Partidarios del candidato opositor Sergio Garrido, participan en un mitin en el estado Barinas, el 6 de enero de 2022.
AP/MATIAS DELACROIXBARINAS, Venezuela.- Iglenda Monzón perdió su restaurante a causa de la prolongada crisis económica en Venezuela. Sus hijas emigraron a Colombia para buscar trabajo y dejaron atrás a dos niños. Ella y sus nietos pasan hambre a veces y a menudo no tienen agua corriente, electricidad o gas. El suyo es un relato común en Venezuela y, como millones de personas desesperadas por un cambio, Monzón votó en las recientes elecciones regionales del país.
Su boleta contribuyó a una victoria profundamente simbólica de la oposición en el estado Barinas, corazón del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Y simplemente por depositar su voto, se metió en la cuestión que más divide a los partidos que buscan un nuevo gobierno: participar o no en unas elecciones que la mayoría consideran profundamente injustas.
El triunfo en las elecciones a la gubernatura del estado noroccidental de Barinas, donde nació el fallecido presidente Hugo Chávez y que ha estado regido por su familia durante más de dos décadas, ha sido celebrado por la oposición.
Los votantes que, como Monzón, contribuyeron a esa victoria ven las boletas como una herramienta para el cambio que desean.
“(El cambio) es por voto, es la decisión del pueblo (...) Esas son nuestras armas: el voto. Son las únicas armas que tenemos nosotros la oposición”, afirmó Monzón, de 46 años.
Pero la victoria no ha convencido a los escépticos que dudan del valor de participar en contiendas que la mayoría de los observadores independientes siguen considerando profundamente inclinadas a favor del régimen de Nicolás Maduro.
Dos veces en menos de dos meses, la oposición sorprendió al PSUV al vencer en Barinas. Sergio Garrido, un líder local desconocido para la mayoría en el país, ganó una elección especial celebrada el 9 de enero luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por Maduro, descalificó con carácter retroactivo al aspirante opositor en los comicios de noviembre cuando lideraba el conteo.
Las elecciones estatales y locales de noviembre fueron las primeras en años en las que participaron la mayoría de los partidos opositores. El resultado hizo hincapié en su dilema: el régimen aceptó finalmente una derrota en Barinas, pero solo tras proclamarse vencedor en la mayoría de los otros cargos en juego en el país y después de haber complicado las cosas todo lo posible a sus rivales.
Las autoridades electorales dejaron primero que el candidato opositor Freddy Superlano participase en Barinas, y después el alto tribunal lo descalificó justo cuando parecía que había ganado. Su esposa, que fue elegida como su sucesora, también fue inhabilitada. Y también su reemplazo. El hasta entonces desconocido Garrido sí recibió la autorización.
La principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria encabezada por Juan Guaidó, boicoteó los comicios previos, incluyendo la reelección de Maduro en mayo de 2018, alegando que Venezuela carece de las condiciones para celebrar una votación libre y justa.
Los leales al régimen controlan la autoridad electoral y los tribunales, que frecuentemente han vetado o enjuiciado a los líderes que desafían a Maduro. Y cuando el ejecutivo perdió el control de la Asamblea Nacional en 2015, los funcionarios crearon una nueva súperlegislatura para anular a la anterior.
A su pesar, la oposición accedió a participar en los comicios de noviembre luego de que dos de sus incondicionales se incorporaron a la autoridad electoral, formada por cinco personas.
Pero Guaidó -el expresidente de la Asamblea que fue reconocido por Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros, como el presidente legítimo de Venezuela- no animó a la población a votar y, aunque su partido presentó candidatos, él no acudió a las urnas.
Tras la victoria en Barinas, dijo a reporteros que ese resultado era una gran lección de organización y movilización, pero añadió que la oposición tiene que seguir demandando negociaciones para unas condiciones electorales más justas y para el final del conflicto político.
La exlegisladora María Corina Machado fue más contundente en su postura contra la participación, señalando que quienes votaron le "lavaron la cara” al régimen de Maduro.
“Esto no es una elección, sino una simulación que adjudica espacios sin poder real", dijo en Twitter en la jornada electoral. "Esta lucha requiere deslegitimar y desestabilizar la tiranía”, afirmó.
La oposición venezolana está dividida sobre los boicots al menos desde 2005, cuando los principales partidos se retiraron de las elecciones a la Asamblea Nacional alegando problemas con el sistema de votación y el sesgo del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El resultado se consideró un desastre para los opositores: un triunfo casi total de Chávez que le dio carta blanca para aprobar una nueva legislación.
Los observadores internacionales determinaron que esa votación fue básicamente transparente. Pero las condiciones electorales se han vuelto cada vez más hostiles desde entonces: los medios de comunicación independientes y opositores han cerrado, los partidos opositores han sido controlados y sus líderes fueron encarcelados o forzados a exiliarse.
“El problema es que la participación electoral es el asunto que más divide a la oposición", señaló David Smilde, investigador del centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y profesor en la Universidad de Tulane.
La participación el 21 de noviembre fue de apenas el 42% del electorado. El PSUV de Maduro ganó más de 200 de las 322 municipalías en juego y la mayoría de las gobernaciones, aunque el número total de votos que recibió, 3,7 millones, fue menor que los 3,9 millones de sus adversarios.
Parte del mal resultado de la oposición se debió a su incapacidad para alinearse detrás de un candidato único, lo que divide el voto. Este fue el caso en el estado de Miranda, donde el "chavista" Héctor Rodríguez logró la reelección tras una amarga disputa entre dos aspirantes de la oposición.
Según Smilde, la oposición tiene que encontrar una forma de “resolver los conflictos y forjar una estrategia coherente”.
“No es realista pensar en que una coalición diversa llegará a un consenso ideológico. Pero si pueden acordar mecanismos para formar una coalición efectiva, tendrán éxito, como se ha demostrado en Barinas", añadió.
Aunque Guaidó y otros sostienen que la democracia solo regresará a Venezuela a través de un proceso negociado con el régimen, estos esfuerzos han fracasado repetidamente, la última vez en octubre, cuando el régimen suspendió las discusiones luego de la extradición a Estados Unidos de Álex Saab, un aliado de Maduro, por cargos de lavado de dinero.
Durante el diálogo del año pasado mediado por diplomáticos noruegos en la Ciudad de México, ambas partes hicieron concesiones, pero ninguna se acercó a sus principales objetivos: el final de las sanciones internacionales para el régimen y unas condiciones electorales mucho más justas para la oposición.
Roberto Enríquez, líder del partido conservador COPEI y delegado de la oposición en las negociaciones, apuntó que el régimen de Maduro se alimenta del “caos” de sus rivales y advirtió contra los "comportamientos depredadores o aniquiladores entre nosotros mismos”.
“Se avecinan tiempos clave. Es verdad que hemos tenido muchas visiones y estrategias de lucha distintas (pero) esas diferencies deben quedar atrás”, afirmó.
Las próximas elecciones presidenciales están previstas para 2024, pero algunos están presionando para intentar derrocar a Maduro antes.
La constitución venezolana permite la celebración de un referendo para destituir a un presidente cuando se haya cumplido al menos la mitad de su mandato. Algunos grupos presentaron este mes peticiones para iniciar el proceso, y las autoridades electorales les permitieron seguir adelante, aunque Guaidó y otros se mostraron escépticos acerca de sus intenciones.
En Barinas, la oposición se unió bajo una única candidatura y convenció a gente como María Bolívar, que oficialmente tiene un empleo en un hospital público aunque dejó de trabajar hace mucho porque su salario mensual, equivalente a siete dólares, no le alcanzaba para alimentarse.
Bolívar, de 62 años, dijo que el resto del país debería tomar nota de lo ocurrido: “Que esto sirva de ejemplo para el resto del país que tienen que luchar”, aseveró.
FUENTE: Con información de AP
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