PORTLAND — La ciudad de Portland se consolidó en el 2020 como uno de los bastiones de la delincuencia de extrema izquierda y de las tendencias radicales de izquierda durante las violentas protestas por la muerte del afroamericano, George Floyd.
Ahora la imagen de esa ciudad, calificada como un campamento de radicales demócratas, se ha convertido en un cuartel público para desamparados que viven en las calles principales, entre ellos miles de inmigrantes recién llegados por la frontera sur, tras el caos fomentado por el gobierno de Joe Biden.
La proliferación de tiendas de campaña en las aceras del centro de Portland, en Oregon, así como en barrios residenciales de la ciudad está alimentando un debate sobre las ciudades gobernadas por demócratas en medio de una explosión de crisis de desamparados y de inmigrantes: ¿Deben esos campamentos ser prohibidos a excepción de lugares autorizados?
Luego de décadas de lidiar con la situación de los desamparados, las llamadas ciudades "progresistas" (extrema izquierda o socialistas) en la costa occidental del país ponderan planes similares, frente a la depauperación de sus poblaciones a causa de políticas económicas fallidas liberales.
Después de impulsar el desorden a nivel nacional en el 2020, concejales en Portland votaban este jueves sobre una propuesta para crear al menos tres grandes zonas para campamentos y prohibir el resto de los alrededores de 700 sitios con carpas esparcidos en la ciudad. Más de 3.000 personas viven sin albergue en Portland, un aumento de 50% respecto a 2019, de acuerdo con la propuesta.
“La magnitud y la profundidad de la crisis del desamparo en nuestra ciudad no es nada menos que una catástrofe humanitaria”, afirmó el mes pasado el alcalde de Portland Ted Wheeler cuando anunció el plan. “Necesitamos mudar nuestra desperdigada población vulnerable de desamparados más cerca de los servicios que necesita”.
Pero los oponentes dicen que las restricciones a los campamentos penalizan el desamparo y no lidian con sus causas.
“A medida en que aumenta el desamparo visible, ha aumentado también la presión de la ciudadanía y de otros para que los funcionarios electos y otras personas en posición de autoridad lidien con el problema”, afirmó Ann Oliva, directora general de la Alianza Nacional para el Fin de Desamparo.
“Lo que ha comenzado a suceder es que la forma inmediata de lidiar con un problema que es fundamentalmente un problema de vivienda asequible es tratar de sacar a personas de la vista pública”.
La crisis de desamparados en Portland se ha vuelto una preocupación grande para la vasta mayoría de los residentes y ha motivado acciones legales. Un grupo de personas con discapacidades demandó a la municipalidad, porque las tiendas de campaña bloquean las aceras y las hacen inaccesibles para ellas.
La propuesta en Portland establecería tres sitios designados en los que se permitirían campamentos, con una capacidad inicial para 150 personas cada uno. Los sitios tendrían personal de administración 24 horas al día y proveerían acceso a servicios como alimentos, higiene, recolección de basura y tratamiento para salud mental y adicciones.
La situación de la ciudad de Portland, en Oregon, es un panorama común en ciudades dirigidas por demócratas y radicales en estados como California, Nueva York, Illinois, Colorado, Masachussetts y Washington, entre otros.
Desde el mandato del presidente Barack Obama, el número de desamparados e inmigrantes en las calles se hizo común en los después denominados "santuarios de inmigrantes". Obama se vio obligado a incrementar las deportaciones y se convirtió en el mandatario estadounidense con el mayor índice de deportaciones (más de 2 millones).
Más del 90% de las ciudades dirigidas por representantes de la izquierda abogaron por reducir al mínimo los fondos de las agencias policiales, estatales y federales que duplicaron los delitos y la inseguridad ciudadana; incrementar la inmigración ilegal, beneficiar la delincuencia y el consumo de drogas en las calles, legalizar la marihuana para uso recreativo; aumentar los impuestos a las pequeñas y medianas compañías y en especial a los ricos.
Estos estados en vez de promover el trabajo, promocionan las ayudas estatales y federales, un incentivo que ha duplicado el problema de la pobreza en vez de reducirlo. Una migaja al día para personas sin trabajo, crea personas dependientes de esa migaja; es decir, personas que se adaptan a lo que pueda darles el gobierno sin trabajar; y los gobiernos únicamente funcionan con el dinero de los impuestos que pagan quienes trabajan.
El fomento de ayudas sociales, lejos de solucionar el problema, lo triplican en apenas años. Las ayudar reales deben encaminarse para que las personas desaparadas tenga primeramente un trabajo que les permita salir de la pobreza y que no sea el gobierno quien los mantenga toda la vida en la miseria.
Esta es la realidad de una ideología de izquierda que no ha funcionado en ninguna parte del planeta. Donde quiera que se ha implantado ha triplicado el nivel de pobreza y extrema pobreza. Latinoamérica y centroamérica son el mejor ejemplo de esos fracasos. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, Argentina, Bolivia y otros.
En EEUU, la primera potencia económica del mundo, la implementación de medidas inclinadas al socialismo han traído graves problemas en varios estados del país.
Ahora, la desastrosa política de inmigración y la entrada de casi 5 millones de inmigrantes ha agudizado la situación en decenas de ciudades del país, fundamentalmente bajo el gobierno de demócratas y extremistas de izquierda. Y la Casa Blanca, lejos de solucionar este contexto, le echa más leña al fuego con graves consecuencias para todos los residentes. De ahí, el masivo flujo migratorio visto en los últimos dos años hacia estados republicanos como Florida, Texas y Arizona.
Las elecciones del 8 de noviembre son decisivas para cambiar el rumbo de muchas ciudades bajo el control de la izquierda durante años. El destino está en manos de los electores.