MIAMI – Las acciones de Daniel Ortega que mantiene a seis aspirantes presidenciales encarcelados, además de otros 140 presos políticos, y propicia un fraude de cara a los comicios de noviembre, conducen a Nicaragua a un aislamiento que podría desembocar en una grave crisis económica, en el segundo país más pobre de la región.

Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua advirtió que es sumamente riesgoso invertir en Nicaragua debido a las medidas represivas, la falta de transparencia, el aumento de la corrupción, la ausencia de vuelos comerciales, los antecedentes de expropiación de propiedades y las reformas fiscales que afectan a los inversionistas.

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“Los inversionistas deben ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua bajo el gobierno autoritario de Daniel Ortega. Han pasado casi tres años desde que la crisis política dejó en el país más de 300 manifestantes pacíficos muertos, 2.000 manifestantes heridos, y más de 100.000 nicaragüenses desplazados”, expresa el gobierno de Estados Unidos a través de su reporte anual sobre clima de inversión. Y añade, “el régimen de Ortega continúa suspendiendo los derechos constitucionalmente, deteniendo a presos políticos y haciendo caso omiso del estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria”.

El exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz, dijo que el panorama no es nada optimista. “Nos podríamos convertir en una isla en tierra firme, un ave rara, un Estado paria, es lo peor que nos podría pasar y a nadie le conviene, ni al mismo gobierno por sus propios intereses y por el bien del país. Ojalá que entre en razón”.

“Pareciera que Daniel Ortega y su señora Rosario Murillo están desafiando al mundo, a las instituciones políticas internacionales como Naciones Unidas, OEA, Congreso de Estados Unidos, Parlamento Europeo.

¿En qué sentido está desafiándolos?, hasta el día de hoy demostrando que no han encontrado ningún mecanismo [que les haga cambiar su política autoritaria], porque no existen mecanismos compulsivos más que expresiones, sanciones, declaraciones de naturaleza moral que no logran persuadirlos para crear las condiciones para una transición pacífica hacia la restitución de la libertad y la democracia en Nicaragua”, aseveró.

El exdiplomático sostiene que Ortega tiene una visión de guerra para la política, y no se equivoca, Ortega amenazó a sus adversarios políticos con las armas del Ejército y la Policía, durante el acto de aniversario de la llamada “revolución sandinista”.

“Tenemos que seguir luchando con el pueblo unido porque el pueblo unido jamás será vencido y con el pueblo armado, porque el pueblo armado jamás será aplastado, y aquí tenemos un Ejército que está para resguardar la soberanía nacional”, dijo Ortega durante el acto conmemorativo el 19 de julio.

Los opositores arrestados en la última ola son acusados por el régimen sandinista de atentar contra la “soberanía nacional”, así califica a los opositores que denuncian las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

La represión tras el estallido social de 2018 dejó un saldo de más de 325 asesinatos con armas de guerra contra manifestantes, cuyas balas atravesaron órganos vitales de las víctimas. El armamento es de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Organismos de derechos humanos sostienen que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad, un delito que no prescribe.

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El dictador sandinista Daniel Ortega junto a la militante del FSLN y presidenta del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha.

El dictador sandinista Daniel Ortega junto a la militante del FSLN y presidenta del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha.

Los oídos sordos de Ortega y las consecuencias

En el contexto del proceso electoral lo que predomina son encarcelamientos, acoso de opositores y un Consejo Supremo Electoral (CSE) dominado por el sandinismo.

Ante el llamado de que Ortega libere a los a los presos políticos y realice elecciones libres y observadas, el mandatario responde con acusaciones de injerencia.

El Departamento del Tesoro del Gobierno ha impuesto sanciones a 31 funcionarios nicaragüenses cercanos a Daniel Ortega, incluidos el jefe del Ejército, Julio César Avilés, y varios mandos policiales, acusados de participar en violaciones a los derechos humanos. Recientemente Estados Unidos sancionó a 100 funcionarios del régimen con la cancelación de visas, mientras Canadá sancionó a otros 15.

Al régimen no parece importarle las sanciones. El presidente de la Asamblea Nacional dominada por el sandinismo dijo que Ortega sería el candidato y que su “triunfo” sería “indiscutible”.

Y aunque Ortega no ha confirmado su candidatura, los militantes de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el acto partidario vistieron camisetas con el lema “Daniel 2021”.

“Nicaragua sería castigada con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana [de la OEA] que habla de la suspensión del Estado parte, un escenario donde realmente los países estarían aplicando sanciones, harían sentir su capacidad en las instituciones financieras internacionales, donde la comunidad internacional particularmente democrática diría bueno aquí no ha habido elecciones, una pantomima”.

Por otro lado, el Parlamento Europeo exigió en una reciente resolución se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, hasta que la dictadura libere a los presos políticos, levante el estado de emergencia y haga las modificaciones correspondientes que garanticen a los nicaragüenses unas elecciones libres bajo observación internacional.

Mientras, el Congreso de los Estados Unidos está a la espera de aprobación el proyecto de ley de sanciones conocido como Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), dirigido a promover elecciones libres y justas en la nación centroamericana.

Nuevas sanciones profundizarían el aislamiento de Nicaragua, que busca nuevas alianzas con otros países ubicados en otros continentes como Rusia, China e Irán.

Para Díaz, no existe interés de Ortega cumplir con las demandas de la comunidad internacional.

“Este gobierno ha hecho lo que ha querido, no hay hasta el día de hoy señales de que van a cambiar. Los nicaragüenses ya estamos cansados de escuchar pronunciamientos, condenas, exhortos, tanto papel, tanto documento”, dijo el exdiplomático.

El plazo para las inscripciones de candidatos es del 28 de julio al 2 de agosto. Ortega, que cumplirá 76 años en noviembre, ha sido el único candidato de su partido.

“Sin lugar a duda saben que, si van a una elección libre, competitiva, transparente con todos los estándares establecidos en la Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana de la OEA, pues con toda seguridad que pierden la elección”, subrayó Díaz.

@FloresJudith7
Jflores@diariolasamericas.com

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