La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció el lunes que planea realizar un referendo para determinar si los pagos de las pensiones para trabajadores del sector público deberían ser protegidos por la Constitución local por primera vez en la historia de la isla.

De ser aprobada, la medida prohibiría usar dinero del sistema de pensiones para empleados públicos de Puerto Rico para pagar a los acreedores, un desafío a las intenciones de la junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla de que los pensionados compartan la carga con los inversores en una reestructuración parcial de los más de 70.000 millones de dólares de deuda pública de la isla.

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En la actualidad, el sistema de pensiones para empleados públicos enfrenta más de 50.000 millones de dólares en pasivos sin fondos y el gobierno del territorio ha estado resistiendo los intentos de la junta de imponer un recorte en las pensiones y otras medidas de austeridad.

Vázquez buscará su reelección en noviembre —cuando se realizaría el referendo— y enfrenta unas elecciones primarias el 9 de agosto.

Vázquez solicitó que el martes se realice una sesión extraordinaria de la legislatura a fin de que los legisladores de Puerto Rico puedan discutir ese y otros temas.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, se manifestó a favor del referendo y acusó a la junta de preocuparse más en retribuir a los acreedores que en garantizar el pago de las pensiones.

En caso de aprobarse, la enmienda constitucional estaría destinada a proteger todas las pensiones, incluyendo las actuales.

A través de un comunicado, la junta de control federal indicó que se enteró del referendo en la conferencia de prensa y que no ofrecerá comentarios al respecto hasta obtener más información.

Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), dijo en entrevista telefónica que en caso de que el resultado del referendo sea a favor de la protección, las autoridades se verían obligadas a obtener dinero de otros fondos para pagar la deuda.

El año pasado, un grupo de empleados públicos jubilados logró un acuerdo tentativo con la junta para proteger a más de 60% de los jubilados de algún recorte. El trato limitaría los recortes de pensiones a un máximo de 8,5% para aquellos que reciben mensualmente 1.200 dólares o más en beneficios por jubilación, con comparación con un máximo de 25% en reducciones que la junta de control llegó a pretender.

El proceso electoral de noviembre también incluye un referendo de “sí o no” a la estadidad, si bien esa pregunta depende finalmente del Congreso.

FUENTE: AP

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