Registran 285 emisoras de radio cerradas de 2003 a 2022 en Venezuela

Igualmente, indicó en su "Informe 2022: Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela", que ese año el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 81 emisoras en todo el territorio nacional, lo que sitúa al 2022 como el año con más emisoras radiales cerradas en las últimas dos décadas.

Explicó en el informe que estos cierres fueron ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicación (Conatel), quienes actuaron, en ocasiones, en compañía de cuerpos de seguridad. En la mayoría de los casos, los funcionarios alegaron que las estaciones radiales se encontraban operando de forma clandestina, al no tener su estatus legal apegado a la ley.

Asimismo, la ONG reportó que se registraron 468 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en el 2022.

Las denuncias de censura ocuparon el primer lugar en el registro, con al menos 199 incidencias, lo cual equivale a 43 % del total de violaciones, que se registraron, principalmente, mediante el cierre de emisoras de radio y durante apagones eléctricos o fallas del servicio de internet, lo cual limitó el acceso a la información por parte de la población, así como la labor de los medios de comunicación al momento de difundir informaciones.

Entre las violaciones más frecuentes también se encuentran las restricciones administrativas (19 %) hacia medios de comunicación y las intimidaciones (18 %) a periodistas y demás trabajadores de la prensa durante el ejercicio de su labor.

Además, las interrupciones del servicio de internet forman parte de las violaciones más comunes que fueron registradas durante 2022, con al menos 74 situaciones a escala nacional.

Estas fallas, derivadas de las precarias condiciones de las telecomunicaciones en Venezuela, constituyen una violación indirecta al derecho y limitan el acceso a la información, principalmente en regiones rurales, donde la calidad de los servicios públicos es más crítica. Los principales victimarios en este caso fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

De igual forma, Espacio Público documentó en su informe de 2022, 84 denuncias de intimidaciones a trabajadores de la prensa por parte de funcionarios de seguridad o trabajadores públicos.

A diferencia de años anteriores, los medios de comunicación ocuparon el primer lugar en el listado de víctimas, alcanzando un total de 114 (37 %) registros. En segundo lugar se ubican los periodistas y reporteros, con 75 víctimas (25 %), seguidos por la ciudadanía en general, quienes fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en 74 oportunidades (24 %).

FUENTE: REDACCIÓN / Nota de Prensa / Espacio Público