El resto de los poderes del Estado, aunque se mantienen en control dentro del país, no son reconocidos internacionalmente.
La cabeza del Estado continúa ocupada aunque sin legitimidad, por Nicolás Maduro que se autoproclamo reelecto en unos comicios celebrados el 20 de mayo de 2018 que han sido desconocidos por las democracias occidentales y solo avalado por los aliados de la llamada revolución Bolivariana.
Por otra parte, la estructura del Poder Judicial es cuestionada, al menos, desde el año 2014. Ocho de su integrantes han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con cargos que van desde avalar violaciones a los Derechos Humanos hasta lavado de dinero. Este Poder Judicial acaba de designar a un nuevo Poder Electoral en franca usurpación de las potestades de la Asamblea Nacional. De los ocho integrantes de la autoridad electoral, cinco (incluyendo a la nueva presidenta) han sido sancionados por EEUU, Canadá y la Unión Europea.
Por otra parte, el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó sustenta su legalidad en la interprestación del artículo 233 de la Constitución Nacional que faculta al presidente del Parlamento para ocupar temporalmente la Presidecia de la República en caso de que el Poder Ejecutivo no pueda ser designado y exista una vacante absoluta del cargo. Desde la perspectiva de la oposición venezolana, amparada en lo que establece la Carta Magna de esa nación, el acto electoral de 2018 no puede considerase una elección.
No se participará el 6 de diciembre
El pasado 1 de agosto la mayoría de las organizaciones políticas con presencia en el Parlamento Nacional acordaron no participar en los comicios parlamentarios anunciados por el gobierno chavista para el 6 de diciembre de 2020 y acogerse a la figura de la continuidad del Parlamento y del gobierno interino hasta que Nicolás Maduro abandone el poder en Venezuela.
Luis Vidal, director de la encuestadora More Consulting, sostiene que cualquiera de los caminos que tome la oposición venezoana tienen muchos más riesgos a nivel político, que posibles beneficios.
Desde su perspectiva, declarar la continuidad administrativa, obligaría a los actuales diputados y al presidente interino Juan Guaidó a tomar la ruta del exilio, que tampoco es muy diferente a la situación actual en cuanto a presencia física en el país.
Este temor es compartido por algunos de los diputados (legítimamente elegidos) que aún permanecen en Venezuela. A partir del 5 de enero de 2021 pudiesen ser acusados por el régimen de Maduro de usurpación de la función pública si insisten en mantenerse como integrantes del Parlamento.
Por otra parte, Vidal duda de que, en caso de concretarse el escenario de continuidad administrativa, el gobierno interino mantenga todo el apoyo internacional que logró en febrero de 2109.
Hasta ahora, solo EEUU se ha pronunciado abiertamente avalando la continuidad administrativa del gobierno interino de Guaidó.
En un comunicado difundido el pasado 3 de agosto la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela encabezada por James Story avaló la decisión de los partidos opositores de no participar el 6 de diciembre, al tiempo que exhortó “a otros países que valoran y honran los derechos humanos” a respladar la decisión tomada por Guaidó.
Sin embargo, la Unión Europea (el otro principal aliado de la oposición venezolana) aún no fija posición, especialmente porque el Grupo de Contacto Internacional auspiciado por el bloque hemisférico mantiene los esfuerzos diplomáticos para lograr la posposición de la elección o garantías suficientes que permiten a algún actores políticos participar.
Legamente posible
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel el principio de continuidad debe extenderse del área de la administración pública, a la función pública en general, “de allí que si no es admisible la vacante de un cargo administrativo por el hecho de que al final perjudicaría a los ciudadanos, con más razón tampoco es admisible si la falta de elección o designación recayera sobre un Poder Público esencial para el funcionamiento del Estado”.
Según Rafalli “con base al Principio de continuidad delos Poderes Públicos, en caso de suspenderse la elección de la AN para un fecha posterior, los diputados actuales que son los únicos electos popularmente y proclamados por el CNE para ejercer el Poder Legislativo Nacional, deberán seguir en sus curules después del 5 de enero de 2021 y hasta que se realizan elecciones válidas para sustituirlo mediante el voto universal, directo y secreto como lo ordena el artículo 186 de la Constitución”.
No obstante, hasta ahora la elección no será suspendida. El resultado de esa elección lo que provocará que Venezuela, así como tiene dos Poderes Judiciales (el que designado por el régimen de Maduro y el que se encuentra en el exilio), pasará a tener dos asambleas nacionales: La que preside Juan Guaidó y la que resulte electa el 6 de enero de 2020. ¿Cuál es la legítima?
Para Egleé Gonzalez Lobatto, ex consultora jurídica del CNE “en el contexto actual la viabilidad de la continuidad administrativa que pudieran alegar los diputados de la Asamblea Nacional (elegida legítimamente)y el Gobierno Interino de Juan Guaidó, exigiría un desconocimiento del proceso electoral parlamentario convocado para el próximo 6 de diciembre lo que conllevaría –probablemente- a la continuidad del ejercicio de sus funciones, en el exilio”.
Para González Lobatto la pregunta es “¿cómo se logra pensar en una Continuidad Administrativa que conlleve a un Parlamento y al Gobierno Interino en el exilio como algo beneficioso para el país sin que ello no signifique trivializar las pérdidas que se van a producir?”.
La exconsultora jurídica del CNE sostiene que el exilio “es un castigo político si pensamos en muchos venezolanos que tienen años pasando penurias en otros países por lo que la Continuidad Administrativa se encontraría en el peligroso territorio “entre nosotros y los de afuera” y con el tiempo se desvanecerán las esperanzas de cambio depositadas en ese liderazgo exiliado porque inexorablemente se producirá una pérdida de contacto con la sociedad”.
La Asamblea no pudiese legislar
El exprocurador general del gobierno interino, José Ignacio Hernández, sostiene que “si no se reconocen las elecciones parlamentarias, ni en Venezuela ni en el Derecho Internacional, se plantea la duda que cuál será el Poder Legislativo reconocido a partir del 5 de enero de 2021”.
Hernández, que aclara que aún no tiene una postura definitiva sobre el tema y que sigue estudiándolo, explica que “una posible solución, que debe construirse, es que el mandato de la Asamblea Nacional se mantiene, excepcionalmente, solo en la medida necesaria para asegurar la transición a la democracia (artículo 333 de la Constitución) y evitar el vacío de poder que se generaría por el desconocimiento de los diputados fraudulentamente electos y la extinción del mandato de la Asamblea Nacional electa en 2015”.
Sin legitimidad popular
El director de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, enfoca el problema desde otra perspectiva: “más allá del tema de la legitimidad y la competitividad de las elecciones del 6 de diciembre, que obviamente bloquean la participación opositora, el fin del periodo de la Asamblea Nacional y la imposibilidad de validarse electoralmente hace muy difícil mantener la conexión popular del liderazgo y la institución opositora. Es irrelevante la razón, simplemente se alejan de la gente, pierden respaldo y capacidad de generar esperanza y corren el riesgo inmenso de convertirse en irrelevantes, afuera y adentro, como paso con Jean-Bertrand Aristide y otros ejemplos de gobiernos en el exilio”.
Baja participación el 6 de diciembre
Según el más reciente estudio de perspectivas políticas y electorales desarrollado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la decisión de Guaidó de no reconocer el evento electoral del 6 de diciembre provoca que apenas 42% de los ciudadanos esté dispuesto a participar en los comicios convocados. Una cifra que contraste con el 75% de participación registrada en el año 2015 y el 62% de participación del año 2010.
No obstante, el sistema electoral venezolano no contempla quorum de participación para ningún tipo de evento comicial.
Por otra parte, a pesar del anuncio unitario de no participación en los comicios del 6 de diciembre, algunas figuras emblemáticas de la oposición como el ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski y el diputado Stalin González sostienen que es inviable la posibilidad de la continuidad del Parlamento y por ende del gobierno interino.
De mantenerse esta ruta, el respaldo nacional al parlamento electo en 2015 y a la continuidad del gobierno interino pudiese volver a dividir a la oposición venezolana.
@Puzcas