jueves 30  de  mayo 2024
DERECHOS HUMANOS

Oficina del fiscal de la CPI en Venezuela, desafío para que se adecúen leyes al Estatuto de Roma

Si Venezuela desestima apoyo de la oficina del fiscal para adaptar leyes a normas sobre lesa humanidad quedaría en evidencia falta de voluntad ante la CPI

Por Olgalinda Pimentel

CARACAS.- El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karin Khan, ratificó ante el régimen de Venezuela su jurisdicción para seguir investigando los crímenes de lesa humanidad y abrió una Oficina de Asistencia Técnica en Caracas, en lo que consideró una oportunidad única para enlazar las leyes y el apoyo técnico en favor de al justicia.

En su cuarta visita a Venezuela, Khan tuvo una serie de reuniones con el gobernante Nicolás Maduro, el fiscal cercano al régimen, Tarek William Saab, y el presidente de la Asamblea Nacional, afín al régimen, Jorge Rodríguez, luego de que la Sala de Apelaciones de la CPI, en marzo pasado, decidió que puede proseguir la investigación para que determine si un centenar de hechos denunciados son crímenes definidos por el Estatuto de Roma.

“Ese es mi enfoque; mi trabajo no es ser popular y estoy seguro de que no lo seré; mi trabajo es aplicar la ley y ha quedado claro que tengo jurisdicción para continuar la investigación”, dijo Khan, luego de dejar claro que la oficina “no es secreta” y que no trabaja “ilegalmente ni clandestinamente”, lo que se interpretó como una respuesta para disipar argumentos futuros frente a sus funciones.

Fiscal Kahn dispensó su visita en un momento crítico del país afectado no solamente por la crispada situación político-electoral, sino también por amenazas a la sociedad civil a través de la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo que establece inhabilitaciones, de proyectos de ley sobre el fascismo o contra las ONG, y un preocupante aumento de la persecución y de presos políticos a más de 270.

Oficina del fiscal de la CPI y crímenes de lesa humanidad

Aunque la visita oficial del fiscal es la continuación de la firma del Memorándun de Entendimiento, en 2021, en esta ocasión sigfnifica otra faceta del proceso que no tiene relación directa con la investigación que se realiza desde La Haya, según expertos. Es la primera oficina que se crea en un país bajo investigación.

Se trataría de dar apoyo técnico a organismos del Estado para que puedan adecuar la legislación al Estatuto de Roma, y así estar en capacidad de procesar penalmente delitos considerados crímenes de lesa humanidad, pues en la actualidad no están en capacidad para hacerlo, explicó el profesor de derechos humanos, Fernando Fernández.

“La Oficina de Asistencia Técnica podría colaborar con incorporar técnicamente delitos establecidos en el Estatuto pero con por razones obvias no se han incorporado al derecho interno venezolano”, explicó el abogado Alí Daniels, especialista en el tema y director de la ONG Acceso a la Justicia.

Mencionó, como ejemplo, el caso concreto del delito de persecución, previsto en el Estatuto, que es por lo general el origen de otros delitos de lesa humanidad como la detención arbitraria, la tortuta, la desaparicion forzada, el asesinato, y que sin embargo no está tipificado en el Código Penal venezolano. En este caso podría la fiscalía dar asistencia ténica al parlamento.

O también el caso del Protocolo de Minnesota que la ONU recomienda aplicar cuando ocurren homicidios de personas que están bajo la responsabilidad o custodia de un Estado, y en el que la fiscalía podría capacitar a los organismos oficiales, como la fiscalía, para aplicar el procedimiento.

Adecuar leyes, desafío para Venezuela

“Que luego estos organismos lo apliquen o no, eso es otro tema, pero es obligación de la fiscalía de la CPI dar esa asistencia”, precisó Daniels.

Si Venezuela no adecúa el marco legislativo interno en materia penal al Estatuto de Roma quedaría en evidencia la falta de voluntad del Estado para contribuir con la investigación, y ese es el tema crucial, según el especialista.

“Si después que la fiscalía de la CPI da asistencia técnica y la situación no mejora y más bien empeora como es el caso, según las leyes pendientes, se aplicaría el principio de complementariedad, es decir, si el fiscal determina que el gobierno venezolano no tiene voluntad para investigar y en consecuencia la CPI debe actuar, más bien se daría argumentos para continuar y presentar el caso con nombre y apellido de perpetradores y víctimas”.

Daniels, que conoce varias de las víctimas de la represión por parte del régimen, también se refirió a la aspiración que estas tenían para tener un encuentro con el fiscal Khan, dado que la persecución contra críticos del régimen se ha aguizado.

“Hemos estando en desacuerdo con que el fiscal en visitas previas no se haya reunido aun cuando él explicó que no podría exponerlas, pero en esta ocasión coincidimos que no es el mejor momento”, dijo el abogado quien agregó que si bien el fiscal está cumpliendo su papel debió dar declaraciones abiertas para explicar el objeto de su visita y el estatus de la investigación, que suscitó confusión o erróneas interpretaciones.

La visita del fiscal Khan es la primera y única prevista en 2024, de acuerdo con lo pautado desde la CPI. La próxima sería en 2025.

FUENTE: Entrevistas a Fernando Fernández y Alí Daniels, con información de El Nacional

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