El caso de los tres coordinadores regionales de Vente Venezuela tiene “el mismo patrón de detención con desaparición forzada”, denuncia Omar Tosta
Dirigentes de Vente Venezuela, de la candidata María Corina Machado, han sido perseguidos en varios estados, según denuncias
Cortesía Vente VenezuelaCARACAS.-Desde el 23 de enero pasado, los coordinadores regionales de Vente Venezuela, partido de la candidata presidencial de la oposición venezolana, Juan José Freites, en La Guaira; Guillermo de Jesús López, en Trujillo; y Luis Enrique Camacaro, en Yaracuy, están desaparecidos y los órganos del sistema de justicia niegan toda información a sus familiares, denuncian sus abogados.
Desde que fueron detenidos por funcionarios de cuerpo de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, cuando instalaban en sus regiones el Comando 600K anunciado por Machado, hace 10 días, ni el fiscal Tarek William Saab, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo, ni los tribunales les han dado noticias de dónde ni cómo se encuentran, señaló el abogado Omar Tosta.
Comentó que cuando los abogados acudieron con los familiares de los dirigentes políticos regionales a la Fiscalía y a la Defensoría, en Caracas, les dijeron: “pase dentro de 15 días con copia de la solicitud”.
“Permanecen en situación de desaparecidos; los hemos buscado con sus familiares y nos los niegan, y apenas hoy sabemos que el expediente se encuentra en el tribunal segundo de terrorismo, el mismo de la abogada Rocío San Miguel y familiares”, dijo el abogado del equipo que asiste a dirigentes de Vente Venezuela.
El defensor destacó que desde el momento de la detención de los dirigentes de Vente Venezuela “se materializó otra etapa de la llamada desaparición forzada -o forzosa”-que viene ocurriendo en muchos de los procesos penales.
“Hay una suerte de componenda en la que está involucrado el sistema de justicia en Venezuela, un silencio cómplice pues el fiscal debe saber dónde están, pero no lo dice”, agregó. Esto deja a los detenidos en “absoluta indefensión”, lo cual viola la garantía constitucional del derecho a la defensa.
Pero además, Tosta, quien tiene experiencia en casos militares y de derechos humanos, señaló que otra de las características del “nuevo patrón de detención” es utilizar a familiares de los detenidos para ejercer presión. “Eso se inició en Venezuela con el caso Baduel en 2009 cuando incriminaron a hijos y atemorizaron a la familia”.
Los dirigentes del partido de María Corina Machado están señalados por el fiscal Saab de prestar “apoyo logístico” a un grupo de civiles y militares en una supuesta conspiración contra Maduro, según dijo a los medios, el 26 de enero.
Sería la “operación Brazalete blanco”, de la que habló Maduro y Saab, desde el 22 de enero.
En esa ocasión, señaló que 12 personas se encontraban detenidas, seis en Caracas, que habían sido presentadas; y seis en el interior. Y mencionó que faltaban por ejecutar 15 aprehensiones.
FUENTE: Entrevista con el abogado Omar Tosta,
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