CARACAS.- “La monstruosidad jurídica”, así califica el jurista Allan Brewer Carías al texto recientemente aprobado por la Constituyente chavista, que le permite a Nicolás Maduro suspender e incluso desaplicar por orden ejecutiva todas las normas jurídicas que considere colinden con la Ley, o con sus planes de orden macroeconómico, comercial o de inversiones.

Constitucionalistas consultados por DIARIO LAS AMÉRICAS sostienen que en el ordenamiento jurídico venezolano no existe la figura de ley constitucional, al tiempo que advierten que la ANC no debe aprobar leyes, porque esa función no está prevista en la Constitución. La ANC debe limitarse a dictar una nueva constitución, siempre que su designación ocurriese conforme a la Carta Magna, lo que tampoco ocurrió porque sus integrantes fueron designados sin que previamente se realizara el referendo consultivo para que los venezolanos dijeran que aprobaban la redacción de un nuevo texto fundamental.

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Paralelamente recuerdan que la actual ANC fue designada sin respetar los principios constitucionales que exigían la relación previa de un referendo consultivo.

Sobre el contenido del texto que guiará ahora las actuaciones del régimen de Maduro se impone el secreto de estado, como regla y no como excepción. Adicionalmente se faculta a los funcionarios públicos a catalogar como secreto de Estado, reservados o de divulgación limitada, cualquier documento, archivo o expediente”.

Organizaciones como Transparencia Venezuela sostienen que la Ley antibloqueo” va en pro de la opacidad, y de la corrupción y afecta la rendición de cuentas y la transparencia en la administración pública.

Parte del chavismo se opone

Los días previos a la aprobación de la “Ley antibloqueo” marcaron una ruptura entre algunos sectores del chavismo con Maduro porque el instrumento avalado por la ANC pretende garantizar medidas a favor de la inversión privada (ocultando el nombre de los inversionistas); protección del capital privado (ocultando el origen y los montos); flexibilización de la contratación pública; restitución de empresa expropiadas, confiscadas o ocupadas; privatización de empresas públicas y una desnacionalización generalizada. Todas estas acciones son contrarias al accionar de la Revolución Bolivariana durante las últimas dos décadas.

No obstante, lo que pudiese considerarse decisiones positivas para el país, quedan enmarcadas en acciones opacas, que contribuirán a la presencia de testaferros en las actividades públicas y privadas.

El socio director de la firma Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros recuerda que en el análisis debe separarse lo que significa “la entrega de activos sin Estado de Derecho, que es más un esquema de reparto y consolidación de poder”, de la política que implica que el Estado se desprenda (en medio de la garantía del Estado de Derecho) de activos y empresas, “y así pueda centrarse en el diseño de políticas públicas de calidad”.

A la “Ley antibloqueo” se oponen los principales pilares de los gobiernos de Hugo Chávez, hoy distanciados de Maduro, como el que fuese el zar petrolero venezolano, Rafael Ramírez.

Según el ex ministro de Energía y Petróleo (hoy residenciado en Italia) “Maduro lo que quiere es “privatizar el sector público, incluyendo sectores estratégicos como el petróleo, a favor de sus operadores privados que, según Maduro, sabrán defender mejor que su gobierno, el patrimonio de los venezolanos (…) la entrega se producirá en el más absoluto secreto”.

Las diferencias llegaron al extremo que en la sesión de aprobación de la ANC se impidió el paso de los constituyentitas que habían esgrimido críticas hacia la “Ley antibloqueo”, como María Alejandra Díaz Marín, Juan Carlos Flores, Telémaco Figueroa y Régulo Reina que salvaron su voto.

Incluso, el historiador y abogado Luis Britto García -referente de la izquierda internacional para valorar al chavismo- aunque defiende la necesidad de una ley que permita responder a las sanciones internacionales contra el país, considera que el instrumento avalado por la ANC viola al menos 13 artículos de la Constitución, en especial el artículo 303 que indica:

Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera”

No obstante, aunque los voceros del régimen de Maduro sostienen que la ley se adecuó a después de las críticas recibidas, el abogado Juan Manuel Rafalli sostiene que no existen diferencias entre el proyecto y la ley aprobada.

Según Rafalli “la ley Antibloqueo sancionada adolece de los vicios denunciados en el proyecto: Inaplicación de normas, potestad para contratar o dictar actos sobre actividades reservadas al Estado, mantiene la reserva y confidencialidad, etc.”.

La única diferencia que resalta Rafalli es que añadieron que la Contraloría puede revisar los archivos y documentos confidenciales, pero en coordinación con el Ejecutivo.

Fraseología revolucionaria

El presidente de la firma de análisis Poder & Estrategia Ricardo Ríos explica que de los 44 artículos que conforman la ley “los primeros 15 artículos son una declaración de principios. Lejanos a una aplicabilidad. Es; en palabras del propio Lenin; "fraseología Revolucionaria".

Por otra parte, describe que los artículos del 15 al 20 “están redactados en un lenguaje codificado. Se hizo un notable esfuerzo en describir procedimientos específicos de la manera más genérica posible. Por ejemplo; logran decir que van a privatizar; pero sin usar esa palabra”.

En conclusión, el régimen de Maduro utiliza las sanciones internacionales para incrementar su poder, la discrecionalidad en la toma de decisiones y, facilitando, la opacidad y la corrupción.

Eugenio G. Martínez

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@Puskaz

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