LIMA.- El presidente de Perú, Pedro Castillo, reafirmó en las últimas horas la intención del Gobierno de intervenir en el yacimiento de gas de Camisea, el más importante del país, en Cusco, pues "ya es tiempo de que el crecimiento esté equilibrado con el desarrollo del país".

"Nos vamos a comprar el pleito para recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos", manifestó Castillo durante un acto celebrado en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú, reafirmando así la promesa en ese sentido que hizo el pasado 28 de julio durante su discurso de investidura.

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"Hay personas que no quieren ver el desarrollo del país, porque están acostumbrados a decir que estamos en crecimiento económico. Ya es tiempo de que el crecimiento esté equilibrado con el desarrollo del país", según el gobernante.

Castillo contó que sus compatriotas le piden trabajo y no subsidios por desempleo y criticó que "algunos no hayan entendido" todavía que los primeros días del nuevo Gobierno busquen asegurar "la vida y la salud" de los peruanos.

"No vamos a permitir que gente insensible a las necesidades del pueblo nos ponga la agenda porque hemos venido a comprarnos el pleito, justamente con el pueblo, para darle salud, educación, agricultura a nuestro pueblo", subrayó en declaraciones recogidas por la cadena RPP.

Las palabras de Castillo se producen pocos días después de que el ministro de Economía, Pedro Francke, descartase la posibilidad de realizar expropiaciones en el sector del gas natural y las hidroeléctricas, después también de unas declaraciones parecidas del primer ministro, Guido Bellido, quien dijo que el sector energético "tiene que estar en manos del Gobierno".

"No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa", matizó Francke.

El yacimiento de Camisea, situado en el sur del país, es explotado desde el año 2000 por la compañía transnacional Pluspetrol, a través de un contrato que ha sido ampliamente criticado por algunos sectores políticos y colectivos civiles por suponer un "perjuicio" para los intereses del Estado peruano.

FUENTE: Con información de Europa Press

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