El experto petrolero y analista venezolano José Toro Hardy publica un análisis sobre cómo los mismos que hablaban en voz alta de la nacionalización de las empresas del país, ahora aprueban una "Ley Antibloqueo" con el pretexto de proteger a la nación, por lo que han creado un marco jurídico que les permite actuar en secreto, elimina las licitaciones y la posibilidad de entregar a los dispensadores de combustibles a empresas según les parezca, arrebatando este negocio de las manos de los pequeños empresarios que lo han manejado por años. El texto publicado en la sección de editorial del portal Analítica, transcribimos un extracto a continuación.

A principio de la década de los 90 había tenido lugar la invasión de Saddam Hussein a Kuwait. Iraq fue obligada por una Alianza Árabe Occidental a retirarse pero, antes de hacerlo, incendió cerca de 800 pozos petroleros kuwaitíes y las Naciones Unidas le aplicó un embargo petrolero a Iraq. El mundo se quedó sin el petróleo de Iraq y sin el de Kuwait. La escasez era aguda.

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Los mercados petroleros hicieron lo que siempre habían hecho: voltearon la mirada hacia Venezuela, considerada todavía como el abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo.

Venezuela atravesaba por una severa crisis económica y financiera que había acabado con la mitad de los bancos del país. Necesitaba aumentar su producción petrolera para atender su propia crisis y los mercados le demandaban ese petróleo.

Pero esa vez no podía hacerlo. Años atrás se había nacionalizado la industria y, aun disponiendo de enormes reservas petroleras, el Estado carecía de los recursos para hacer las inversiones requeridas.

Eso condujo a la Apertura Petrolera. El proceso fue complejo y cumplió exhaustivamente todos los extremos legales. Se comenzó por pedirle a la Corte Suprema de Justicia que definiese los mecanismos que, sin violar la nacionalización, permitiesen la incorporación de capitales privados a la industria.

Allanado el camino jurídico, se le pidió al Congreso Nacional que fijase las bases mínimas de negociación. Se procedió a un programa de licitaciones, públicas que fue modelo de transparencia (se transmitía en vivo por TV), para asignar las distintas modalidades de contratos. Posteriormente, cuando fue necesario, se devolvieron los contratos ya suscritos al Congreso para que comprobase que se ajustaban a las bases aprobadas por ellos. Más adelante la CSJ ratificó su validez jurídica con motivo de una demanda de nulidad solicitada por Chávez. De haberse respetado aquellos contratos, Venezuela debería estar produciendo hoy más de 5,5 millones de barriles diarios, pero apenas alcanzamos actualmente 400.000 b/d.

Como parte de la Apertura se abrió el mercado doméstico de gasolina a inversionistas privados mediante contratos públicos, y vimos aparecer infinidad de estaciones de servicio Texaco, BP, Shell, Mobil, Trébol, Llano Petrol y otras marcas venezolanas.

Un grupo político encabezado por un teniente coronel cuya causa había sido sobreseída después de una intentona militar fallida, se transformó en el adalid contra la Apertura. Acusó a la dirigencia petrolera de traidores a la patria y de entregar el petróleo.

Al llegar al poder en 1999, se dedicó a desmontarla. Despidió después a más de la mitad del personal de PDVSA y, a pesar de inmensos ingresos petroleros que recibió producto de un aumento nunca antes imaginado de los precios del petróleo (por razones ajenas a Venezuela), dilapidó esos recursos en un frenesí de populismo y corrupción.

Curiosamente, dirigentes de aquel mismo grupo político aún en el poder, han aprobado una “Ley Antibloqueo”, que oficializa el secreto y los exime de licitaciones y otros procesos que garanticen los intereses de la República.

Están anulando unilateralmente las concesiones que existían para el manejo de muchas gasolineras y entregándoselas a un grupo de inversionistas que nadie conoce y de espaldas del país. Por supuesto, en ellas se vende solamente gasolina cuyo precio se fija en dólares.

Los surtidores de gasolina son comprados a un solo proveedor chino, lo cual aumenta las sospechas de que allí pueda existir un chanchullo y, a la vez, en las tiendas de conveniencia de que disponen, se venden todo tipo de chucherías importadas (prácticamente nada nacional) y desde luego cualquier variedad de licores importados, desde cervezas hasta whisky de 21 años.

Preocupa qué irán a hacer, valiéndose de esa misma Ley Antibloqueo, con el resto de la industria petrolera y otros bienes del Estado. ¿Dónde habrán quedado sus posturas ultranacionalistas?

Aquel mismo grupo ultroso que dio al traste con la Apertura Petrolera y que acusó de traidores a la patria a sus promotores, se ha transformado hoy, en asociación con no sabemos quién, en promotores de unos de los mecanismos menos transparentes que conocemos: los bodegones de gasolina.

José Toro Hardy, editor adjunto de Analítica.

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