MIAMI – El régimen de Daniel Ortega aprobó una legislación que obliga a los bancos nicaragüenses a brindar servicios bancarios a familiares de Ortega, funcionarios e instituciones del régimen sancionados por Estados Unidos por corrupción y violaciones a los derechos humanos, una situación que pone en riesgo el sistema financiero nicaragüense y las corresponsalías internacionales de la banca nacional.

La “Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 842, Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias” entró en vigencia el 9 de febrero tras ser publicada en la Gaceta Diario Oficial, legislación que ha sido rechazada por la Asociación de Bancos Privados (ASOBANP) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM).

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El abogado y exasesor del Congreso de Estados Unidos Jason Poblete, afirmó que el banco que tenga acceso al sistema internacional americano e incumpla con las reglas establecidas no solo estaría arriesgando su futuro acceso a esas fuentes, también podrían ser sancionados por Estados Unidos si cooperan y ayudan a personas sancionadas”.

Poblete sostiene que los bancos que tienen corresponsalías con el sistema financiero estadounidense “deben cumplir con una serie de leyes y regulaciones establecidas por el sistema bancario internacional, y no solo estadounidense”, acotó.

“El banco que coopere con esa Ley y que apueste por ignorar las leyes norteamericanas dándole servicios a personas sancionadas van a perder el acceso al mercado estadounidense, serán sancionados y posiblemente bloqueados como ha sucedido con Irán, [donde] han sancionado una serie de bancos, entre ellos el Banco Central de Irán. Eso se hizo durante la administración Trump con éxito, la administración Biden no lo ha cambiado y no lo va a cambiar, y digo que eso pasaría aquí también, todavía hay mucha gente que sigue de cerca el tema de Nicaragua, por ejemplo el senador [Bob] Menéndez que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, que ayudó a aprobar la Ley Nica Act”, subrayó el exasesor del Congreso.

El exdiplomático nicaragüense y analista político Bosco Matamoros, dijo que la apertura de cuentas a los sancionados “sería una acción temeraria en cuanto pondría en una situación de confrontación el sistema financiero nicaragüense con una disposición del Tesoro de Estados Unidos, en consecuencia, de individuos y entidades nicaragüenses que de acuerdo a las autoridades americanas violaron los derechos humanos”.

Una treintena de funcionarios e instituciones de gobierno y empresas de la familia Ortega Murillo obtenidas al amparo del poder, han sido sancionadas por Estados Unidos, algunos de ellos también enfrentan sanciones de la Unión Europea, Suiza y Canadá.

Leyes como la Glogal Magnitsky Act, Nica Act, y Ordenes Ejecutivas decretadas por la administración del presidente Donald Trump, han sido empleadas contra el régimen sandinista. Las sanciones también afectan al entorno familiar directo de los sancionados.

“El sancionado tiene familia y se estaría nutriendo a través de sus familiares para evadir las sanciones. Es como funciona el sistema norteamericano, está diseñado para crear ese nivel de presión”, explicó Poblete.

El blanco de la Ley son los banqueros, eso quedó de manifiesto cuando el diputado del partido APRE, Byron Jérez, un aliado de Ortega, acusó a los banqueros de “enriquecerse” a costa de los nicaragüenses, de los cobros que hacen por las remesas y les acusó de haber hecho negocios con la ayuda petrolera venezolana.

Jérez dijo que desde que Ortega arribo al poder en el 2007 hasta el 2017, los bancos trabajaron moviendo 3 mil 500 millones de dólares de fondos supuestamente ilícitos porque Albanisa [Alba de Nicaragua S.A] estaba sancionada, pero por beneficio de ellos los movieron, los usaron, se beneficiaron”.

Aunque los banqueros eran aliados de Ortega, y algunos hasta participaban en los actos políticos del partido del régimen, el FSLN, las sanciones contra Albanisa y el Bancorp, subsidiarias de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron designadas por el Departamento del Tesoro en enero y abril de 2019, respectivamente.

El sector privado tomó distancia de Ortega tras las protestas de abril de 2018, que dejó como saldo más de 300 muertos, más de 2 mil heridos, centenares de presos políticos y más de 100 mil exiliados a causa de la represión gubernamental, hechos considerados crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos internacionales y nacionales.

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Exportaciones e importaciones

La llamada Ley 842 afectaría las exportaciones e importaciones a Nicaragua, una actividad vinculada a la banca.

Matamoros explicó que el problema de fondo “es que el sistema internacional gira en torno al sistema bancario norteamericano, el cual para las operaciones financieras sean esas de exportación o de importación crea corresponsalías con entidades financieras de terceros países, en este caso Nicaragua para que se puedan llevar a cabo este tipo de actividades”.

“Esta corresponsalía también es el puente que permite al sistema bancario operar en la economía mundial, por una parte. Por otro lado, debemos tomar en consideración que instrumentos como tarjetas de créditos o de débito son emitidas por entidades financieras norteamericanas que están reglamentadas por el Gobierno de Estados Unidos”, subrayó Matamoros.

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Remesas

Otro de los rubros que se verían afectados son las remesas que reciben los nicaragüenses de sus familiares en el extranjero. Se trata de uno de los ingresos más importantes para la economía en la nación centroamericana que permite que el nicaragüense tenga comida en su mesa.

El informe del Banco Central de Nicaragua indica que en el 2020 Nicaragua recibió más de 1.851 millones de dólares en concepto de remesas, un 10% más respecto a 2019, pese a la pandemia. El 60% procede de Estados Unidos, seguido por España y Costa Rica.

“Qué posibilidad habría de realizar este tipo de transacciones cuando los bancos norteamericanos ante una eventualidad de ese género le cierran la corresponsalía a los bancos nicaragüenses, prácticamente sería nula, más que las remesas que se puedan enviar a pie u otras formas de encontrar alternativa, pero en términos reales es inexistente”, subrayó Matamoros.

Efecto devastador

“No miro yo bajo ningún punto de vista que el Tesoro de EEUU permitiría se violen de una parte de una entidad financiera norteamericana y un banco nicaragüense las normas que rigen las sanciones, que además tienen característica de Ley en cuanto fueron aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos por unanimidad.

Este afecto tiene una connotación devastadora por la enorme sensibilidad de los mercados en el mundo ante una situación de inestabilidad financiera como la que se está prestando en Nicaragua como destino para la inversión”.

“Si la banca nicaragüense recibe depósitos financieros de los sancionados prácticamente sería una demolición del sistema bancario nicaragüense”, enfatizó Matamoros.

Los diputados que tienen un conocimiento muy limitado de lo que es la globalización parece que están en el tercer grado de primaria, no tienen nociones de cómo opera el sistema financiero internacional, es temeraria la situación en la que se está metiendo Nicaragua, es una Ley concebida que ha sido formulado por el partido sandinista y los satélites en la Asamblea Nacional y no le beneficia al país, al sistema financiero, la economía y a los que reciben remesas de sus familiares en el exterior", subrayó Matamoros.

Entre la espada y la pared

La medida ha causado revuelo en el sector privado nicaragüense. La banca privada esta entre la espada y la pared porque si no cumplen con las disposiciones de la Ley 842, serían sancionados por el régimen sandinista; y si las cumplen, se enfrentarían a los efectos con el sistema financiero internacional

Poblete sostiene que no les quedaría más remedio que tomar una decisión.

El exasesor del Congreso estadounidense considera que la Ley constituye un acto de corrupción al estar “cabildeando y manipulando las instituciones democráticas para doblegar las sanciones norteamericanas”.

“Qué les perjudicaría más perder el acceso al mercado americano o perder acceso al mercado nicaragüense, tienen que escoger me imagino. Es una decisión muy difícil porque van a tener que escoger”.

¿Evadir?

No es una opción para Poblete, la experiencia ha demostrado los efectos de evadir las sanciones, o tratar de contaminar el sistema financiero internacional al contribuir que los sancionados tengan acceso al mismo.

“Es un arma de doble filo, muchas compañías tienden a ignorar [las sanciones] otras cumplen con los establecido con la banca internacional americana porque saben que si pierden acceso a este mercado les va a perjudicar mucho sus negocios, sus ingresos y su reputación”, afirmó Poblete.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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