MIAMI.- El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha comprometido a liberar a los presos políticos en un plazo no mayor de tres meses, también se han comprometido con democratizar el país, y a realizar reformas electorales. A cambio, su contraparte, la Alianza Cívica, se ha comprometido con realizar gestiones para suspender las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Ortega por violaciones a los derechos humanos y corrupción; asimismo, con intermediar ante la posibilidad de sanciones por parte de la Unión Europea.
El anuncio del acuerdo fue hecho por Luis Ángel Rosadilla, representante de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos y por el nuncio Waldemar Sommertag. Ambos participan en el diálogo como testigos y acompañantes internacionales. Los equipos negociadores están integrados por la Alianza Cívica, representantes del régimen Ortega Murillo, la OEA y el nuncio apostólico.
La Alianza Cívica en la mesa de negociación se ha convertido en la interlocutora de la oposición, pero no es totalmente representativa, varios de los grupos opositores han abandonado la negociación por estar en desacuerdo con el rumbo del diálogo, otros grupos están en desacuerdo con un diálogo con el régimen, al considerar que Ortega busca ganar tiempo y evadir las sanciones. Actualmente la Alianza Cívica está integrada por el gran capital nicaragüense, la sociedad civil y un sector universitario, y se han comprometido con hacer gestiones para que se suspendan sanciones contra el régimen, luego de que se formulen acuerdos sobre las medidas a implementar para democratizar el país.
Ortega busca oxigenarse ante las sanciones dirigidas a seis de sus altos funcionarios, entre ellos, su esposa Rosario Murillo, quien funge como vicepresidente de Nicaragua, y las sanciones a Albanisa y Bancorp, el conglomerado de empresas y la banca creada con fondos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que forman parte de la riqueza obtenida por la familia presidencial y sus allegados.
“Una vez logrados estos acuerdos en la mesa de negociación, ésta (la mesa) realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyos a la implementación de los mismos. En su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población”, expresa el comunicado de la mesa de negociadores que fue leído por el nuncio Waldemar Sommertag.
Ortega ha “cedido” liberar a los presos tras la condición impuesta por la OEA para servir como garante de las “negociaciones” entre el régimen y un sector de la oposición representada en la Alianza Cívica. Para ese fin, el gobierno sandinista se comprometió a invitar a la Cruz Roja Internacional.
“Si realmente Ortega tuviera voluntad de sacar a los presos políticos lo haría en tres días y no tres meses. La condición impuesta por la OEA para participar como garante en el diálogo obligó a firmar el compromiso para liberarlos. Pero decir que, en 90 días, no me parece serio, Ortega va a buscar las artimañas jurídicas para dejar presos a los principales líderes políticos”, opinó el político independiente Leopoldo Gómez.
Christian Martínez, representante de la Fuerza Ciudadana de Unidad Nacional (FCUN), considera que el diálogo promovido por el régimen es una farsa. Ortega se caracteriza por no cumplir los acuerdos que firma. Uno de los más claros es el incumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II, porque impide la democratización del país y elecciones libres. Ese acuerdo contribuyó a garantizar la paz en Nicaragua y Centroamérica y dio pautas a elecciones libres en 1990, en las que Ortega perdió el poder.
“No nos sentimos representados y la lucha la vamos a seguir dando desde dentro y a nivel internacional. El Gobierno se está saliendo con la suya, está en una mesa de negociación entre los autores que se han enriquecido y han contribuido al derrumbe democratico del país”, aseveró.
Para Martínez, una de las garantías principales para la restitución de los derechos elementales de los nicaraguenses que debe ser tema de agenda en el diálogo, es la derogación de la llamada Ley Antiterrorismo promulgada por el régimen en el contexto de las protestas para procesar al liderazgo político opositor.
En ese mismo sentido, promover la investigación y sanciones contra fuerzas castrenses, de la Policía Nacional y paramilitares involucrados en crímenes. Los últimos operaban de manera conjunta en la represión, secuestro, torturas y desapariciones de opositores.
“Otro punto importante es el desarme de los grupos paramilitares organizados y financiados por el régimen, de eso no se ha hablado, esperamos escuchar del tema”, indicó el representante de FCUN.
¿Presos, fichas de intercambio?
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Nuñez de Escorcia, valoró que el régimen Ortega Murillo utiliza a los presos políticos como canje.
“Veo a nuestros presos políticos como fichas de intercambio del dictador, ¿cómo manejarán esa agenda? Serán escogidos uno a uno mientras se discuten los puntos de agenda (de negociación en el diálogo), y durante 90 días las madres esperando desesperadas a la intemperie en las puertas de las cárceles. No, eso no es aceptable” cuestionó.
Nuñez señaló que los derechos humanos no son negociables y que la libertad de los presos políticos tampoco debe serlo. “Todo este horror es un problema de derechos humanos”, subrayó.
El régimen sandinista se comprometió con realizar reformas a la Ley electoral, mientras la llamada Alianza Cívica mantiene como demanda de negociación adelantar elecciones, algo que Ortega ha dicho no hará hasta que concluya el periodo.
A criterio del analista político, Richard Pérez, el último acuerdo entre el gobierno y la Alianza, deja claro el poder de negociación entre ambas partes.
Sostiene que el régimen tiene a los presos políticos para usarlos como moneda de cambio, mientras la Alianza Cívica, utiliza las sanciones internacionales como una medida de presión efectiva contra Ortega. Pero, aunque Ortega tenga control de los poderes del estado, no lo tiene para detener procesos como el de la Nica Act, la Ley de sanciones dirigidas al régimen sandinista, pues tiene “sus propios plazos y dinámicas que no se detendrán por un acuerdo, sino por el cumplimiento de sus propias condiciones”.
“La salida de los prisioneros políticos no tenía fecha. Dolorosamente, el plazo que se ha negociado es de tres meses, lo cual es excesivo. Esto prolonga el plazo de la negociación a tres meses. Ortega los irá sacando de la cárcel conforme vayan avanzando las negociaciones, y dejará salir a los principales hasta en el último grupo, en el último minuto del día del plazo final. Ese es su estilo. Las libertades civiles y políticas seguirán suspendidas de facto. Hay un estado de emergencia no declarado. Ortega no quiere ninguna manifestación de fortaleza de la oposición, porque el ya no puede mostrar fuerza en las calles”, afirmó Pérez.
