BOGOTÁ.- El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) en el exilio ordenó este miércoles 18 años y tres meses de prisión para el gobernante Nicolás Maduro a cumplirse en la cárcel de Ramo Verde en el estado de Miranda y una multa de 25 millones de dólares, además de la obligación de resarcir a la nación por 35.000 millones de dólares.
La decisión de los magistrados del TSJ legítimo establece también la inhabilitación del dictador venezolano.
El magistrado Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ en el exilio, tuvo a su cargo la lectura de la sentencia contra el mandatario venezolano.
"Las penas de delitos cometidos deben ser impuestas en su término medio tomando en cuenta las circunstancias agravantes y las consideradas por este órgano jurisdiccional (...) quedando las penas a aplicar para ambos hechos delictivos de la siguiente manera: 18 años y 3 meses de reclusión", manifestó el magistrado Rommel Gil durante la audiencia que se realiza en el Congreso de Colombia.
El magistrado agregó que el TSJ encontró durante la investigación "fehacientemente culpabilidad penal" de Maduro, por lo que además lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por el mismo tiempo que dure la condena, reporta EFE.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia "en el exilio" sancionó al gobernante venezolano con una multa de 25 millones de dólares por el delito de corrupción propia y a resarcir 35.000 millones de dólares al Estado por legitimación de capitales.
Tras finalizar el juicio, que fue considerado por el presidente del TSJ, Miguel Ángel Martín, como "histórico", el público venezolano presente en la sala despidió a los magistrados con aplausos al grito de "justicia, justicia, justicia".
El TSJ inició el pasado 2 de agosto en Bogotá un juicio promovido por la fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, quien durante siete audiencias presentó pruebas con las que vincula a Maduro con Odebrecht y acusó al gobernante de estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, por lo que pidió pena máxima.
Según Ortega, Maduro firmó como canciller del fallecido presidente Hugo Chávez contratos asignados de "forma directa" a la empresa como pago por apoyarlos en la campaña presidencial de 2005.
De igual forma, lo acusa de pedir a la compañía brasileña 50 millones de dólares para su campaña en 2013, de los cuales recibió 35 millones, a cambio de dar un "trato preferencial" a Odebrecht.
Durante esta última audiencia, Ortega recordó que estos delitos están previstos en el artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción y Salvaguarda del Patrimonio Público y el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Ortega recalcó el estado de las obras asignadas a Odebrecht. En este sentido, citó el peritaje hecho al segundo puente sobre el Lago de Maracaibo el cual concluyó que es una "obra enferma" con solo 5% de avance. "Si se desea continuar con el proyecto hay que derrumbarlo para iniciar de cero".
Deliberar para dar veredicto
Los magistrados presentes en la audiencia, que se realiza en el Congreso colombiano, se reunieron en privado después de que la fiscal Ortega Díaz presentó las pruebas.
Por su parte, el abogado defensor de oficio de Nicolás Maduro, Andrés Lindo, aseguró que durante el juicio no se pudo comprobar la responsabilidad directa del acusado por esos delitos.
"A lo largo de todo este juicio se ha tratado de determinar la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro Moros mediante todo tipo de elementos probatorios. Sin embargo, para esta defensa técnica las pruebas aportadas por la Fiscalía no son concluyentes ni suficiente para dar una sentencia condenatoria en contra del imputado", señaló Lindo.
La fiscal venezolana acusó a Maduro de ser el principal responsable de la actual crisis que vive Venezuela, pues la corrupción quebró al Estado generando las penurias que hoy en día vive la población.
"Maduro se ha hecho rico groseramente... "Yo le solicito que se condene a Maduro y se imponga la mayor pena. Exijo justicia para los venezolanos".
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