La ecuatoriana Luisa González fue detenida tras trama por presunto manejo irregular de recursos electorales; conozca los aspectos jurídicos y políticos del caso
Esta imagen, facilitada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2026, muestra a la excandidata presidencial Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención
AFPQUITO.- El 23 de octubre, a solicitud de la Fiscalía, un juez de Ecuador ordenó la prisión preventiva de la excandidata presidencial Luisa González, del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), quien fue detenida un día antes en medio de una investigación por el presunto delito de lavado de activos durante la campaña electoral de 2023.
González, de 48 años y cercana al expresidente izquierdista Rafael Correa (2002-2017), fue trasladada a la cárcel de la provincia Chimborazo, mientras se indaga por el origen de 500,000 dólares empleados en publicidad. Su causa pertenece al llamado Caso Laberinto.
La excandidata perdió frente al actual presidente, el derechista Daniel Noboa, en las elecciones anticipadas de 2023 y posteriormente en 2025.
Se declaró “perseguida política” de la Administración de Noboa. "Tampoco soy estúpida (...) no, no me llevan por seguridad a Chimborazo", esgrimió en un audio en la red social X.
El abogado Diego Guarderas formalizó, el 27 de octubre, el pedido de apelación a la prisión preventiva de Luisa González. Señaló que es poco probable que la justicia actué con imparcialidad, sin embargo, anunció que se adelantarán todas las acciones y recursos para procurar la liberación de la excandidata.
El presidente Daniel Noboa aseveró el 26 de octubre que, según la investigación, hay indicios que vinculan a Luisa González con los hechos que se le señalan.
A su vez, apuntó: “Todavía falta un proceso judicial, falta información que va a ir saliendo”.
La detención de González representa un episodio de las investigaciones sobre presuntos ilícitos del partido del expresidente Rafael Correa, señala el analista político Francisco Endara Daza.
"Luisa González es una pieza más dentro del engranaje del correísmo”, indica a DIARIO LAS AMÉRICAS.
El experto refiere que el organismo electoral ecuatoriano detectó inconsistencias en la justificación de aportes, registros de ingresos, egresos y gastos de publicidad electoral.
"Ahora, en ese contexto, entran muchas cosas que hay que verificar”, apunta.
Endara Daza señala que, por ejemplo, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, antes de ser asesinado en 2023, viajó a Colombia. “Al regresar, dijo que tenía pruebas de que había financiamiento de dinero ilegal desde gente relacionada con Gustavo Petro y de Petro mismo, hacia ciertas candidaturas del partido de Rafael Correa", señala.
Sostiene que faltan muchos episodios: “El principal es que aprehendan al prófugo Correa, que anda viajando y vive dando instrucciones para ver cómo desestabilizar el Ecuador”.
El analista recuerda que el expresidente Correa tiene una condena por cohecho. En 2020, un tribunal de Ecuador declaró culpable al político de izquierda de un delito de corrupción y lo condenó a ocho años de cárcel por el conocido "caso sobornos 2012-2016".
Puntualiza que el tema de los financiamientos ilegales de las campañas del correísmo viene desde sus inicios. "En el año 2007, ya se conocía que Correa había recibido dinero de Hugo Chávez para su campaña en ese año", asevera.
Agrega que, luego de un operativo militar de 2008 en Angostura, se incautaron computadores y documentos que pertenecían a Raúl Reyes, líder de las FARC que fue abatido. Apunta que, en los archivos, se reportaban fondos económicos presuntamente destinados a la campaña de la organización de Correa.
Paúl Córdova Vinueza, Decano de Jurisprudencia de Universidad Indoamérica de Ecuador, considera que por la forma cómo se ha manejado, el caso de Luisa González “parece más mediático que jurídico”.
Explica a DIARIO LAS AMÉRICAS que, cuando la Fiscalía priva de la libertad de cualquier persona, “se debe justificar objetivamente que existe un riesgo procesal especificando cuál fue la conducta que va a demostrar ese peligro de fuga. También si existe una capacidad para destruir evidencia. Todos estos elementos deben fundamentarse para que una medida alternativa a la prisión preventiva sea insuficiente”.
El jurista destaca que la Fiscalía recién inició una investigación por el delito de lavado de activos, pero al mismo tiempo ya solicitó prisión preventiva, aceptada por el juez.
“Hasta aquí, la Fiscalía no ha demostrado que estos elementos deban estar debidamente justificados y demostrados como para que se pueda dictar este tipo de medidas. Y lo más importante, todavía la Fiscalía está investigando, a partir de estos elementos, el monto económico investigado, la pluralidad de los procesados, la relevancia del caso. Todas estas cuestiones no pueden disminuir el estándar constitucional de protección de la libertad”, expresa.
Córdova Vinueza considera que el manejo del caso de Luisa González genera más dudas que certezas. “Siendo una investigación que tiene que manejarse con reserva, con sigilo, el principal medio de comunicación del Ecuador tenía las imágenes de la grabación sobre la detención de la excandidata presidencial”, agrega.
Cree que, aunque González sea una dirigente política, debe preservarse el principio de la presunción de inocencia.
Explica que cuando existe algún monto sin justificación en una campaña electoral que no han sido debidamente investigada, el caso puede dirimirse a partir de la vía administrativa, ante los organismos electorales y el Tribunal Contencioso Electoral.
“La idea de que existan montos que no han sido debidamente justificados o debidamente reportados no da para que inmediatamente haya elementos suficientes de convicción sobre la existencia de un delito como el lavado de activos”, expresa el jurista.
Señala también que, ante los recursos de la defensa de la excandidata correísta, el juez hará su valoración. Desea que las decisiones no obedezcan “a la presión del momento político que se vive acá, porque estamos en un mes donde van a desarrollarse elecciones”.
Sostiene que el país debe exigir “toda la objetividad, toda la transparencia y toda la imparcialidad para que la Fiscalía logre demostrar en este caso ante tribunales que las presunciones que existen son debidamente fundamentadas”.
El partido Revolución Ciudadana fue inhabilitado este año por una investigación por supuesto lavado de activos y no podrá participar en las elecciones de alcaldes y prefectos el 29 de noviembre.
Por su parte, González, quien aspiraba a la prefectura de la provincia de Manabí, tampoco pudo concurrir a los venideros comicios, aunque pidió el respaldo de otro partido.
Los registros del Caso Laberinto, en el que se procesa por lavado de activos a la excandidata correísta, ubican en el centro a la naviera Ternape S.A, de donde, según la Fiscalía, procederían los recursos irregulares. Se trata de una empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Esa empresa y el alcalde fueron declarados culpables en primera instancia por comercialización ilegal de hidrocarburos, dentro del caso conocido como Triple A.
En agosto de este año, Álvarez fue condenado a tres años de prisión por la manipulación y retiro de un grillete electrónico que se le había puesto en 2025.
El alcalde y empresario está recluido por otros dos casos en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por para recluir a líderes criminales y cuya inspiración es el modelo penitenciario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
En marzo de este año, el exasambleísta Santiago Díaz ratificó ante la Fiscalía su versión sobre los nexos de Venezuela con el correísmo. En medio del caso denominado Caja Chica, Díaz aseguró haber trasladado dinero desde Venezuela para la campaña electoral de 2023, presuntamente bajo órdenes directas del expresidente Rafael Correa.
En enero, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo nacional. De esta manera, Las diligencias incluyeron allanamientos en provincias de la Sierra y la Costa, con apoyo de la Policía Nacional.
Este caso, de acuerdo a las investigaciones, tiene varios supuestos responsables, entre ellos Luisa González.
"Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado", argumentó González en la audiencia del 23 de octubre, cuando se ordenó su prisión preventiva.
FUENTE: Con información de DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, Primicias
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