La demanda llega un mes después de que Iglesias se viera envuelto en un escándalo mediático por los testimonios de dos exempleadas
El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.
AFP/Ronaldo Schmidt
MIAMI.- El cantante español Julio Iglesias ha decidido tomar medidas legales contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a quien está demandando por atribuirle de forma pública la etiqueta de “abusador sexual”.
La denuncia llega un mes después de que Iglesias se viera envuelto en un escándalo mediático tras la publicación de una investigación de Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta contratadas por Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones por parte del intérprete.
En medio del torbellino de información, Díaz recurrió a la red social Bluesky para realizar una publicación en la que calificó las denuncias de las dos mujeres como “testimonios escalofriantes”. Durante una entrevista al día siguiente, la vicepresidenta reafirmó su postura.
De acuerdo con la defensa del cantante, estas acusaciones “violaron la presunción de inocencia”, y fueron hechas antes de que existieran cargos judiciales firmes en su contra.
El documento de la demanda exige que Díaz reconozca el daño causado a la reputación de Iglesias y rectifique sus declaraciones en público. Adicionalmente, solicitan una compensación económica por lo que consideran expresiones “injuriosas y calumniosas”.
La vicepresidenta segunda respondió a través de sus redes sociales, en donde reiteró su compromiso con la defensa de las mujeres trabajadoras. “Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”, destacó.
A raíz de esto, el medio español OkDiario confirmó que la defensa de Iglesias también se prepara para emprender acciones legales contra Univision y elDiario.es. Aseguran que los abogados preparan una demanda de “conciliación por injurias y calumnias”, que precederá a una demanda civil o penal.
Añaden que el cantante buscará que las consecuencias incluyan riesgo de cárcel y una multa millonaria.
A principios de enero se conoció la noticia de que dos extrabajadoras del cantante habían presentado una demanda ante la justicia española. Los hechos habrían ocurrido presuntamente en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas durante el año 2021.
"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI. Él me metía los dedos por todos lados", explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. La joven dominicana tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.
La otra mujer es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.
Luego de que el caso saliera a la luz, el intérprete de Me olvidé de vivir fue blanco de críticas públicas, en particular de personalidades de la política española.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió que se investigue y se llegue hasta el final en este asunto, en un mensaje en X.
El escritor Ignacio Peyró, autor de la biografía de Iglesias recientemente aparecida El español que enamoró al mundo, y la editorial del libro, Libros del Asteroide, expresaron su "profunda consternación" por los hechos denunciados.
"En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto", pero, ante estas nuevas informaciones, es "necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", prometieron.
Posteriormente, se dio a conocer que el Gobierno de España estaba estudiando la posibilidad de retirar la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Iglesias. Esta información fue confirmada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
El caso dio un giro cuando la representación legal de Iglesias solicitó que se archivara la denuncia presentada en Madrid. El abogado defensor José Antonio Choclán remitió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que sostuvo que la justicia española carecía de jurisdicción para tramitar este asunto.
Univision reportó en su momento que el documento solicitaba detener la investigación preprocesal de manera inmediata alegando que el proceso actual genera un grave daño a la reputación del artista.
El equipo legal hizo énfasis continuo en que las denunciantes no son españolas ni mantienen su residencia habitual en territorio nacional, por lo que rechazaron que los tribunales madrileños actuaran como una jurisdicción universal.
La petición resultó exitosa, ya que el viernes 23 de enero la fiscalía española anunció el archivo de la denuncia debido a no ser competente para investigar hechos ocurridos en las Bahamas y la República Dominicana.
"Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía para iniciar las pesquisas", indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Tras analizar la denuncia, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas son extranjeras y no residen en España, el acusado (que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas) tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron "en países plenamente competentes" para indagarlos judicialmente.
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