El Secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo afirmó que la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro debe continuar, luego que ayer se difundiera el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet sobre Venezuela, que denuncia la falta de independencia del sistema de justicia del país.
"La ONU encontró mas evidencia de violaciones de derechos humanos por parte del régimen, se registraron más de 1300 ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos en 2020”, expresó Pompeo durante una conferencia de prensa, reseñó El Nacional.
El alto funcionario estadounidense indicó que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando al régimen de Maduro hasta que el país vuelva a la democracia.
“La presión internacional contra Nicolás Maduro debe continuar hasta que el pueblo venezolano pueda recuperar su democracia“, dijo.
La publicación de este informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene lugar una semana después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidiera suspender la directiva del partido político del presidente interino Juan Guaidó, Voluntad Popular, y entregara el control de esa organización a un rival (José Gregorio Noriega), a pedido del dictador Nicolás Maduro.
La ONU estima que la independencia del sistema de justicia ha sido socavado por "la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales, la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política".
El informe señala también que "las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia, lo que redunda en su revictimización".
Entre sus recomendaciones, la ACNUDH insta a Venezuela a que establezca un mecanismo independiente e imparcial para nombrar jueces y fiscales a través de un proceso público transparente.
También solicita la independencia e imparcialidad de los tribunales antiterroristas y el fin del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares.
Asimismo, pide "investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas".
FUENTE: REDACCIÓN