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MIAMI.- Decenas de cubanoamericanos divisan cada día más cerca la posibilidad de recuperar las propiedades que les fueron confiscadas tras la llegada de la revolución castrista al poder en Cuba. Para lograrlo, desde hace muchos años han venido pidiendo al Gobierno de EEUU la activación plena del Título III de la Ley Helms-Burton, acción que les permitiría presentar demandas contra compañías extranjeras socias de empresas estatales cubanas que hoy obtienen millonarios dividendos gracias a los activos que pasaron a manos del régimen.

En ese sentido, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció la semana pasada que mantendrá suspendido durante 30 días más ese acápite de la ley. La medida, si bien no es la que han esperado quienes perdieron sus bienes inmuebles y comerciales en la isla, despierta una nueva esperanza en quienes no se resignan a que el fruto de su esfuerzo o el de sus familias se desvanezca por completo.

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Una de las organizaciones que más ha luchado por la aplicación cabal de esa legislación es la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, cuyo presidente, Nick Gutiérrez, considera “un paso importante, pero no definitivo” esta medida que abre la posibilidad de demandar a empresas del régimen castrista, aunque no todavía a firmas comerciales extranjeras que hacen negocios con la dictadura castrista.

NICK GUTIERREZ
El abogado Nick Gutiérrez.
El abogado Nick Gutiérrez.

Gutiérrez, abogado de padres cubanos que gestiona desde 1990 la restitución de bienes confiscados a su familia y a otros cubanos declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS que el propósito final es “poder demandar a las empresas extranjeras que trafican con propiedades robadas por el régimen como lo contempla la ley”.

La decisión

Pompeo informó que la Casa Blanca decidió continuar con la suspensión de ese acápite de la ley que deriva del nombre de sus autores, los legisladores Jesse Helms y Dan Burton, porque “está en el interés de EEUU” en el contexto de una “transición hacia la democracia” en Cuba, tal como expresara recientemente en Miami el presidente Donald Trump, quien habló de que era hora de poner “fin al socialismo” en la isla y en naciones como Venezuela y Nicaragua.

El letrado explicó que el 18 de marzo próximo, gracias a la medida anunciada por Pompeo, se podrá demandar a las agencias gubernamentales cubanas que están en una “lista negra” de EEUU, en la que figuran entidades que están bajo el control de los servicios de inteligencia de la isla y las Fuerzas Armadas, así como del personal que establece “transacciones financieras directas” que podrían “dañar” al pueblo cubano.

Según Gutiérrez, a partir esa fecha, la posibilidad de demandar a empresas estatales cubanas que aparecen en ese listado, “será más bien una acción simbólica, porque es difícil obtener jurisdicción sobre estas entidades por las razones que todos conocemos de desconocimiento de la ley y de los acuerdos internacionales por parte del régimen”.

El Título III

Desde 1996, el Título III de la Ley Helms-Burton había sido suspendido por todos los gobiernos de EEUU por un período de seis meses. En enero, cuando tocaba renovar esa cancelación, la administración Trump determinó suspender la aplicación plena de ese capítulo durante 45 días. En esta ocasión, lo hizo solo por un mes, lapso que expira el 17 de abril, cuando se conmemora un nuevo aniversario del desembarco de la Brigada 2506 en Bahía Cochinos.

Cuando la norma fue aprobada, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron por temor de que sus compañías fueran demandadas en Estados Unidos. Más tarde, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que se convirtió en una “batalla” que terminó con el compromiso de EEUU de mantener el Título III suspendido a cambio del retiro de la queja.

“Esperamos que el 17 de abril tengamos la buena noticia de que se va a aplicar plenamente la Ley Helms-Burton, y así podamos demandar a esas empresas extranjeras en cortes federales norteamericanas”, afirmó el jurista.

La familia de Gutiérrez fue víctima del régimen de La Habana, al que reclama propiedades, entre las que se incluyen dos ingenios azucareros, fincas para la cría de ganado, un banco y una compañía de seguros, entre otros activos. Hoy, según dijo, algunos “familiares lejanos” siguen en la isla “viviendo como cualquier cubano, en edificios del Estado y en una situación de pobreza”.

Unas 900 empresas estadounidenses integran la lista en poder de Washington, incluyendo a Exxon, Texaco y Coca-Cola, entre otras.

Las leyes

El Centro para Cuba Libre es otra organización que desde hace muchos años ha venido tramitando con congresistas y funcionarios del Gobierno federal la activación del acápite de la ley que haría factible la recuperación de los bienes que el castrismo obtuvo como parte de su “proceso de nacionalización”.

Frank Calzon
El opositor cubano Frank Calzón.
El opositor cubano Frank Calzón.

El director de esa asociación, el opositor cubano Frank Calzón, declaró a este medio desde Washington que el presidente Trump “está comenzando a hacer cumplir las leyes” y resaltó que el regente de la Casa Blanca “así lo prometió durante su campaña electoral”.

Para Calzón, es “lamentable” que solo hasta ahora se esté avanzando en la implementación de la Ley Helms-Burton. “La confiscación de esas propiedades fue totalmente arbitraria y no fue un caso de que una persona o una compañía había dejado de pagar los impuestos o había hecho algo indebido, fue una confiscación general en contra de todos esos dueños de propiedades”.

Acotó que Estados Unidos tiene una “buena razón” para promover la restitución de bienes “nacionalizados” por la dictadura castrista y anticipó que es previsible que La Habana protestará en el momento que las propiedades puedan ser recuperadas por sus dueños originales.

Calzón indicó que otra “acción enérgica” que, a su juicio, debe tomar el presidente Trump es propiciar la deportación de “terroristas” buscados por el FBI que viven en Cuba bajo la protección del régimen castrista.

“No tiene ningún sentido que haya miles de turistas norteamericanos que van a la isla y gasten allí millones de dólares, mientras que en Cuba se encuentran esos terroristas a los que el Gobierno cubano les da refugio”, puntualizó.

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