martes 19  de  marzo 2024
Guía

¿Qué le espera al régimen de Maduro en la investigación de la CPI?

"Los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles en la CPI"

La CPI, bajo mandato del Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La Corte Penal Internacional reclasificó un documento de la fiscal saliente sobre el caso venezolano, donde la antecesora del fiscal jefe Karim Khan concluyó que existen elementos para considerar “admisible” una investigación en cuanto a crímenes contra la humanidad y observa “inacción” del Estado venezolano.

Así, Venezuela se convierte en el primer país de América Latina en el que las autoridades son investigadas por la CPI por cometer crímenes de lesa humanidad.

El texto, que incluyó las observaciones de la fiscal saliente Fatou Bensouda ante la Sala de Prejuicio de la CPI sobre el caso venezolano, precisa que existe “una base razonable” en su investigación por creer que “se han cometido crímenes en Venezuela dentro de la jurisdicción de la CPI”.

Su informe, fechado el 15 de junio pasado, remarca que existen elementos para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro “han cometido delitos contra la humanidad mediante el arresto u otra privación severa de libertad física, tortura, violación y/o otras formas de violencia sexual y persecución contra cualquier grupo identificable por razones políticas”.

El documento responsabiliza de manera directa a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), reseña el Diario de Cuba.

“Los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles de conformidad con el artículo 17” del Estatuto de Roma, detalla en su reporte ante la Sala de Prejuicio. “Los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles de conformidad con el artículo 17” del Estatuto de Roma, detalla en su reporte ante la Sala de Prejuicio.

Y, sobre la responsabilidad de las autoridades del régimen venezolano, añade: “habiendo revisado la información entregada por las autoridades domésticas, los casos potenciales que surgirían de una investigación de la situación serían admisibles en los términos de inacción” del Estado venezolano.

Bensouda se refiere en su informe al “número limitado de procedimientos domésticos relevantes relacionados a los potenciales casos identificados por la Fiscalía” de la Corte Penal Internacional, así como a “su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.

Su reporte concluye que las autoridades del régimen de Venezuela “no están realmente dispuestas a investigar o enjuiciar esos casos” y advierte, asimismo, que ha habido procedimientos internos o decisiones en el país suramericano que buscan “proteger a las personas de la responsabilidad penal”.

Observa que hubo una actitud “incompatible con la intención de llevar al interesado ante la justicia, de conformidad con el artículo 17” del Estatuto.

Maduro rechaza la visión de la CPI

Nicolás Maduro, por su parte aseguró que no comparte la decisión de Khan. Además, ningún organismo de derechos humanos fue convocado a consultas por Khan en Caracas, sin embargo, el encuentro entre el Fiscal y Maduro estuvo de lleno con autoridades tanto del Poder Ejecutivo, como de la Fiscalía y del sistema judicial.

Durante su visita a Venezuela, Khan mantuvo una agenda de trabajo reservada. El manejo informativo sobre las rutas de visitas fue secreto. Hecho que contrastó con el recorrido realizado en Bogotá, capital de Colombia.

En mayo de 2019, la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela, desde ese momento la ONU ha emitido diversos informes en los que se ha constatado la magnitud de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos así como el descalabro político, el caos económico y social de Venezuela.

También la Misión de Verificación de los Hechos, conformada por tres expertos independientes especializados en crímenes de lesa humanidad y funcionamiento del Tribunal de La Haya han emitido dos informes en los que detallan la crisis en Venezuela.

FUENTE: REDACCIÓN/ Con información de Diario de Cuba

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