Venezolanos desplazados de La Victoria, estado Apure, se refugian en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, el 26 de marzo de 2021. Casi 4.000 personas -en su mayoría venezolanos- han llegado al municipio fronterizo de Arauquita, noreste de Colombia, entre el domingo y el jueves desplazadas por combates entre militares venezolanos y un grupo armado colombiano.
AFPCARACAS.- Un informe del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) reveló que los migrantes venezolanos han sido víctimas de varias formas de esclavitud moderna, tales como el trabajo forzado, la prostitución y la incorporación a redes de contrabando o tráfico de drogas.
El contenido del informe reflejó los resultados de una investigación sobre las circunstancias en que ocurre la migración desde Venezuela hacia otros países de la región. En el documento se analizan los patrones de salida, recepción y las legislaciones vigentes en dos países fronterizos, como lo son Colombia y Brasil, y cómo afectan a las personas migrantes y refugiadas.
De acuerdo con los hallazgos, mujeres, niños, niñas y adolescentes son los grupos más vulnerables en el contexto migratorio y bajo las condiciones irregulares en las que se produce su movilidad.
"Bien sea por temas rutas regulares e irregulares, o por documentación, sus condiciones les hacen más propensos a ser captados o sometidos a situaciones que se constituyen en formas análogas a la esclavitud moderna", expresa el documento.
El CDH-UCAB indentificó que la captación se hace a través de organizaciones de trata o tráfico humano. La promoción de ofertas de trabajo engañosas y prometedoras en los países de destino es el principal modus operandi. Las redes sociales y otros medios de comunicación vía internet son las principales herramientas utilizadas para difundir estas ofertas.
"Estos modos de operar además se ven impulsados por la influencia de redes criminales para la trata, la explotación laboral y la explotación sexual, acentuada precisamente en niños, niñas, adolescentes y mujeres", apuntó el informe.
Datos del estudio
Un informe elaborado por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana, reveló que el 21% de 4.600 venezolanos encuestados fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración, o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. De este grupo, el 2% fue obligado a trabajar.
En sintonía con lo reportado por OIM, se tiene información de personas venezolanas que han sido llevadas al exterior; los tratantes emplean las redes sociales (Facebook, Instagram) como vía de captación, contactan directamente a las víctimas y les ofrecen empleos como cuidadoras, de atención al cliente, aprender idiomas y cursar estudios en el extranjero.
El CDH-UCAB ha registrado casos de mujeres que por cuenta propia o bajo engaño han sido trasladas a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil. En Trinidad y Tobago la mayoría de las víctimas han sido captadas mediante ofertas engañosas de empleo o “de prostitución “consensuada”, y una vez que llegan al destino, son obligadas a prostituirse. En junio del 2021 se conoció que, una vez las víctimas se encuentran en Trinidad y Tobago, deben pagar hasta 2000 dólares por su libertad a los líderes de las bandas organizadas de trata.
En el caso de los migrantes y refugiados venezolanos que van a Brasil, existen elementos suficientes para hablar de la existencia de redes de trata de personas que captan a estos migrantes para fines de explotación; los medios utilizados para la captación consisten ofrecer servicios de transporte y ubicación en este país.
En Colombia, Ecuador y Perú, se cuenta con reportes que informan que migrantes venezolanas conformadas por mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, han tenido que recurrir a relaciones sexuales transaccionales, mientras que en Colombia se han identificado a madres que empujan a sus hijas realizar estas prácticas y hombres y adolescentes que se dedican al contrabando de combustible y de drogas.
Es alarmante la situación que se presenta en el sur del estado venezolano de Bolívar, en la frontera con Brasil, y en San Cristóbal y Ureña, en la frontera con Colombia, ya que en estas zonas las mujeres son captadas mediante ofertas engañosas de empleo que les ofrecen redes criminales transnacionales. Las ofertas consisten en llevarlas a trabajar en labores agrícolas o en tareas domésticas, en fincas, y barequeo, en minas de oro; sin embargo, una vez llegan al lugar de destino, son explotadas sexualmente en negocios controlados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos armados de delincuencia organizada.
En el Norte de Santander, Colombia, se determinó que el 90% de las trabajadoras sexuales son de nacionalidad venezolana. También se cuenta con registro de hombres de nacionalidad colombiana que ofrecen ayuda a mujeres venezolanas con niños a cambio de situaciones que implican servidumbre doméstica y esclavitud sexual. Por su parte, en la región del Catatumbo se pudo constatar la existencia de prácticas de explotación sexual y sometimiento de niños y adolescentes venezolanos no escolarizados a situaciones similares a la esclavitud.
Asimismo, en Bucaramanga fue denunciada la existencia de una red de alquiler de niños venezolanos que son utilizados para pedir limosnas en las calles. Se conoció que los propios padres son quienes alquilan a sus hijos a estas redes criminales, y son estas quienes someten a los niños a estas prácticas. También fue reportado que estos niños son dopados por sus tratantes a los fines de que se mantengan quietos durante todo el día.
En un estudio regional que abarcó cuatro países receptores de venezolanos (Colombia, Curazao, Ecuador y Trinidad y Tobago), sobre la explotación sexual y trata de mujeres y niñas venezolanas migrantes forzadas y refugiadas, se registró que estas suelen llegar a los países de la región con escasos recursos, desnutridas y pocas pertenencias personales. Este contexto ha generado que el trabajo sexual se convierta en el medio más común con el que cuentan para ganarse la vida.
Los tratantes prometen regularización migratoria y empleo, pero una vez que llegan al país de destino, las personas en movilidad se ven forzadas a trabajar sin percibir ninguna remuneración, y a tener sexo para poder sobreviviir.
También existen reportes de que, en los cruces fronterizos irregulares desde Venezuela a Colombia, las mujeres que no tienen dinero para pagar a los grupos armados que controlan la zona, son forzadas a pagar con sexo, mientras que, en algunos casos, los menores de edad son reclutados por estos grupos armados. En parte, esta situación se debe a la imposibilidad que estas personas tienen para migrar a otros países por vías regulares.
FUENTE: Nota de Prensa/Centro de Derechos Humanos UCAB
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