Figuras clave de la oposición permanecen detenidas pese a la presión internacional y las promesas del régimen interino
El régimen de Maduro agudiza detenciones y encarcela a Juan Pablo Guanipa.
Cortesía X Edmundo González Urrutia Imagen difundida por el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela que muestra a Diosdado Cabello hablando sobre el arresto del miembro de la oposición Juan Pablo Guanipa, durante una conferencia de prensa en Caracas el 23 de mayo de 2025.
Venezuela Interior and Justice Ministry AFPCARACAS – A pesar de los anuncios oficiales sobre excarcelaciones y de la presión ejercida por Washington tras la caída del dictador Nicolás Maduro, decenas de dirigentes opositores, activistas y defensores de derechos humanos continúan privados de libertad en Venezuela, mientras sus familiares denuncian dilaciones, opacidad y una política de liberaciones selectivas por parte del régimen chavista.
La cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, aseguró que 406 presos políticos fueron liberados desde diciembre. Sin embargo, organizaciones independientes como Foro Penal contradicen esa cifra y reportan apenas 90 excarcelaciones verificadas desde el 8 de enero, fecha en la que el régimen prometió un “número importante” de liberaciones como gesto ante la comunidad internacional.
Mientras el discurso oficial insiste en una supuesta normalización institucional, el proceso avanza a cuentagotas y mantiene en prisión a figuras emblemáticas de la oposición democrática.
Juan Pablo Guanipa, líder opositor, permanece detenido desde mayo de 2024, acusado de participar en una presunta conspiración contra las elecciones regionales. El dirigente fue capturado tras meses en la clandestinidad y enfrenta cargos de terrorismo, lavado de dinero e incitación al odio.
Su hijo, Ramón Guanipa, describió la angustia de la espera: “Hasta que no vea una foto de mi papá libre, no lo creo”. Aun así, aseguró que la familia mantiene la esperanza frente a un proceso que califican de arbitrario y politizado.
Otro caso que genera indignación internacional es el de Rafael Tudares, yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia, exiliado en España. Tudares fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando llevaba a sus hijos al colegio y posteriormente condenado a 30 años de prisión, la pena máxima.
Su esposa, Mariana González de Tudares, relató que en su primer contacto tras meses de incomunicación lo encontró “física y emocionalmente afectado”, y denunció que se trata de una represalia directa contra la oposición democrática.
El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, continúa preso desde julio de 2021 por cargos de terrorismo y traición a la patria, tras denunciar la presencia de grupos armados colombianos en territorio venezolano. Su familia insiste en que su detención busca silenciar investigaciones incómodas para el poder.
“Esperamos que el régimen le dé a las familias un alivio ante tanta crueldad”, afirmó su hermano Rafael Tarazona, al denunciar el uso sistemático de la cárcel como herramienta de represión.
Freddy Superlano, exdiputado y colaborador cercano de Machado, fue detenido en julio de 2024 tras la fraudulenta reelección de Maduro. Permanece recluido en la prisión del Rodeo I, luego de haber estado en El Helicoide, señalado por organismos internacionales como un centro de torturas.
Su esposa, Aurora Silva, denunció que el régimen prolonga innecesariamente el sufrimiento de los familiares: “No hay necesidad de alargar esta zozobra”.
Entre los liberados figuran dirigentes como Jesús Armas, Luis Somaza y el jurista Perkins Rocha, así como periodistas y activistas. El gremio periodístico confirmó al menos 19 excarcelaciones recientes, entre ellas la del comunicador Roland Carreño.
Casos como el de la abogada Rocío San Miguel, excarcelada y enviada al exilio en España, y el del excandidato presidencial Enrique Márquez, liberado tras ser vinculado a un supuesto golpe de Estado, refuerzan la denuncia de que el régimen utiliza las excarcelaciones como moneda política.
Aunque algunas familias expresan cauteloso optimismo, las organizaciones de derechos humanos advierten que en Venezuela aún permanecen entre 800 y 1.200 presos políticos, en un país donde la justicia sigue subordinada al poder del régimen chavista.
Para los familiares, la exigencia es clara: libertad plena e incondicional para todos los presos políticos y el fin del uso de la cárcel como instrumento de control y venganza política.
FUENTE: Con información de AFP
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