jueves 28  de  marzo 2024
POLÍTICA

Michel Temer y el panorama de Brasil para el próximo 2018

La tranquilidad que Brasil intentaba recuperar a inicios de este año después del turbulento 2016 marcado por la destitución de Dilma Rousseff, se acabó a mediados de mayo con un explosivo testimonio prestado a la justicia por dos de los dueños del grupo cárnico JBS: Joesley y Wesley Batista

BRASILIA.- El presidente de Brasil, Michel Temer, se salvó dos veces este año de perder el cargo por graves denuncias de corrupción, que afectaron la tibia recuperación de la economía de un país que en 2018 encarará un incierto proceso electoral.

La crisis política, que estalló cuando hace casi cuatro años se desveló una enorme trama de corrupción en la estatal Petrobras, tuvo en 2017 nuevas fases y volvió a contaminar la economía, que aun así salió a duras penas de la dura recesión que sufrió entre 2015 y 2016.

La tranquilidad que Brasil intentaba recuperar a inicios de este año después del turbulento 2016 marcado por la destitución de Dilma Rousseff, se acabó a mediados de mayo con un explosivo testimonio prestado a la justicia por dos de los dueños del grupo cárnico JBS: Joesley y Wesley Batista.

Los hermanos que construyeron uno de los gigantes del sector alimenticio mundial confesaron a la Justicia que durante más de una década sobornaron a cientos de políticos a cambio de "favores" que ayudaron a moldear la empresa global que hoy es JBS.

Entre ellos, el propio presidente Temer, a quien Joesley Batista visitó una noche en su residencia oficial y, sin que lo supiera el mandatario, grabó una conversación que para muchos confirmaba su participación directa en esos turbios negociados.

El escándalo volvió a adueñarse del país y la Fiscalía General, a cargo entonces del procurador Rodrigo Janot, dio un paso inédito en la historia brasileña y presentó una denuncia formal por corrupción contra un mandatario en pleno ejercicio del poder.

Por tratarse de un delito penal el caso fue remitido a la Cámara de Diputados, que por imperativos de la Constitución brasileña debe avalar la apertura de un juicio de esa naturaleza contra un presidente.

Esa disposición constitucional llevó el asunto a un terreno netamente político, en el que Temer se valió de su poderosa base parlamentaria para enviar a los archivos la denuncia de la Fiscalía.

Aun así, Janot no dio el brazo a torcer y formuló unas nuevas acusaciones contra el mandatario, por obstrucción a la justicia y asociación ilícita, que también fueron bloqueadas por la Cámara de Diputados.

En ambos casos, las denuncias se apoyaron en los testimonios de los hermanos Batista, pese a que la propia Fiscalía anuló el acuerdo con JBS al comprobar que los declarantes habían mentido u omitido información sobre varias tramas corruptas en las que se implicaron.

Aunque acabaron archivados, los cargos contra Temer paralizaron al Congreso durante casi cuatro meses e impidieron la aprobación de importantes reformas estructurales que el Gobierno impulsaba para apalancar la incipiente recuperación económica del país.

Esas reformas, que aún se discuten en las cámaras legislativas, incluyen un polémico proyecto rechazado por sindicatos que apunta a endurecer el acceso a la jubilación y que llevó a las primeras tres huelgas generales registradas en Brasil en casi dos décadas.

Entre las denuncias de corrupción y sus impopulares reformas, la poca aceptación que Temer tenía entre los brasileños se desplomó a mínimos nunca vistos en la historia del país y todas las encuestas dicen hoy que su popularidad está en torno al 3,5 %.

Aun así, gracias a su base parlamentaria, Temer despejó el camino para seguir gobernando hasta el 1 de enero de 2019, cuando entregará el poder al ganador de las elecciones previstas para octubre próximo.

El proceso electoral se presenta como el más incierto en décadas, en parte porque muchos de los posibles candidatos fueron arrastrados por el terremoto político causado por los escándalos de corrupción.

Entre ellos, el más afectado es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más popular del país, quien no oculta su deseo de volver al poder pero que este año fue condenado por corrupción a nueve años y medio de prisión en primera instancia, en uno de los seis procesos en que responde como reo.

Lula encabeza hasta ahora los sondeos de intención de voto, pero su candidatura depende de que la pena no sea ratificada en segunda instancia, pues eso le impediría postular a cualquier cargo público.

En segundo lugar aparece el capitán de la reserva y diputado Jair Bolsonaro, portavoz de la ultraderecha y que promete "manu militari" contra la corrupción pero no está libre de problemas judiciales y ha sido condenado por varios delitos civiles, como racismo, machismo y homofobia.

FUENTE: EFE

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