CARACAS.- “Venezuela se erige en pionera en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos y ha dado grandes pasos para cumplir con sus obligaciones ante el sistema universal de las Naciones Unidas”. Estas fueron las palabras que utilizó la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, como introducción para presentar este jueves al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe donde el Gobierno le anunció al organismo que aceptó la mayoría de las 274 recomendaciones que los países del organismo le formularon, en noviembre pasado, para mejorar la situación de las garantías fundamentales del país.
Según el reporte, que supone el final del II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU) de Venezuela, las autoridades le dieron el visto bueno a 193 de las sugerencias, varias de ellas destinadas a mejorar el acceso a la justicia, consolidar la igualdad de género, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, erradicar la pobreza; y asegurar la participación política y protagónica de los ciudadanos en los asuntos públicos.
No obstante, al revisar el documento se observa que de las casi 200 recomendaciones aprobadas, el Ejecutivo considera que 187 ya las está implementado, mientras que tres ya las ejecutó y las restantes tres prometió implementarlas en los cuatro años y medio que restan para la próxima evaluación. En pocas palabras el Gobierno apenas se comprometió a aplicar tres sugerencias formuladas por otros países para 2021.
¿Cuáles son los problemas? Asegurar el acceso a anticonceptivos modernos a la población urbana, rural e incluso la indígena, adoptar más iniciativas para combatir el embarazo precoz y asegurar la escolaridad a las madres adolescentes; y por último aplicar las recomendaciones salidas de la consulta nacional sobre la calidad de la educación.
A este número habría que sumarle los 24 compromisos que voluntariamente dijo que pondría en marcha, entre los cuales figuran extender el régimen penitenciario al 100% de las prisiones y retomar los concursos para la adjudicación de los cargos de jueces y fiscales, tal y como manda la Constitución.
Para el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carlos Ayala Corao, esto representa un “contrasentido”, pues “frente a la grave situación de los derechos humanos que hay en el país el Gobierno ha debido aceptar todas las recomendaciones y además ha debido fijarse plazos de cumplimiento”.
Para el jurista este tipo de comportamientos lo que hace es aumentar las dudas que hay en relación a la efectividad de mecanismos como el EPU. “Muchos ya comienzan a preguntarse si este examen no se simple retórica, visto que no hay seguimiento de parte del Consejo de Derechos Humanos, el cual según la reforma del sistema de 1998 debería estar conformado solo por países que demuestren compromiso con los Derechos Humanos, pero que allí hayan estado la Libia de (Muammar) Gadafi, Cuba y ahora Venezuela revela que la reforma no ha funcionado”.
Doce de los 14 delegados de los países que participaron en la sesión del jueves felicitaron a las autoridades por aceptar la mayoría de las recomendaciones.
Viendo el vaso medio lleno
Por su parte la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, consideró que más allá del número de compromisos asumidos las autoridades se pusieron en un aprieto.
“El Gobierno dice que está trabajando para buscar reducir el embarazo precoz y se comprometió a seguirlo haciendo. ¿Cómo puede hacer eso sin medicamentos ni anticonceptivos? También dijo que está aplicando la Ley contra la Corrupción. ¿A quién?”, se preguntó la activista, quien agregó: “Nosotros vamos a verificar esas recomendaciones que ellos dicen estar cumpliendo y reportaremos al Consejo, porque con ellas nos dan una agenda. Ciertamente no aceptaron las sugerencias para aceptar ayuda humanitaria, pero le dijeron al mundo que van a seguir trabajando para reducir la pobreza. ¿Cómo se hace eso sin comida?”.
Las propuestas que países como Canadá o Suecia le hicieron a las autoridades que para que acepten la ayuda internacional que países y organismos han ofrecido para paliar la escasez de alimentos y medicinas fueron rechazadas, bajo el argumento de que “hay en ellas un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.
Esta posición fue rechazada en la propia sala del Consejo en Ginebra (Suiza) por el también activista de Derechos Humanos, Feliciano Reyna, quien denunció: “Vivimos en Venezuela una emergencia humanitaria compleja, el Estado debe aceptar la cooperación internacional humanitaria que le ha sido ofrecida para evitar más daños irreparables y pérdidas de vidas, particularmente entre niños, personas adultas, embarazadas y privados de libertad”.
Instantes antes, Reyna dibujó panorama desolador a los miembros del organismo internacional. “El 82% de la población vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños en cuatro estados de Venezuela presentaron malnutrición aguda en 2016, el 75% de los hospitales públicos no presta atención mínima adecuada por falta de insumos, no hay reactivos para hacer pruebas de despistaje de VIH; y 4 millones de personas no tienen acceso a la medicina que su patología requiere”.
De mal en peor
Para Ayala que las autoridades digan que ya están cumpliendo la mayoría de las recomendaciones es un sinsentido, pues la mayoría de ellas ya salieron a relucir en el primer EPU, en 2011.
“En 2011 el Gobierno se comprometió a mejorar la situación de las cárceles y a garantizarle a los presos sus derechos, cinco años después apareció una fosa común en una prisión. Hoy la situación de la independencia judicial es peor que en 2011 y lo mismo pasa con la libertad de expresión, en casi todos los derechos hay un retroceso”, afirmó.
En 2011 el Gobierno rechazó 112 recomendaciones y aceptó 95.
