que manifestó que “esta vez el pueblo de Venezuela no va a fallar, esta vez el pueblo de Venezuela va a ir a votar y vamos a ganar la Asamblea Nacional”, cuya mayoría abrumadora perdió el "chavismo" en 2015.

La nueva directiva del Consejo Nacional Electoral acordó aumentar el número de cargos a elegir para el período 2021-2026, de 167 a 277 por el crecimiento de la población, estimada en unos 32 millones.

Las dudas sobre la imparcialidad del CNE, que es acusado de fijar las fechas de las elecciones y sus condiciones para que se ajusten a los objetivos políticos del régimen, no cesan, pese a la designación de nuevos miembros directivos. El organismo es considerado ilegitimo por la oposición luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, designó a sus directores sin cumplir los extremos legales previsto en la Constitución.

El TSJ de Maduro mediante una sentencia despojó de otra de sus atribuciones a la actual Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que por mandato constitucional tiene la potestad de elegir a los miembros de los directivos del CNE.

También suspendió entre mayo y junio a las juntas directivas de los cuatro mayores partidos opositores y en su lugar designó a "opositores disidentes" que rechazan el boicot de los comicios legislativos planteado por los líderes dejados de lado judicialmente. Entre los nuevos miembros de las juntas ejecutivas de los partidos sometidos al dictamen del TSJ figuran algunos dirigentes que fueron expulsados de esas organizaciones por presunta corrupción y vínculos con Maduro.

El partido Acción Democrática (AD) -a semejanza de Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, donde milita el líder opositor Juan Guaidó- sostiene que Maduro busca darle “algún viso de credibilidad a esta farsa electoral” e intenta “confundir” a los electores al entregar los nombres y símbolos de esas organizaciones políticas a "disidentes opositores", hoy aliados de Maduro.

Los adversarios de Maduro en su mayoría afirman que los comicios en Venezuela no son libres ni justos, particularmente después de la reelección de Maduro en el 2018, comicios que fueron adelantados y se inhabilitó a varios de los líderes y partidos opositores más populares para participar. Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de la región no reconocieron ese resultado.

FUENTE: Con información de AP

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