CARACAS.- Treinta y nueve países, trece de ellos con voto como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, apoyan oficialmente la versión final del proyecto de resolución para renovar por dos años más el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Esta resolución será votada entre los días 6 y 7 de octubre 2022 y su aprobación se logra con mayoría simple. No es necesario que un país sea miembro del Consejo de Derechos Humanos para apoyar un proyecto de resolución; sin embargo, no tienen voto, informó la ONG venezolana Provea en su página web.

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Entre los países que apoyan la extensión del mandato de la misión están: Alemania, Brasil, Chequia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia y Reino Unido.

También la apoyan, aunque no tienen voto: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Grecia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Israel, Letonia, Liechtenstein, Malta, Portugal, Rumania, Suecia y Uruguay.

El tercer informe de la misión de expertos independientes vinculados al Consejo de DDHH de la ONU, presentado a final de septiembre, denunció que las autoridades venezolanas no han llevado a justicia a perpetradores de abusos como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y torturas, y advirtió que los abusos por las agencias de inteligencia y contrainteligencia continúan.

El documento reveló detalles sobre una larga lista de violaciones, entre las que se incluyen posibles crímenes contra la humanidad, cometidos por el régimen del dictador Nicolás Maduro.

“Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos”, declaró Marta Valinas, la jefa de la misión.

El reporte denunció que las autoridades venezolanas no han hecho lo suficiente para compensar a víctimas y que las violaciones continúan “hasta el día de hoy” a través de cuerpos de seguridad del régimen como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

La misión de la ONU documentó un total de 122 casos de torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede del Dgcim en Caracas y en centros de detención clandestinos en otras partes del país.

Importancia de la Misión

Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Right Watch (HRW), destacó en un foro reciente organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, que la misión cumple el papel de "darle una perspectiva de justicia a las víctimas a futuro porque ha documentado violaciones y genera evidencia que hace que esas violaciones no sean casuales" y que sirve de avance para la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Venezuela.

Taraciuk resaltó en el foro que la renovación de la misión por dos años más "es crucial para hacer un papel preventivo para las elecciones de 2024 y se trata de generar incentivos necesarios para que exista realmente una negociación política".

Además, destacó el rol de la misión como mecanismo de presión internacional "que nos lleve a condiciones electorales favorables a futuro".

En el foro llamado "Derechos Humanos y Rendición de Cuentas en Venezuea" también participó Sara Fernández, Oficial de Incidencia Internacional del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), quien dijo que las recomendaciones que hace la misión de la ONU pueden servir como referencia para la Fiscalía de la CPI de los casos que deben ser investigados.

Asimismo, dijo que las recomendaciones "deben servir de ruta para que la Fiscalía y las autoridades implementen reformas estructurales que permitan que en Venezuela se puedan investigar estos hechos y entender que la implementación de estas recomendaciones sirven de prevención porque permiten desmantelar las condiciones que han hecho posible que las violaciones ocurran".

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Provea / AP

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