LIMA.- El Gobierno peruano anunció que extenderá por 30 días el decreto 003, creado para afrontar el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht y cuya vigencia expiraba este martes, mientras se debate una normativa de reemplazo que permita reactivar grandes proyectos de infraestructura.

La nueva norma, cuyo objetivo es garantizar es que las empresas investigadas por corrupción sigan trabajando en el país a cambio de una reparación civil, fue presentada por el Ejecutivo el pasado miércoles ante el Congreso, con la confianza de que sería aprobada rápidamente, pero no obtuvo el apoyo suficiente.

Tras una reunión conjunta de alrededor de ocho horas de las comisiones parlamentarias de Economía y Justicia con los respectivos ministros de Economía, Claudia Cooper, y de Justicia, Enrique Mendoza, ambas partes acordaron seguir negociando el nuevo decreto durante un mes más.

Cooper explicó que el Ejecutivo ha incorporado algunos aportes de los congresistas pero destacó que el debate debe continuar para afinar la norma.

"Es absolutamente importante porque necesitamos una norma con la fortaleza suficiente para dar certidumbre a los agentes económicos, de manera que tomen decisiones que les permitan garantizar la cadena de pagos y sus inversiones", indicó.

El decreto 003, conocido como Anti-Odebrecht, fue aprobado el 13 de febrero de 2017 en medio del escándalo suscitado por las revelaciones de Marcelo Odebrecht, expresidente de las constructora brasileña, sobre los millonarios sobornos pagados a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse grandes contratos en obras públicas.

La norma ordenó la intervención de cuentas, prohibió contrataciones estatales y controló de forma tajante la venta o transferencias de bienes y capitales de empresas que hubieran confesado actos de corrupción o que fueran culpables de ese delito.

En un principio solo implicaba a Odebrecht, pero luego se amplió para que afectara a los socios, lo que puso en entredicho a gran parte de las empresas constructoras peruanas, que a su vez también se han visto envueltas en escándalos paralelos de corrupción.

Las implicaciones del decreto también desalentaron a ejecutivos de las constructoras a colaborar con las investigaciones a cambio de beneficios.

En las últimas semanas, empresarios, analistas y economistas peruanos coincidieron en pedir la reforma y mejora del Decreto de Urgencia 003 y pidieron una nueva versión que evite daños a la economía y el empleo en el país.

El caso Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica y las investigaciones en Perú, donde pagó sobornos entre 2005 y 2014, afectan a la plana política.

Ese período abarca los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura internacional; Alan García (2006-2011), investigado por sobornos pagados para construir el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas electorales.

También están investigadas la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por presuntamente haber financiado campañas electorales con fondos de Odebrecht

FUENTE: EFE

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