MANAGUA.- Un organismo no gubernamental nicaragüense denunció este jueves el allanamiento de sus oficinas en Managua y la retención por varias horas de dos de sus trabajadores, en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.

Las oficinas de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), en Managua, fue requisada por agentes policiales por orden del Ministerio de Gobernación, dijo a periodistas el coordinador de esa ONG, Amaru Ruiz.

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Durante la requisa, los oficiales se llevaron documentos del organismo, la caja fuerte, un vehículo y retuvieron a dos de los trabajadores que fueron liberados horas después, aseguró Ruiz, biólogo de profesión.

"Hacemos un llamado a organizaciones de la sociedad civil a que protejan sus documentos legales porque seguramente van a continuar con la persecución de las organizaciones que trabajan con la sociedad civil, como ya lo hicieron anteriormente con otras nueve organizaciones", instó Ruíz.

La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local aglutina a más de 22 organizaciones en 111 de los 153 municipios del país que trabajan en proyectos destinados a la sociedad civil.

En diciembre pasado, el Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo y a petición del Ejecutivo, canceló la personalidad jurídica a nueve ONG, incluida la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur-Este de Nicaragua (Fundación Del Río), fundada en 1990 y dirigida por Ruiz.

El ambientalista, a través de la Fundación del Río, alertó a la sociedad nicaragüense de las dimensiones reales del incendio de Indio Maíz en abril pasado, que calcinó unas 5.945 hectáreas de bosque virgen, previo a la crisis sociopolítica que vive el país.

El Ministerio de Gobernación ordenó que los bienes incautados a las nueves ONG ilegalizadas pasaran a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo.

Desde el pasado 18 de abril Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado. EFE

lfp/gf/cav

FUENTE: EFE

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