TUCSON.- José Antonio Elena Rodríguez tenía 16 años e iba desarmado cuando recibió diez tiros, la mayor parte de ellos por la espalda. Se encontraba en la localidad fronteriza de Nogales, en el estado mexicano de Sonora. Los disparos llegaron del lado estadounidense.
Lonnie Swartz es el primer miembro de la patrulla fronteriza juzgado en Estados Unidos por un tiroteo mortal a través de la frontera. El agente se ha declarado inocente de asesinato en segundo grado en el juicio que arrancó el martes en una corte federal de Tucson, Arizona, con la selección del jurado. Durará semanas.
"Estamos pidiendo justicia", manifestó a medios estadounidenses Aracely Rodríguez, la madre de José Antonio, que tiene que cruzar la frontera en la que murió su hijo para seguir el proceso en la corte.
Cuando ocurrieron los hechos en 2012, el caso despertó en Estados Unidos gran atención mediática y social. Esta ha regresado ahora con el proceso judicial, amplificada por la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca.
El mandatario pretende levantar un muro en la frontera entre su país y México, de más de 3.000 kilómetros de largo, y apuesta por la mano dura contra la inmigración ilegal y contra los narcotraficantes que introducen drogas desde el país vecino. Recientemente acaba de pedir para ellos la pena de muerte.
El juicio tiene así lugar en un momento en el que las miradas están en esa frontera. La semana pasada, Trump visitó por primera vez los ocho prototipos de muro que se han levantado en ella, en el área de la ciudad californiana de San Diego, y entre los que su administración elegirá con cuáles cerrar la línea que separa a los dos países.
La zona en la que el 10 de octubre de 2012 murió José Antonio es una de las que ya entonces estaba cerrada, porque aunque Trump se ha convertido en el presidente del muro, lo cierto es que fue con el demócrata Bill Clinton con el que empezó a sellarse la frontera.
Postes de metal de seis metros son allí la delimitación. A través de los espacios entre ellos llegaron las balas. Tanto un lado como el otro de la frontera se llaman igual, Nogales. El de México pertenece a Sonora; el de Estados Unidos, a Arizona, un estado controlado por los republicanos y con políticas antimigratorias.
El Gobierno mexicano condenó "enérgicamente" en su día la muerte del adolescente. Es "inaceptable bajo cualquier circunstancia", dijo entonces la Cancillería, el "uso desproporcionado de la fuerza letal en el ejercicio de funciones de control migratorio".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, expresó su preocupación no solo por la muerte de José Antonio, sino también porque los incidentes con la patrulla fronteriza estadounidense se producían con frecuencia.
Esta aseguró que sus actuaciones en la línea, incluida la que acabó con la vida del adolescente mexicano, eran una respuesta en defensa propia para repeler ataques con piedras desde el lado mexicano.
El abogado de Swartz, que logró retrasar el juicio en cinco ocasiones, asegura que José Antonio estaba lanzando piedras para atraer la atención de los agentes y que traficantes de drogas pudieran actuar sin ser descubiertos. Ha pedido que el jurado visite el lugar de noche.
La familia del menor asegura que este regresaba a casa caminando tras jugar al baloncesto cuando lo mataron a tiros. Su abogado pertenece a la ACLU, una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos.
La fiscalía, que es una de las acusaciones contra Swartz, ha dicho que no disputará que el menor tiró piedras, pero asegura que es un hecho irrelevante.
El agente Swartz ha esperado el juicio en libertad, bajo licencia administrativa. Su abogado intentó sin éxito que la Justicia desestimara el proceso alegando que la Constitución de Estados Unidos no rige para la víctima porque su nacionalidad era mexicana y porque murió en suelo de México.
FUENTE: dpa/Sara Barderas