Para que los gobernantes no actúen arbitrariamente sin el consentimiento y contra sus ciudadanos, para que  no concentren el poder haciendo desaparecer la división e independencia de los poderes públicos, para que exista democracia, es imprescindible la vigencia del Estado de derecho. Cuando no hay Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales desaparece y es sustituido por el abuso y el atropello del dictador.

El Estado de derecho representa que “el poder está limitado por la ley, que condiciona no sólo sus formas sino también sus contenidos”.  La ley, en el Estado de derecho, debe “mandar o prohibir algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”.  No es Estado de derecho la “normatividad dictatorial” que con el control del órgano legislativo y la manipulación de referéndums imponen los gobiernos del “socialismo del siglo XXI” en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.  En el Estado de derecho nadie puede estar por encima de la ley, pero en las dictaduras el jefe dicta “sus leyes” que, lejos de conformar Estado de derecho, son la prueba de la existencia y funcionamiento de un “Estado de dictadura”.

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El diario ecuatoriano La Hora ha denunciado ser la más reciente víctima del poder arbitrario de Rafael Correa, calificando de “surrealista, triste, escalofriante pero real” lo que pasa en Ecuador, donde el poder no tiene ya fronteras con el “poder político único que sanciona a los medios que no publican”.  El editor general de La Hora en una nota de opinión publicada en El País, se ha declarado en “resistencia al surrealismo” por la multa impuesta por el régimen de Correa “por no haber publicado un acto oficial” de un alcalde al que el Gobierno considera como “noticia de interés general”.

Es víctima de la aplicación de  la “ley Mordaza de Rafael Correa” aprobada el 14 de junio de 2013 como Ley Orgánica de Comunicación.  Se trata de una ley que institucionaliza la represión política contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en general y termina con la libertad de prensa y con la libertad de expresión en Ecuador.  Se estrenó con las sanciones impuestas al caricaturista Bonill y al diario El Universo, por una caricatura del 28 de diciembre de 2013 del allanamiento del domicilio del perseguido político Fernando Villavicencio.

En Ecuador se sanciona a la prensa por lo que hace y por lo que no hace: sanción por una caricatura o una noticia que no le gusta al Gobierno porque denuncia o señala las arbitrariedades de poder o por no dar cobertura a los actos de oficialismo, como ocurre en el caso de La Hora.  La información oficial del Gobierno de Correa da cuenta que en la gestión 2014 emitieron 113 sanciones contra medios de comunicación en aplicación de su ley mordaza.  Correa y su Gobierno actúan “legalmente” violando la libertad de prensa, pero eso no es Estado de derecho, es prueba de que existe una dictadura.

Entre las varias violaciones a los derechos humanos en Ecuador señaladas en el informe 2014 de Humans Rights Watch, destaca la Ley de Comunicaciones que “contiene disposiciones imprecisas que posibilitan procesos penales y actos de censura”. El Departamento de Estado ha incluido a Ecuador entre los países destacados por sus abusos contra los derechos humanos, mencionando la politización del sistema de justicia, y por “emplear regulaciones administrativas y demandas penales para limitar la libertad de prensa y de expresión”.  La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado que el gobierno de Correa “intente expandir su política de restricciones a la libertad de prensa y de expresión en todos los países de Latinoamérica”.

En la VII Cumbre de las Américas, el presidente Barack Obama, refiriéndose a Correa sobre “la distinción entre la prensa mala y la prensa buena”,  apuntó que “yo no confío en un sistema en el que solamente una persona hace esa determinación” y agregó  que “si creemos en la democracia, significa que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar y ofrecer sus opiniones”.  Con toda razón, porque el sistema en que sólo una persona hace esa distinción y hace leyes para legalizarla, se llama “dictadura”.

Hoy pasa lo mismo en Ecuador, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde son las leyes del régimen las que violan los derechos humanos y libertades fundamentales.  En el caso de Ecuador, afectan las “libertades de prensa y de expresión” y prueban la existencia de una dictadura.

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