Ni abogados ni familiares ni el cónsul de España han podido constatar el estado de salud de la abogada y directora de la ONG de Venezuela, Rocío San Miguel
La activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel habla durante una entrevista con medios independientes en Caracas en 2019.
AFP/ARCHIVOCARACAS.- En medio de condenas nacionales e internacionales, la abogada Rocío San Miguel, directora de la asociación civil Control Ciudadano especializada en el tema militar, lleva nueve días detenida en absoluto aislamiento en calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), dado que no se le ha permitido visitas de abogados y familiares desde que fue aprehendida irregularmente.
Ni siquiera el cónsul de España en Caracas, Marcos Rodríguez Cantero, ha podido constatar el estado en que se encuentra San Miguel, quien tiene también nacionalidad española, y fue vinculada a una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro, por el fiscal del régimen chavista Tarek William Saab.
Rodríguez Cantero se acercó este sábado 17 de febrero a la sede del Sebin en El Helicoide, al sur de Caracas, junto con Miranda Díaz San Miguel y su padre Víctor Díaz Paruta con quienes se reunió, luego de que ambos quedaron en libertad condicional en el proceso. Miranda Díaz tiene doble nacionalidad.
Sin embargo, se les informó en el Sebin que deben tener autorización para ingresar al recinto carcelario, según informaron medios de comunicación.
Rocío San Miguel, de 57 años de edad y especializada en temas fronterizos, y su hija Miranda fueron detenidas por funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de La Guaira, en la madrugada del viernes 9 de febrero, cuando se disponían a viajar a España.
También fueron encarcelados en procedimientos distintos cuatro familiares y allegados de San Miguel y su hija, en un proceso colmado de irregularidades que persisten en el tiempo.
Sin que ninguna autoridad del sistema de justicia diese información sobre el motivo de la detención ni lugar de reclusión, el 13 de febrero -cinco días más tarde-, San Miguel, su hija y familiares fueron presentados en un tribunal de terrorismo y asistidos con defensa pública, sin que se les permitiera nombrar abogados privados.
Solo San Miguel y su expareja Alejandro González de Canales, militar retirado y recluido en la sede del Digecim, fueron imputados y encarcelados de nuevo. Los cargos contra la abogada son traición a la patria, terrorismo, asociación y conspiración contra Maduro, lo que ha causado indignación y campañas que exigen la libertad de San Miguel.
Por su parte, José González Taguaruco, abogado del equipo que asiste a San Miguel, informó que aún no se les ha permitido visita. El único avance, dijo, es que se les permitió constituir “la defensa técnica” de los familiares procesados, entre ellos dos hermanos de la abogada.
Sin embargo, “no se nos permitió revisar el expediente bajo el argumento que estaba siendo trabajado por el Juez”, dijo.
“Si bien esto parece un absurdo, es práctica común en estos casos que se limita el ejercicio del derecho a la defensa. Pero seguimos adelante”, afirmó. Y adelantó que en la próxima audiencia del tribunal, fijada para el 22 de febrero, procurarán resolver la acreditación como abogados de San Miguel.
Tampoco se conocen motivos del allanamiento a la residencia de la abogada, practicado por funcionarios de Digecim, a finales de esta semana.
FUENTE: Con información de José González, El Nacional, Diario Las Américas
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