CARACAS.- Venezuela está atravesando por la peor crisis de su historia”, asegura José Toro Hardy, economista y ex directivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS.

Según el experto es la peor crisis registrada en el hemisferio occidental, superior a la “gran depresión” ocurrida en Estados Unidos entre 1929 y 1932 cuando el Producto Interno Bruto cayó en -28%. En Venezuela la caída del PIB, en los últimos 4 años ha registrado índices de entre -30 y -40% al cierre de 2017.

Un ejemplo de la grave crisis lo constituye la empresa Agropatria, que provee semillas a todo el sector productivo primario en el país.

No se trata de una empresa privada que emprende una “guerra económica” contra el Gobierno, como suele decir el oficialismo, sino de una empresa del Estado estatizada por Hugo Chávez en 2010; sin embargo, ha entrado en el área espinosa de la hiperinflación, ante la cual ninguna de sus empresas puede controlar el alza de los precios, que sí exigen al sector privado.

La firma de análisis económicos, Torino Capital, registraba hasta el mes de noviembre un retroceso del PIB de -36%. Una situación que es comparable a países del área en situaciones de pos guerra.

Entramos en depresión

Según explica el economista venezolano Jesús Casique, el país dejó atrás el concepto de recesión económica para pasar a un estadio más grave, la depresión. Se está en recesión cuando se registran 3 trimestres consecutivos de caída del PIB. Venezuela va a cerrar el año 2017 con una contracción económica promedio de caída de -14%, para 4 años consecutivos.

El último crecimiento que experimentó la economía venezolana fue el año 2013, cuando tuvo un crecimiento del PIB de 1%. En 2014 comenzó la caída con -3,9%; según BCV, en 2015, fue -15,7%; en 2016 fue de -16,5% y este año vamos a cerrar aproximadamente con -14%.

Para el 2018 el FMI estima un retroceso de - 6%. Pero debido al mantenimiento de las mismas políticas económicas como los controles de precio, control de cambio, intervenciones, Casique estima que la cifra va a ser superior.

La hiperinflación en cifras

Venezuela acaba de entrar en una fase superior de inflación denominada “hiperinflación”. Explica Casique que de acuerdo con la teoría expuesta por el especialista Phillip Cagan del año 1956, es cuando un país atraviesa más de 50% mensual de inflación, lo cual ha sido corroborado por la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ante la ausencia de estadísticas emitidas por el BCV. Otro criterio es el de la International Accounting Stardards Board (Asociación Internacional de Contadores) que considera que hay hiperinflación cuando durante tres años seguidos se ha superado 100% al año de inflación.

Hasta el mes de octubre la inflación acumulada en Venezuela es de 825%. Se deben esperar los resultados de noviembre que estarán por encima de 50% lo que significa que este año se va a cerrar con una inflación entre 1.580% y 1.620% para el año 2017. Muy superior a las proyecciones del FMI que eran 1.234%.

En Venezuela el Banco Central, violando el artículo 20 de la Constitución, está financiando un déficit fiscal extraordinario del flujo de caja de las empresas. Explica José Toro Hardy, en lo que va de este año, el financiamiento del BCV a las empresas públicas no financieras, ha crecido 1.330%. Significa que el Gobierno está creando una masa brutal de dinero para que las empresas, entre ellas PDVSA, pueda mantener las puerta abiertas. Pero esa masa de dinero no se queda en PDVSA, el pago de impuestos sobre la renta, las regalías, todo lo que PDVSA debe pagarle al Estado, más sus gastos de inversiones, el pago de la nómina y contratistas, ese dinero pasa al torrente monetario del país.

De esa manera, crece la masa monetaria de dinero artificial, creado por vías de depósitos. Ese dinero trata de comprar bienes, pero no hay nada qué comprar por la caída de la economía, no hay alimentos, medicinas o insumos y al final del día ese dinero electrónico se desvía hacia la compra de dólares en el mercado paralelo que ha subido enormemente (106.000 bolívares por dólar a la fecha) para una súper devaluación.

El que tiene que importar alimentos en Venezuela, como el Gobierno no está entregando dólares a las tasa preferenciales (Dicom, Dipro) lo tiene que comprar en el mercado negro y ese costo adicional extremo lo tiene que trasladar al consumidor, eso retroalimenta la hiperinflación. Eso convierte a Venezuela en el país del mundo que tiene la mayor inflación, asegura José Toro H.

El Gobierno trata de compensar con alza de salarios, (van 19 aumentos en 3 años) pero como el Gobierno no tiene cómo cubrir ese aumento, entonces le pide al BCV que emita más dinero y así alimenta la inflación.

En 2015 la liquidez monetaria creció 100,6%. En 2016 aumentó 159% y en 2017 cerrará con un aumento de 206%

¿A qué se debe la crisis?

Los expertos coinciden en que el modelo socialista ha destruido el aparato productivo a través de las expropiaciones y confiscaciones ocurridas a partir de 2005.

El Gobierno se sentía cómodo haciendo eso, refiere José Toro, porque en la década anterior los precios del petróleo llegaron a alcanzar cerca de 144 dólares el barril y todavía la industria petrolera tenía una producción importante.

La deuda externa de Venezuela, incluyendo la deuda de PDVSA supera los 150.000 millones de dólares. Venezuela está en cesación de pago y eso castiga en los mercados. Hay una degradación de la deuda venezolana. El servicio de la deuda para el próximo año son 8.020 millones de dólares.

Pero no solo cayeron los precios del petróleo, cayó también la producción petrolera y hoy finalmente el Gobierno confiesa a la OPEP que se está produciendo 1 millón 900.000 barriles. De manera que la caída de la producción ha sido del 40%. En el mes de septiembre, según informe de la OPEP la producción cayó en 130 mil barriles por día. Pero desde enero de 2016, hasta septiembre de 2017 la producción ha caído en 700.000 barriles por día.

Industria Petrolera en declive

Cuando Nicolás Maduro recientemente colocó al frente de la petrolera al mayor general Manuel Quevedo, dio la orden de aumentar la producción en dos millones de barriles diarios, o al menos un millón. Sin embargo, a juicio del ex directivo de PDVSA, José Toro, no hay posibilidad de aumentar la producción en las condiciones actuales. Para aumentar 2 millones de barriles diarios en Venezuela se requeriría una inversión de 500.000 millones de dólares.

Pero adicionalmente, en la actualidad Venezuela no tiene el personal calificado. A raíz del paro de 2002 se despidieron 20.000 trabajadores, que tenían en promedio trabajando 15 años para la industria. Allí se perdieron 300 mil años de experiencia y conocimiento, opina Toro Hardy. De allí en adelante no se pudo operar con eficiencia y adicionalmente se fueron perdiendo los procedimientos y la visión de la empresa.

En los años siguientes se redujeron las inversiones en mantenimiento, tecnología, expansión de yacimientos, mantenimiento de refinerías, y la industria se fue degradando. No solo no ha estado invirtiendo el Estado, que por la nueva ley de Hidrocarburos le corresponde el 60% de las inversiones, sino que el Estado ya no tiene esa capacidad. Las empresas privadas no están dispuestas a hacerlo si el Estado no aporta su 60%.

Pero el problema va más allá, es que las empresas privadas que llegaron, están en empresas mixtas y la participación que les corresponde les obligan a entregarle al Estado a razón de 10 bolívares por dólar de manera que para ellos no es rentable. Eso equivale a vender el petróleo a 10 bolívares por dólar.

En 2002 Pdvsa tenía 40.000 trabajadores y hoy tiene 150.000. Aquellos producían 3 millones 200.000 barriles y estos producen 1 millón 900.000.

Anteriormente para PDVSA existía un control exhaustivo. Todo lo que hacía la empresa tenía que ser aprobado por la Contraloría General de la República. Igualmente el Banco Central (BCV) auditaba permanentemente a PDVSA y el Congreso de la República. Adicionalmente PDVSA estaba auditada por la Comisión de Valores de EEUU (CEC), que obliga a todas aquellas empresas que están en el mercado de valores, a presentar sus balances. Ese organismo audita a las más importantes empresas petroleras del mundo.

De allí que, explica Toro Hardy, que esa avalancha de dinero que ingresó a través de la estatal petrolera no tuvo el control de nadie. Por tal razón, de allí han salido los mayores casos de corrupción de América Latina y por lo pronto del hemisferio occidental. Allí entró más de un millón de millones de dólares (un billón). “Entraron y salieron sin control de nadie”.

Corrupción

La corrupción se ha extendido en diversos ámbitos. En las industrias del Estado, en la importación de alimentos, medicinas e insumos con sobreprecios y altas comisiones.

El reciente escándalo que involucra a altos directivos de PDVSA, por lo cual han sido detenidos su ex presidente, Nelson Martínez, al ex ministro de Hidrocarburos y ex presidente de la estatal, Eulogio Delpino, a unos 60 gerentes y se investiga a otro ex presidente, Rafael Ramírez, confirma las denuncias que desde la Asamblea Nacional y cientos de reportajes periodísticos indicaban lo que ocurría en la empresa.

Solamente en este último escándalo, sacudido por el propio Fiscal General designado por la Constituyente impuesta por Maduro, la red de lavado de dinero vinculada a presuntas comisiones desde la estatal petrolera que fueron a parar a la banca de Andorra, se estima en 2.000 millones de euros.

Es de destacar que solamente lo registrado en los bancos de Andorra y el HBCS de Suiza en lavado de dinero proveniente de Venezuela, detectados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alcanza la cifra de 4.200 millones de dólares.

La Asamblea Nacional en sus investigaciones estimó en 87.000 millones de dólares el monto detectado en malversación de recursos, sobreprecios en importaciones estudiadas en cinco áreas: energía eléctrica; transporte, obras públicas; salud y PDVSA.

Una investigación de la ONG Transparencia Venezuela detectó que sólo en 2016 se encontró que 70% de las 511 empresas que maneja el Estado, registraron pérdidas por 1,29 billones de bolívares. Ese monto supera en 14% el gasto social que el Estado dedica a salud, educación, vivienda, y seguridad social.

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