La acción en el estado Bolívar ordenada por Trump que aniquiló al jefe del Tren de Aragua refuerza el tutelaje estadounidense sobre el régimen, según expertos
La jefe encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez cooperó con EEUU dos meses después de dar un discurso durante un desfile cívico-militar por el 24.º aniversario del regreso al poder del fallecido presidente Hugo Chávez.
AFPMIAMI.-Con la operación militar “conjunta” del 12 de junio en el estado Bolívar, la región con más minas de oro en Venezuela, el gobierno de EEUU ejecutó dos de sus objetivos en simultáneo. Esta acción se alinea con el plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) que Washington anunció oficialmente para el país sudamericano el pasado 7 de enero, afirman expertos.
En primer lugar, consiguió asestar un golpe mortal al Tren de Aragua con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “el Niño Guerrero”, buscado jefe de la organización criminal extranjera que amenaza a la seguridad nacional.
Y, al mismo tiempo, favorecer con la acción militar el ingreso de inversionistas estadounidenses, principalmente en el sector minero, un área dominada por la explotación ilegal que el chavismo manejó por más de 20 años en el poder.
A través de la acción militar, Trump habría profundizado el tutelaje que ejerce sobre el régimen de Delcy Rodríguez, el cual no habría tenido más opción que cooperar en la intervención del territorio del Arco Minero, en un intento por prolongar su sobrevivencia tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
A Rodríguez “no le quedó otra” que aceptar la acción militar de EEUU, sostiene Cristina Vollmer, directora de SOS Orinoco, que lleva años monitoreando el medio ambiente de dicha región, que está devastada por la criminalidad.
“Creo que está entre la espada y la pared, bajo la obligación de colaborar con EEUU”, reitera y resalta que la desinformación oficial sobre la controvertida operación militar, que persiste a pesar de las graves implicaciones, no deja ver de inmediato los efectos.
Solo el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, hizo referencia somera a la muerte del jefe del Tren de Aragua al que se le ha asociado, a más de 10 días del hecho. Lo hizo sin mencionar la presencia estadounidense, —“imperialista” diría en otros tiempos—, en el hecho.
“Seguimos en este trabajo de luchar contra las bandas”, dijo en sintonía con el comunicado del régimen, publicado tras el anuncio de Trump, en una declaración que comprometió la responsabilidad chavista en la salida impune de la banda criminal hacia otros países, EEUU entre ellos.
“Aquí no había Tren de Aragua, no, el Tren de Aragua fue echado de Venezuela, ¡echado!”, añadió.
Tras la operación militar, el sector Las Claritas, ubicado en el kilómetro 88 del estado en el que se ocultaba y fue atacado el Niño Guerrero, sigue atravesado por patrullaje venezolano para evitar posibles represalias o hechos violentos. También lo invade el misterio.
Mientras aumenta el desplazamiento de pobladores del lugar hacia otros municipios del estado, defensores de derechos humanos reclaman la falta de información oficial y de seguridad de la población.
A la fecha, la muerte de “El Niño Guerrero” sigue envuelta en la contradicción oficial de si ocurrió bajo un bombardeo o durante un enfrentamiento.
Además, se desconoce qué pasó con Johan Romero, alias “Johan Petrica”, el otro cabecilla del Tren de Aragua quien había asumido el control de la organización y por quien EEUU ofrece una recompensa de cuatro millones de dólares; o con otros jefes de peligrosas bandas que operaban con el Niño Guerrero y que estarían juntos en el momento del ataque.
Tampoco se sabe la suerte de muchos mineros locales obligados a trabajar en la explotación ilegal del oro, ni si sigue operando la minería ilegal detectada a través de rastreos de SOS Orinoco en San Martín de Turumbán, en la frontera con Esequibo, entre Bolívar y Delta Amacuro, y que está controlada por miembros de las guerrillas colombianas ELN y FARC.
“El Rodrigato y el oficialismo se vieron obligados a colaborar, funcionan con la soga en el cuello como nos hicieron funcionar a los opositores durante 26 años, y están actuando en consecuencia, les guste o no”, remarca Américo De Grazia, exalcalde de Piar, uno de los principales municipios del estado, y exparlamentario por Guayana.
Según los expertos, detrás de la decisión de realizar la operación militar conjunta existe una razón crucial.
El estado Bolívar, clave de la vasta región de Guayana y que hace frontera con la fachada atlántica, es catalogado como zona estratégica especial para el país y para el plan estadounidense. Suministra el 75% de la energía eléctrica necesaria para la población y la incipiente explotación petrolera, además posee el 80% de las fuentes hídricas de Venezuela, por lo que se distingue, adicionalmente, como una zona amazónica por excelencia, apunta De Grazia.
Y en esa inmensidad opera el “tinglado criminal” incrustado en el Arco Minero y aupado desde el chavismo, en el que pranes, miembros del Hezbolá y de Hamás “administraron minas de diamantes, de oro y de coltán”.
“El Arco Minero es una política de Estado que aplica a todo el sur del Orinoco que tiene una extensión de 500,000 kilómetros cuadrados, y no una zona geográficamente delimitada como se quiere hacer ver”, advierte Vollmer al cuestionar argumentos de militares chavistas.
Esta zona de desarrollo estratégico, creada por Hugo Chávez para sustituir en teoría el ingreso petrolero, e impulsada oficialmente por Nicolás Maduro en 2016, es un reservorio de más de 111 mil kilómetros cuadrados de minerales.
Y es territorio de extracción ilegal en el que operan grupos criminales, a los cuales se integraron jefes del Tren de Aragua, con la complacencia de militares afectos al chavismo, para asegurar el control territorial e incluso la permanencia en el poder, señalan.
“Fue un plan estratégico diseñado desde Cuba por Fidel Castro, quien también trazó el mismo modelo a Evo Morales, a Nicaragua y que sigue en la Marquetalia colombiana, para tener un territorio controlado y dominado por la criminalidad”, acota De Grazia.
En el sector Las Claritas, asiento de los grupos criminales, hay minas cuya propiedad atribuyen a militares y altos funcionarios del chavismo, entre ellos los Rodríguez. Algunas se encuentran abandonadas.
“La mina Colombia, que se dijo habían regalado a Zapatero y de lo que no hay pruebas, es una de las más tradicionales de oro, con vetas grandes, y se encuentra totalmente inundada de agua y por eso ya no sacan mucho oro de allí. No le han hecho mantenimiento ni hay bombas de achique, es un desastre. ¿Y cómo van a hacerlo si está en manos de unos pranes?”, subraya Vollmer con base en testimonios recogidos por su organización.
El control del chavismo en las zonas ricas en “minerales raros” que hoy se disputan China y EEUU es hecho conocido por los pobladores del sector y confirmado incluso por el alcalde Coromoto Lugo, en el contexto de la operación militar conjunta, en un mensaje por redes.
“Entre quienes explotan las minas de oro en la entidad se encuentran artistas ligados al gobierno nacional (…) Hay testaferros del gobierno”, insistió, tras denunciar el manejo de las plantas recuperadoras de oro y quejarse de que la joyería artesanal “desapareció”.
Sin embargo, la devastación del sector minero y del ecosistema expone la interrogante de si los inversionistas entienden la magnitud del “pasivo” que les va a tocar.
“Durante 25 años, la dictadura se dedicó a destruir sistemáticamente proyectos formales como Gold Reserve y Crystallex, e incluso los del propio Estado venezolano como Minerven CA, generando una deuda multimillonaria y abriendo el camino para que la minería informal, destructiva; las mafias y los grupos armados ocuparan el territorio”, subraya la experta de SOS Orinoco. Y reitera:
“Esto no fue ausencia del Estado: fue un Estado pervertido que protegió y benefició la criminalidad y toda ilegalidad”, añade. Asegura que la Amazonía-Guayana y el pueblo venezolano “pagan el costo”.
De Grazia, quien fue denunciante principal de la desaparición y asesinato de mineros en la localidad de Tumeremo, por grupos armados entre 2016 y 2018 —crímenes aún impunes—, sostiene que tras la operación militar en Bolívar “ahora comienza una fase mucho más complicada”.
“Vendrán nuevas acciones e interacciones entre los actores, peleándose por el pedazo de la torta. Pero de lo que sí estoy seguro es que van a cambiar. Esta fase financiera de las minas la perdió el oficialismo”, afirma convencido.
Lo que ha quedado de aquella acción lo resume en “lo bueno, lo malo y lo feo, en paralelismo al western americano.
Lo bueno, señala, es que “se busca desalojar a los militares afines al régimen de Maduro que han manejado detrás de bastidores, hasta ahora, las minas de Venezuela junto con operadores políticos, pranes y el ELN, en el sur del Orinoco”.
“Lo malo es que estamos cifrando las esperanzas como región y como país nuevamente en el extractivismo y ningún país bajo ese esquema se ha desarrollado”. Lo feo sería “el cero aún en libertad y democracia”.
“Todo eso está en ruinas. Si mañana alguien llegara a la presidencia y quisiera subir la cuchilla, primero, para ponerla a funcionar, tiene que restablecer en su totalidad el sistema eléctrico que se perdió”, advierte De Grazia.
Opina que la baja del Niño Guerrero “no es el final del problema, aunque ayuda”. Y supone que fuerzas militares “podrían regresar” a Venezuela.
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, no lo descartó el 14 de junio pasado: “Tenemos la Coalición Estadounidense contra los Carteles, A.C, que estamos formando con gobiernos socios en toda Centroamérica y Suramérica para perseguir, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras y el narcotráfico".
FUENTE: Entrevistas a Cristina Vollmer, de SOS Orinoco y exdiputado Américo De Grazia
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