jueves 28  de  marzo 2024
VENEZUELA

Parlamento dibuja un país a la medida de Maduro

Expertos advierten que la Asamblea Nacional designada en 2020 se ha puesto de espaldas al interés del ciudadano, en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía y en favor de la impunidad
Por EUGENIO G. MARTÍNEZ

ESPECIAL/CARACAS.- La Asamblea Nacional constituida en Venezuela en 2020, resultado de un cuestionado proceso electoral, continúa modificando el entramado legal del país. En algunos casos, se trata de normas simbólicas y sin trascendencia real, pero en otros, las nuevas leyes dibujan el país que Nicolás Maduro visualiza: Un Estado en donde se pone atención a la aprobación de normas, pero no a la impunidad.

Según el informe “Situación y análisis de las reformas legislativas realizadas por el Gobierno de Venezuela vinculadas con el sistema de justicia”, realizado por los integrantes de la organización Acceso a la Justicia, se explica que “la reforma de las leyes parte de la falsa premisa de que los problemas que generaron y generan crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Venezuela se originan en la deficiencia normativa y no en la existencia de políticas públicas que los hacen posibles”.

Para los integrantes de Acceso a la Justicia “la revisión de los cambios que el Parlamento ha hecho al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Código Orgánico Penitenciario y Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), o las disposiciones que introdujo en instrumentos nuevos como la Ley para el Respeto de los Derechos Humanos en el Ejercicio de la Función Pública, ha permitido hallar puntos positivos en buena parte de las normas estudiadas” como el levantamiento del veto a las organizaciones de derechos humanos para que puedan representar judicialmente a cualquier persona que haya sido víctima de vulneraciones a sus garantías fundamentales; la desmilitarización de la custodia de los centros de reclusión; o la prohibición expresa del juzgamiento de los civiles ante los tribunales castrenses.

Sin embargo, en el informe se advierte que estas modificaciones por sí solas son insuficientes. “Al depender la efectividad de los cambios realizados de una voluntad política por parte de las autoridades judiciales y administrativas se pierde todo su efecto en la medida en que una ley no puede estar sujeta en su cumplimiento a la voluntad de ningún funcionario (…) las normas que se han reformado o dictado en protección de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, no establecen la obligación de dar cuenta a las mismas de las actuaciones realizadas ni implementan mecanismos de reparación”.

Para Acceso a la Justicia “la docena de leyes reformadas o aprobadas por la AN electa en diciembre de 2020 parece ser parte de una estrategia del Gobierno para bloquear las investigaciones por delitos de lesa humanidad que inició la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

¿Viraje económico?

Aunque las leyes judiciales reformadas o aprobadas por la AN en los últimos meses parecen estar destinadas a hacer creer a la CPI que hay voluntad política para atacar las causas de las violaciones de derechos humanos en el país, las leyes de carácter económico “pueden resultar nefastas tanto para la sociedad como para el mismo Maduro”, según alerta el economista Leonardo Vera en un reciente análisis sobre la materia para el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Según Vera “bastará revisar solo cuatro casos significativos de la funesta labor que viene haciendo esa Asamblea Nacional para cerciorarnos cómo se ha puesto de espaldas al interés del ciudadano, en desmedro de la calidad de vida de la gente. A saber: La Ley de Presupuesto para el año 2022, la reforma a la Ley de Registros y Notarías, la reforma a la Ley de Impuesto a la Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y el proyecto de Ley de Cooperación Internacional".

Para Vera, "la Ley de Presupuesto de 2022 por 62.379 millones de bolívares (13.560 millones de dólares al cambio oficial), “carece de premisas macroeconómicas (tasa de inflación, tipo de cambio, Producto Interno Bruto real o nominal) y ni siquiera indica que precio promedio esperado del barril de petróleo se usó para las estimaciones”.

En el caso de la Ley de Registros y Notarías Vera advierte: “sin consulta pública y en un acto donde se ignoraron los principios constitucionales de legalidad, capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad, la Ley de Registros y Notarías fue reformada por los asambleístas de Maduro a finales de 2021 (y emitida en la Gaceta Oficial número 42.301 del 20 de enero). La Ley se ha convertido en un instrumento de agresión al ciudadano y muy especialmente a los emprendedores, desde el mismo momento que los aranceles se incrementaron en magnitudes exorbitantes y han quedado anclados al dólar”.

Por otra parte, la reforma a la Ley de Impuesto a Grandes Transacciones Financieras terminó convirtiéndose culminó en una legislación tributaria que creó “un gravamen, discriminatorio, acumulativo y regresivo, es una cruel argucia. Pero el mejor regalo de los legisladores a la ciudadanía fue dejar abierta la posibilidad de llevar la alícuota hasta el 20%, un verdadero récord mundial para impuestos de este tipo”

En el caso de la Ley de Cooperación Internacional, como se ha explicado en otros artículos de Diario Las Américas el Foro por la Vida, una coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos sostiene que esta norma “es una amenaza para su trabajo en beneficio de la sociedad venezolana (…) La Ley plantea graves restricciones a la actividad de las ONG, trabajo que incluye el acompañamiento de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, acciones de capacitación y formación, impulso del desarrollo social, promoción del deporte, la ciencia y la salud”.

Entre los cuestionamientos concretos al proyecto de ley -que sigue la orientación de leyes similares en Nicaragua- destaca que se presupone la ilegalidad en las actividades de las organizaciones al exigirles entregar toda su información al Estado; establece un control que legitima la disposición de los fondos de las organizaciones y su adjudicación a discreción y criminaliza la acción de las ONG de derechos humanos y las estigmatiza en sus posibles interacciones con otros países o entidades de la comunidad internacional

Tutela a la familia

Entre los últimos movimientos de la Asamblea Nacional venezolana destaca la aprobación del proyecto de Ley de Tutela Civil, un texto que está dirigido a regular la institución familiar a través de la tutela.

Según el análisis de Acceso a la Justicia la propuesta legal, que consta de 27 artículos, pretende proteger a las niñas, niños y adolescentes por medio de la familia sustituta en la modalidad de tutela cuando se encuentren separados temporal o permanentemente de su familia de origen.

Una disposición compleja, si se considera que a causa de la emergencia humanitaria compleja muchos padres han salido irregularmente de Venezuela (caminando a través de la frontera) para intentar establecerse en otros países, mientras su hijos permanecen en Venezuela.

De hecho, la Ley establece que cuando ambos progenitores o uno de ellos, hayan fallecido, se desconozca su ubicación o se encuentren afectados en la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la responsabilidad de crianza, se aplicará la tutela civil

Los pobres, los más afectados

A pesar de la aprobación o reforma constante de instrumentos legales desde el Parlamento venezolano, en su más reciente informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que “la falta de Estado de derecho “generó un ambiente propicio para la comisión sistemática de graves violaciones de Derechos Humanos”.

Según el análisis de Acceso a la Justicia al informe de la CIDH “no solo los pobres son víctimas de abusos: aquellas personas que osan disentir del Gobierno o reclaman sus derechos también tienen altas probabilidades de ser detenidas ilegalmente, maltratadas durante su cautiverio y sometidas a procesos judiciales injustos”.

En este informe la CIDH instó a las autoridades venezolanas a “restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado”.

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