MIAMI.- Todavía faltan muchos detalles que debemos conocer para calibrar el alcance de esta acción pero lo que es reprobable de entrada, desde el punto de vista ético, es actuar de esta manera poco transparente. Sería mucho pedir que se iniciara una investigación judicial, una vez que ya se ha confirmado que la separación de poderes no existe en el país que gobiernan Maduro y Cabello
MIAMI.- Lo de predicar una cosa y hacer exactamente la contraria se ha convertido en una constante dentro del proceder de los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI. Ayer medios de todo el mundo daban a conocer la lista Falciani en lo que se ha bautizado ya como “Swissleaks”, fruto de la descarga de la base de datos del banco HSBC en Ginebra.
Gracias a los datos que el exempleado del banco Hervé Falciani atesoró en 2008, estamos conociendo una larga lista de empresarios, banqueros, potentados, miembros de la jet set y delincuentes que se han enriquecido con el tráfico de armas, drogas y otras actividades fuera de la ley.
En medio de este monumental escándalo, para desgracia de los venezolanos, el nombre de su Gobierno se ha visto salpicado. Entre 2005 y 2007, más de 12.000 millones procedentes del erario público venezolano estuvieron ingresados en cuentas del HSBC en Ginebra. Es urgente que el propio Nicolás Maduro o alguien de su equipo de Gobierno den explicaciones sobre las razones que le llevaron a abrir cuentas en Suiza con el dinero de los venezolanos y a espaldas de los ciudadanos y las instituciones.
Todavía faltan muchos detalles que debemos conocer para calibrar el alcance de esta acción pero lo que es reprobable de entrada, desde el punto de vista ético, es actuar de esta manera poco transparente. Sería mucho pedir que se iniciara una investigación judicial, una vez que ya se ha confirmado que la separación de poderes no existe en el país que gobiernan Maduro y Cabello.
Lo que sí sería deseable es una respuesta más contundente de la oposición que no debe tener ningún miedo ni complejo a la hora de levantar la bandera de la honradez y la mínima transparencia exigible a un Gobierno que se autodenomina democrático.
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